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Megaestafa en La Plata: el acta que complica al principal acusado

La causa ABES sumó un giro clave tras la sospecha de que un acta presentada como prueba podría ser falsa.

Los damnificados apuntan contra Diego Lacki, uno de los representantes de la empresa. 

Los damnificados apuntan contra Diego Lacki, uno de los representantes de la empresa. 

La causa judicial por la presunta megaestafa inmobiliaria protagonizada por ABES Desarrolladora SRL sumó esta semana un capítulo clave y de extrema gravedad: el abogado Diego Lacki, principal imputado en la investigación que instruye el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, habría presentado como prueba de descargo un acta notarial cuya autenticidad ahora está en duda.

El documento lleva la firma de Lucrecia Villar Loos, exsocia mayoritaria de la constructora, pero nuevos elementos incorporados al expediente ponen en jaque su validez.

Una firma en una fecha imposible

El acta en cuestión está fechada el 30 de diciembre de 2024 y en ella consta la supuesta presencia de Villar Loos en calidad de fiduciaria, ratificando que Lacki actuaba como un mero administrador testamentario.

Sin embargo, registros oficiales contradicen esa versión. Según documentación de la Dirección Nacional de Migraciones y pasajes aéreos incorporados a la causa, Villar Loos se encontraba fuera del país en esa fecha.

“Podría tratarse de un instrumento falso”

El abogado Miguel Molina, representante de Villar Loos, del director técnico Pedro Troglio y de otros damnificados, fue contundente al referirse a la situación. “Encontramos que el principal argumento defensivo para deslindarse de responsabilidad y atribuírsela a mi representada podría apoyarse en un instrumento ideológicamente falso”, sostuvo.

abogado penalista Miguel Ángel Molina
El abogado penalista Miguel Ángel Molina.

El abogado penalista Miguel Ángel Molina.

Además, advirtió que el uso de ese documento podría configurar nuevos delitos: “No sólo caería el intento de deslindar responsabilidades, sino que además solicitamos se investigue a quienes han utilizado esa fotocopia por estafa procesal y falsedad ideológica de documento privado”.

Nueva denuncia y pedido de peritajes

Ante esta situación, Molina presentó una nueva denuncia penal en las últimas horas y solicitó medidas de prueba para esclarecer el origen del documento. Entre ellas, pidió el secuestro del libro de actas y la realización de una pericia caligráfica para determinar si la firma atribuida a Villar Loos es auténtica.

La exsocia, que además figura como denunciante en la causa original, aseguró no haber firmado ese documento ni tener conocimiento de su existencia hasta que fue detectado por el equipo legal.

El testimonio de Troglio y la operatoria denunciada

La causa también cuenta con el testimonio de múltiples damnificados que apuntan contra Lacki, entre ellos el director técnico Pedro Troglio, quien definió la maniobra como un “engaña pichanga”.

Pedro Troglio

Según su relato, el abogado “se presentaba como el dueño de ABES” y ofrecía a los interesados ingresar como inversores en desarrollos inmobiliarios, prometiendo rentas anticipadas.

Un giro en la causa

En paralelo, el expediente tuvo otro movimiento relevante la semana pasada. El juez Juan José De Oliveira, titular del Juzgado Civil y Comercial N°6, dejó sin efecto el traspaso de la empresa ABES a la desarrolladora Yacoub.

Inicialmente, el magistrado había autorizado la operación con el objetivo de reactivar las obras paralizadas. Sin embargo, revisó su decisión al advertir que no estaba garantizado que la nueva conducción asumiera la totalidad de los pasivos de la empresa.

Una causa que suma denuncias y pérdidas millonarias

La causa ABES, que se tramita en la Fiscalía N°3 de La Plata, acumula más de seis denuncias penales por estafa y administración fraudulenta.

Estafa La Plata 2

Entre los damnificados hay inversores particulares, profesionales, comerciantes, empresarios y entidades institucionales como la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de Buenos Aires.

Las obras, paralizadas en su mayoría desde 2025, representan una pérdida estimada en más de 20 millones de dólares, en un expediente que sigue sumando elementos y ahora podría incorporar un nuevo delito: la presunta falsificación de documentación utilizada en la defensa.