Los femicidios del poder: los tres asesinatos de mujeres que provocaron la caída de gobiernos

El caso de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski acudió a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la ciudad de Resistencia, Chaco, para encontrarse con su esposo César Sena el 2 de junio de 2023. Una cámara de seguridad registró su entrada a la vivienda, pero nunca su salida, por lo que ese video se transformó en la última vez en la que se la vió con vida. Su cuerpo, el cual hasta el día de la fecha su familia reclama, fue arrojado a los chanchos en el negocio familiar de los Sena, para luego quemarlo y esparcirlo por las distintas zonas del barrio Emerenciano, un complejo de viviendas y ex bastión piquetero de la capital chaqueña.

El Clan Sena es una familia de dirigentes sociales que al momento del asesinato de Cecilia poseían un vínculo estrechísimo con el Gobierno del Chaco, encabezado por el entonces gobernador Jorge Capitanich. Su influencia política se extendía a lo largo de toda la provincia como líderes piqueteros reconocidos, al igual que sus lazos con el poder provincial.

El engaño con el que Strzyzowski fue convocada a la casa de los Sena fue que su suegra le había conseguido un trabajo en la provincia de Ushuaia, por lo que habían organizado un viaje que, en los papeles, nunca existió. De acuerdo con los fiscales, la mujer de 28 años fue asesinada entre las 12:16 y las 13:01 horas dentro de la vivienda de los Sena. Sus familiares denunciaron su desaparición el 6 de junio debido a sospechas de su verdadero paradero, y tres días después la policía allanó primero la vivienda de los Sena, en la que se encontró manchas de sangre, una sierra de cortar carne, un machete y $ 6 millones en efectivo.

Por otro lado, en el campo de la familia llamado "Campo Rossi", a 20 kilómetros de Resistencia, se hallaron restos óseos calcinados, una valija quemada y pertenencias de Cecilia. Pero eso no sería todo, ya que un colaborador cercano del clan, Gustavo Obregón, terminó quebrándose y condujo a los investigadores hasta el río Tragadero, lugar donde encontraron más restos y un dije que fue reconocido por la madre de Cecilia. La sangre y los objetos hallados analizados genéticamente resultaron ser de la víctima.

Asimismo, otro de los puntos clave de la causa fue el descubrimiento de un acta de divorcio firmado cuatro días después de que Cecilia y César contrayeran matrimonio. No obstante, los posteriores peritajes determinaron que la firma de Cecilia había sido falsificada.

Más tarde, salió a la luz que Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia, lo que dió lugar a la teoría de que todo el plan estuvo orquestado para deshacerse de ella.

El caso de Cecilia Stryzyzowski generó un escándalo de repercusiones mediáticas y políticas de primera magnitud en medio de un año electoral que tuvo como consecuencia la derrota en las urnas del oficialismo provincial, que abandonó el poder luego de 16 años.

El 10 de febrero de 2026, tres años después del crimen, la Justicia del Chaco condenó a César Sena a perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en contexto de violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del mismo delito y recibieron también la pena de prisión perpetua.

"¿Usted cree que si mi hijo hubiera sido el autor hubiera aparecido el cadáver?": el caso de María Soledad Morales que sacudió los cimientos del poder de Catamarca

María Soledad Morales había salido a bailar con sus compañeras del Colegio del Cármen la noche del 7 de septiembre al boliche Le Feu Rouge en la provincia de Catamarca. Luego de esa fiesta, su novio Luis Tula la pasó a buscar a la salida. Ese momento fue la última vez que la vieron con vida.

Tres días después, el 10 de septiembre de 1990, trabajadores de Vialidad Nacional encontraron el cadáver desnudo y mutilado de una mujer que había sido violada en un descampado a un costado de la ruta 38. Los restos de Maria Soledad estaban quemados con cigarrillos, sin orejas ni un ojo, con la mandíbula fracturada, con el cráneo apastado y sin cuero cabelludo. Pero no es todo, sino que al realizar la autopsia, señalaron que la muerte se debió a un paro cardíaco causado por una sobredosis de cocaína. Tenía 17 años.

El primer detenido fue su novio, Luis "El Flaco" Tula, sin embargo la Justicia tardó dos meses en abrir la investigación judicial, con manipulaciones, demoras y favoritismos claros desde un principio que tiñieron de irregularidades la causa. No obstante, los primeros rumores apuntaban como responsables del brutal crímen a los llamados "hijos del poder", es decir familiares de dirigentes políticos de peso, funcionarios y jefes policiales.

En ese contexto, el diputado nacional Ángel Luque, padre de uno de los principales sospechosos del femicidio de María Soledad, Guillermo Luque, dió una declaración que hizo estallar el escándalo debido a la impunidad que demostró ante el caso: "¿Usted cree que si mi hijo hubiera sido el autor hubiera aparecido el cadáver?", contestó ante el cuestionamiento de un periodista sobre la implicancia de su hijo.

Incluso, señaló que toda la investigación era "un circo" a cargo de la hermana Martha Pelloni, rectora del Colegio del Cármen que encabezó las históricas Marchas del Silencio pidiendo justicia por su alumna. "Siempre se ha guiado por los rumores, las cosas bajas, las calumnias, las injurias, no ha presentado hasta el día de hoy un solo testimonio que pueda afectar a mi hijo", sostuvo en otra entrevista, sellando así su final como legislador.

Sin embargo, todavía faltaba para el cambio de raíz.

El caso de María Soledad generó movilizaciones a lo largo de toda la provincia que denunciaron al poder feudal que reinaba en la provincia y la serie de abusos que se toleraban hasta el momento. El descontento social y el caso tomaron relevancia a nivel nacional y en 1991 el gobierno de Carlos Menem intervino primero el poder judicial, más tarde el poder legislativo y finalmente se intervino el poder ejecutivo de la provincia de Catamarca.

La presión social derivó en la destitución del gobernador Ramón Saadi, lo que puso fin a una larga dinastía de gobernadores pertenencientes a su familia, y le sacó un aliado al entonces presidente Menem.

Meses después, el juez José Luis Ventimiglia ordenó la detención de Guillermo Luque y Luis Tula, pero ambos apelaron y recuperaron su libertad.

No obstante, el primer juicio oral por el femicidio de María Soledad comenzó seis años después y con los principales acusados libres. La renuncia del presidente del tribunal en medio de un escándalo mediático obligó a postergar el juicio hasta agosto de 1997, instancia en la que se condenó a Guillermo Luque a 21 años de prisión por violación seguida de muerte, y a Luis Tula a 9 años de cárcel, como entregador de la víctima a una fiesta de la que también participaron Pablo y Diego Jalil (sobrinos del entonces Intendente José Guido Jalil, padre del actual gobernador de la provincia), Arnoldito Saadi (primo del gobernador Ramón Saadi) y Miguel Ferreyra (hijo del jefe de la policía), donde la drogaron con cocaína y abusaron sexualmente de ella varios hombres, todos ellos "hijos del poder".

Para la sentencia fue clave el testimonio del exbarman del boliche Jesús Nino Muro, quien vio cómo Luque y Tula se llevaron a María Soledad luego de haberla alcoholizado.

Leyla Nazar y Patricia Villalba: el doble crimen que precipitó la caída del juarismo en Santiago del Estero

Leyla Nazar tenía 22 años cuando desapareció el 16 de enero de 2003 después de asistir a una fiesta en Santiago del Estero. Semanas más tarde, sus restos fueron encontrados en el paraje conocido como La Dársena. El avanzado estado de destrucción del cuerpo impidió determinar con precisión cómo había sido asesinada.

Menos de un mes después, el 5 de febrero, Patricia Villalba, de 26 años, fue secuestrada cuando salía de trabajar. Su cuerpo apareció al día siguiente en el mismo lugar donde habían sido hallados los restos de Leyla. La autopsia reveló que había sido torturada, violada y estrangulada.

Desde un principio, las sospechas apuntaron a una trama mucho más amplia que un doble femicidio. La investigación judicial comenzó a exponer presuntos vínculos entre los acusados, sectores de las fuerzas de seguridad y figuras cercanas al poder político que gobernaba la provincia desde hacía décadas.

Con el correr de los meses, el caso se convirtió en un escándalo de alcance nacional. Las denuncias por encubrimiento, las irregularidades en la investigación y la presunta participación de personas vinculadas al poder provincial provocaron multitudinarias movilizaciones que reclamaban justicia para ambas víctimas.

La crisis institucional escaló hasta abril de 2004, cuando el gobierno nacional dispuso la intervención federal de Santiago del Estero. La medida puso fin al histórico dominio político de Carlos Juárez y de la entonces gobernadora Nina Aragonés, esposa de Juárez, que habían conducido los destinos de la provincia durante gran parte de las décadas anteriores.

Cinco años después de los crímenes, la Justicia condenó a prisión perpetua al exjefe de Inteligencia provincial Antonio Musa Azar y a varios efectivos policiales. Sin embargo, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos sostienen hasta hoy que nunca se esclareció completamente quiénes participaron del doble femicidio ni cuál fue el verdadero alcance de las responsabilidades políticas detrás del caso.

Los casos de Cecilia, María Soledad, Leyla y Patricia demostraron ser tan atroces como fundamentales para producir un cambio en una estructura de poder que parecía inamovible. En cada uno de ellos, la búsqueda de justicia no solo expuso la brutalidad de los femicidios, sino también los mecanismos de encubrimiento, las redes de protección política y las fallas institucionales que permitieron que los crímenes ocurrieran o permanecieran impunes durante años.

De acuerdo con datos del Observatorio Lucía Pérez, en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas. Tres décadas después del crimen de María Soledad Morales y más de veinte años después de los asesinatos de Leyla Nazar y Patricia Villalba, la violencia contra las mujeres sigue cobrándose vidas. La historia demuestra que algunos femicidios fueron capaces de derrumbar gobiernos enteros. La pregunta que sigue pendiente es por qué todavía hace falta que una mujer sea asesinada para que el poder reaccione.