La extorsión que terminó con el suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, envió a instancia de juicio oral el expediente que investiga a una presunta organización criminal acusada de realizar extorsiones mediante falsas denuncias por grooming y de haber llevado al suicidio al soldado voluntario del Ejército Argentino, Rodrigo Andrés Gómez, quien se quitó la vida el 16 de diciembre de 2025 mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.

Los acusados son Tomás Matías Francavilla, Mauricio José Duarte Areco, Kevin Manuel Sandoval Paniagua, Iara Ayelén Cosentino, Camila Alejandra Moscato, Karen Yael Cufré y Érica Yamila Torres. Ninguna de las defensas presentó excepciones ni se opuso a los pedidos de elevación a juicio formulados tanto por el fiscal Federico Iuspa como por la querella a cargo de defensora pública de víctimas de la provincia, Inés Jaureguiberry, circunstancia que permitió avanzar hacia la siguiente etapa del proceso.

Cómo funcionaba la banda delictiva

De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Iuspa, los imputados integraban una asociación ilícita que operaba principalmente desde unidades penitenciarias bonaerenses y que había montado una estructura con funciones claramente distribuidas. Mientras algunos miembros realizaban los llamados extorsivos desde prisión, otros facilitaban líneas telefónicas, administraban cuentas bancarias, recibían las transferencias de las víctimas y redistribuían el dinero entre los integrantes de la organización.

La banda se conformaba de una estructura jerárquica con una clara división de funciones. En la cúspide ubicó a Tomás Matías Francavilla y Mauricio José Duarte Areco, quienes, aun privados de su libertad en la Unidad Penal de Magdalena, dirigían las maniobras extorsivas, coordinaban las comunicaciones con las víctimas, organizaban el cobro del dinero, reclutaban nuevos colaboradores y administraban la distribución de las ganancias.

Como parte del esquema operativo, Kevin Manuel Sandoval Paniagua también realizaba llamadas extorsivas desde la cárcel y colaboraba en la coordinación de las maniobras y el reparto del dinero obtenido. De acuerdo con la investigación, los tres internos utilizaban perfiles falsos en aplicaciones de citas para captar a las víctimas, simulaban la intervención de familiares y de un supuesto policía para generar temor con falsas denuncias por grooming y exigían reiteradas transferencias de dinero bajo amenazas de detención, escarnio público e incluso de muerte.

La estructura se completaba con Karen Yael Cufré, Iara Ayelén Cosentino, Erica Yamila Torres y Camila Alejandra Moscato, quienes, según la acusación, cumplían el rol de soporte financiero y logístico de la organización. Las cuatro facilitaban cuentas bancarias para recibir las transferencias de las víctimas, redistribuían los fondos entre los distintos integrantes, administraban movimientos de dinero, aportaban teléfonos celulares y, en algunos casos, mantenían contacto con los damnificados para reforzar las maniobras. Para la Fiscalía, esta distribución de tareas demuestra la existencia de una asociación ilícita estable y organizada, en la que cada acusado desempeñaba una función específica destinada a garantizar el funcionamiento del circuito extorsivo y la obtención de beneficios económicos ilícitos.

El soldado se suicidó el pasado 16 de diciembre.

Archivo

Según la acusación, ese mecanismo fue utilizado reiteradamente para intimidar a distintas personas. En el caso de Rodrigo Gómez, la Fiscalía reconstruyó horas de conversaciones, audios y mensajes de WhatsApp en los que los extorsionadores le exigían transferencias permanentes bajo amenazas de detenerlo, exponer públicamente su situación y arruinar su vida personal y laboral.

Las amenazas al soldado de la Quinta de Olivos

La investigación concluyó que el soldado de 21 años llegó a reunir más de 1,4 millones de pesos mediante préstamos solicitados a compañeros, conocidos y plataformas financieras para intentar satisfacer las exigencias económicas de los extorsionadores. Sin embargo, las amenazas continuaron durante toda la madrugada del 16 de diciembre de 2025.

Para Iuspa, la responsabilidad de los principales acusados excede las extorsiones. La Fiscalía sostiene que las presiones psicológicas, el hostigamiento permanente y las amenazas reiteradas constituyeron un factor determinante en la decisión de la víctima de suicidarse, por lo que atribuye a dos de los presuntos líderes de la organización la instigación al suicidio, además del delito de asociación ilícita y múltiples hechos de extorsión.

PFA

Durante la investigación fueron incorporadas intervenciones telefónicas, conversaciones de WhatsApp, pericias informáticas, análisis de teléfonos celulares secuestrados en los penales de Magdalena y Olmos, informes de la División Homicidios de la Policía Federal, registros de transferencias bancarias y allanamientos que, según la Fiscalía, permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la organización y la distribución de tareas entre sus integrantes.

Los investigadores sostienen que las conversaciones obtenidas revelan incluso cómo los propios acusados explicaban el método para captar víctimas, utilizaban fotografías reales de un efectivo policial para otorgar credibilidad a las amenazas y organizaban la distribución del dinero obtenido mediante las extorsiones.

Al prestar declaración indagatoria, la mayoría de los imputados optó por guardar silencio. Iara Ayelén Cosentino negó cualquier participación en los hechos, mientras que Karen Yael Cufré sostuvo que desconocía el origen ilícito de las transferencias que había recibido y afirmó que le habían dicho que provenían de préstamos.

Tras el sorteo, la causa quedó en manos del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, que procederá con la instrucción suplementaria y posteriormente fijará fecha de inicio del debate.