Expediente Micaela Reina: 19 años de impunidad en un terrible caso que la Justicia no ha podido resolver
A casi dos décadas del brutal crimen en Guaymallén, la causa se mantiene en el nivel cero sin tener condenados por la muerte de una niña de 12 años. Todos los detalles en esta investigación.
La niña fue atacada y falleció a los 12 años. / Archivo
El calendario marcaba mayo de 2007 cuando una noticia sacudió a toda la provincia de Mendoza. La desaparición de una pequeña de tan solo 12 años en Guaymallén movilizó a las autoridades en una búsqueda contrarreloj que, lamentablemente, terminó de la peor manera posible. El cuerpo de Micaela Reina fue hallado sin vida días después en un escenario desolador y, de esta manera, marcó el inicio de uno de los capítulos más oscuros, complejos y polémicos de la historia criminal mendocina.
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El hallazgo del cuerpo de la pequeña no solo confirmó el peor de los finales, sino que desató un verdadero laberinto judicial que se extendería por casi dos décadas. Por esta y decenas de razones más, es importante dar a conocer el caso bajo el trabajo de investigación realizado por MDZ en conjunto con el grupo Evidentia formado por María de los Ángeles Videla, María Victoria Gaviola, Martina Guadalupe Lostes y Valentina González, especialistas en criminalística y siniestrología vial, con el apoyo multimedial de Milagros Lostes.
Las primeras sospechas que terminaron en un hallazgo terrible
El calvario comenzó en la madrugada del 13 de mayo de 2007, cuando Marta Reina se presentó ante la policía para denunciar la desaparición de su hija, Micaela. En ese primer momento, la mujer apuntó directamente contra el padre biológico de la menor, Alejandro Prádenas, acusándolo de ser el responsable de su ausencia. Prádenas se presentó voluntariamente ante las autoridades manifestando no saber nada del paradero de la niña, pero de igual forma quedó detenido bajo sospecha.
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Una desaparación que terminó siendo un asesinato en manos de padres
Cuatro días después, el 17 de mayo, se produjo el macabro hallazgo. El cuerpo de Micaela fue encontrado en una bodega en ruinas ubicada en la calle Sarmiento al 700, en Guaymallén. El cadáver flotaba en una pileta abandonada y, a simple vista, presentaba signos evidentes de haber sido atacada sexualmente. Los informes forenses posteriores confirmaron el horror: la niña había sido violada al mismo tiempo en el que moría por asfixia.
Un análisis comparativo de ADN realizado sobre una mancha en el pantalón de la víctima determinó que el fluido pertenecía a la propia niña y también a Ramón Duarte, quien en ese entonces era la pareja de la madre. A pesar de esta prueba de peso, los primeros pasos de la causa tomaron rumbos insólitos.
En septiembre de 2009 comenzó un juicio que sentó en el banquillo a Alejandro Prádenas y a su hermano Walter —padre y tío de la víctima— por privación ilegítima de la libertad y encubrimiento, mientras que un indigente apodado Apolo Díaz llegó como el principal sospechoso de la violación seguida de muerte.
En octubre de ese año, la Quinta Cámara del Crimen condenó a Alejandro Prádenas a seis años de prisión por privación ilegítima de la libertad, pero un año después la condena se elevó a 15 años. Para ese entonces, Prádenas ya se había convertido en un prófugo de la justicia, viviendo en la clandestinidad mientras sus abogados proclamaban su inocencia.
Para diciembre de 2011, Ramón Duarte fue finalmente detenido e imputado por la muerte de la menor. La situación de la madre, Marta Reina, también se complicó: en mayo de 2012 fue imputada por falso testimonio (recuperando la libertad tras pagar una fianza de 3.000 pesos), y en diciembre, el fiscal especial Santiago Garay ordenó su detención formal en su casa de Las Heras por ser partícipe primaria en la violación y homicidio de su propia hija.
Un laberinto judicial con fallos y nada claro
A partir de allí, el camino judicial del caso se transformó en un ida y vuelta de resoluciones contradictorias. En enero de 2013, la Sexta Cámara del Crimen ordenó rearmar la investigación desde cero para que casi un año después un nuevo debate a cargo de la Séptima Cámara del Crimen terminara por dictar la absolución tanto de Ramón Duarte como de Marta Reina por el beneficio de la duda.
La historia sumó un nuevo capítulo absurdo años más tarde. En abril de 2017, Alejandro Prádenas fue capturado durante un control policial en la Ciudad de Mendoza para seguir cumpliendo una condena de un crimen que nunca cometió. Por otro lado, Marta Reina y Ramón Duarte volvieron al banquillo en octubre de 2020.
Recientemente, en el año 2025, los jueces Carolina Colucci, Alejandro Miguel y Eduardo Brandi declararon la nulidad del requerimiento de elevación a juicio que pesaba sobre Reina y Duarte, tras un planteo de la defensora oficial Ximena Morales.
El tribunal argumentó que la Fiscalía de Homicidios no pudo precisar concretamente qué hizo o dejó de hacer la madre para facilitar el crimen. La hipótesis fiscal sostenía que Reina omitió el deber de cuidado, permitiendo que Duarte abusara y asesinara a la niña, pero al no poder fijar ni el momento ni el lugar de dicha omisión, la acusación carece de sustento legal. Ahora, la Fiscalía deberá reformular la imputación o dictar el sobreseimiento de la madre y avanzar en un juicio en solitario contra Duarte, el único imputado que posee pruebas de ADN directas en su contra.
Hoy, a 19 años del crimen que conmocionó a toda una provincia, la Justicia no logró determinar concretamente un culpable y la falta de Micaela Reina sigue sintiéndose en todo un departamento.