Expediente Garrido y Baigorria: a más de 30 años de una desaparición forzada en democracia y un caso sin resolver

Se trataba de la patrulla 575 tripulada por el sargento Carlos Sosa y los agentes Miguel Muñoz y Lucio Omar Sosa, quienes divisaron que dentro del auto había una mujer que acompañaba a los albañiles. Segundos antes del encuentro entre los uniformados y el trío de personas, Garrido le pidió a la mujer que escapara a su casa ya que éste se encontraba con una situación pendiente con la justicia.

Algunos minutos después y de acuerdo a los detalles brindados por testigos presenciales del hecho, los efectivos obligaron a ambos hombres a bajar del vehículo para ser requisados en conjunto con una nueva patrulla (505) que se acercó al lugar. Este otro grupo estaba conformado por el cabo Miguel Barahona y los agentes Jorge Sánchez y Oscar Giuliano, quienes portaban boinas negras muy características.

Esta pequeña y sorpresiva requisa no terminó ahí. Garrido y Baigorria fueron detenidos y trasladados hacia la Comisaría Quinta de la Ciudad de Mendoza donde los esperaban el oficial de guardia Jorge Aníbal Flores y el oficial ayudante Néstor Ramón Falcón. Estos últimos nunca registraron la llegada de los detenidos y solamente dejaron constancia de la aparición de su vehículo en la vía pública.

Fue en ese preciso momento que comenzó un horror inimaginable para estas dos personas cuando se produjo su llegada a la Dirección de Investigaciones, lugar donde muchos testigos revelaron años después que los habían visto ingresar. Garrido y Baigorria permanecieron alojados de manera clandestina en este edificio mientras sus familias realizaban una búsqueda desesperada en hospitales y morgues. Sin embargo, no solamente fue una estadía sino que fueron parte de vejaciones y torturas extremas por al menos 14 efectivos policiales, de acuerdo a los testimonios posteriores.

Tal como ocurrió durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, el tramo final de las torturas se basó en asesinar a los hombres y desaparecer sus cuerpos; de esta manera, los perpetradores quedarían impunes, aunque realmente no fue lo que sucedió.

Una resolución sin terminar y dos cuerpos desaparecidos

Ante la desaparición de Garrido y Baigorria, sus familias comenzaron una investigación gracias al aporte de la mujer que se encontraba con ellos en el auto al momento del encuentro con los efectivos policiales. Tras pasar por varios edificios del Estado como hospitales, comisarías y morgues, no lograron conseguir respuesta alguna.

Luego de investigaciones fallidas y con grandes huecos de información, en el año 1996 la denuncia llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual obligó al Estado Argentino a tomar la responsabilidad de este delito y así indemnizar a las respectivas familias de los desaparecidos. Durante 27 años, el hecho se mantuvo en la órbita provincial y con una investigación que nunca dio resultados concretos; por esta razón, en el año 2017, llegó a la justicia federal que se encargaría de investigarlo como desaparición forzada de personas por pedido de la organización Xumek.

A partir de este gran cambio, Fernando Alcaraz se mantuvo a la cabeza de un análisis de libros, expedientes, informes y más de 150 declaraciones de testigos. Fue así que seis años después se acusó y ordenó la detención de varias personas: 19 expolicías, 1 exjuez provincial y 1 exfiscal provincial, de los cuales 17 personas quedaron involucradas. Por último, la causa llegó a un juicio con 16 expolicías imputados y la petición de la elevación a juicio oral para este 2026, año en el que aún el caso no tiene solución final ni personas condenadas en prisión.