Caso Loan Peña y su costo político: renuncias, purgas policiales, sospechas de blindaje y las elecciones
De la renuncia de un ministro al blindaje de un senador, un repaso por la crisis de credibilidad que marcó a la política de Corrientes por el caso Loan Peña.
El caso de Loan Peña significó una tormenta mediática y política en Corrientes.
Ya pasaron más de dos años de la desaparición de Loan Peña la provincia de Corrientes continúa procesando las secuelas de un "cimbronazo político" que afectó las estructuras del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que comenzó como la búsqueda de un niño de cinco años derivó en un escándalo que expuso tramas de encubrimiento y forzó una reestructuración profunda en el área de seguridad provincial.
Todo comenzó un 13 de junio de 2024, en el pueblo de 9 de Julio, dentro del departamento de San Roque, pasó a la fama nacional con la desaparición del menor, y desde el minuto uno la política estuvo en medio de la polémica.
El colapso del Ministerio de Seguridad a menos de un mes
La primera gran consecuencia fue la renuncia del ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, quien dejó su cargo el 12 de julio acorralado por las críticas a la reacción inicial de la fuerza provincial. Medios locales de la provincia aseguraron que el entonces gobernador Gustavo Valdés le pidió que abandone el cargo. Por su parte, Duarte no hizo declaraciones y se borró la de vida política.
La situación del funcionario se agravó con la detención del comisario Walter Maciel, quien fue acusado de dilatar las primeras medidas y plantar pruebas falsas para desviar la búsqueda. Además, luego se supo que el abogado José Codazzi, quien en ese momento defendía a Laudelina Peña y fue acusado de extorsión, estaba en pareja con la secretaria personal de Duarte, Guillermina Traverso. Cabe destacar que el letrado hoy se encuentra detenido por formar parte en la sustracción de otro menor a manos de su padre, que intentaba llevárselo a Brasil.
Duarte fue reemplazado por el entonces diputado nacional Alfredo Vallejos, en un intento de Valdés por recuperar la iniciativa política ante el descontento social. Vallejo terminó sus funciones en este rol en diciembre de 2025 y fue reemplazado por Adán Gaya, quien hoy ocupa el cargo en la gestión de Juan Pablo Valdés, hermano de su predecesor.
En paralelo, el mandatario decidió descabezar a la cúpula de la Policía de Corrientes, designando a los comisarios generales Miguel Ángel Leguizamón y Walter Darío Aceval como nuevos jefes de la fuerza, y en marzo de este año, fueron ratificados en sus puestos.
El "tuit de la ansiedad" y el costo "relativo" para Gustavo Valdés
El exgobernador Gustavo Valdés quedó en el centro de la polémica tras publicar un mensaje el 29 de junio de 2024 donde daba el caso por "resuelto" basándose en la versión del accidente de Laudelina Peña, que luego resultó ser falsa.
Valdés tuvo que justificar su publicación atribuyéndola a la "ansiedad" de padre mientras miraba la televisión. Diez días después, ante el evidente fracaso de esa línea de investigación, Valdés explicó su mensaje diciendo que fue por "ansiedad como padre" y "angustia".
Ante las críticas por su apresuramiento y las marchas sociales que pedían justicia, Valdés denunció intentos de "desestabilizar al gobierno". Además, calificó de "caranchos" a los sectores de la oposición que, según él, buscaban un "aprovechamiento político" para lastimar al gobierno de cara a las próximas elecciones gubernamentales.
El escándalo por el senador Diego Pellegrini y la declaración de Laudelina Peña
Justamente a partir de los testimonios de Laudelina, se desató uno de los puntos más oscuros del caso, que involucra al senador provincial Diego Pellegrini, aliado político de Valdés.
Concretamente, la tía del menor y su hija lo señalaron como el hombre que las acompañó a declarar la versión falsa del accidente, ofreciéndoles a cambio una casa, un auto y dinero en efectivo, billetes que luego fueron incautados por la Justicia federal.
Su cercanía con Gustavo Valdés era tal que formaba parte frecuente de las comitivas oficiales en viajes al exterior, incluyendo giras a Alemania y el Vaticano. Esta relación alimentó las sospechas de que el senador actuó para intentar "silenciar el caso" o encuadrarlo en una narrativa que no perjudicara al Gobierno provincial. Junto con él, se denunció que durante este presunto intento de plantear un testimonio falso, estaban el abogado José Codazzi y un hombre identificado como Rafael Horacio Miranda.
El Gobierno de Corrientes emitió un comunicado oficial negando tajantemente que Miranda fuera la persona que trasladó a Laudelina o que tuviera algún tipo de vinculación con la causa. El propio gobernador Valdés afirmó que Miranda "no tiene absolutamente nada que ver" y atribuyó los señalamientos a intentos de desestabilización política.
Ante la gravedad de las acusaciones, legisladores de la oposición solicitaron formalmente el desafuero de Pellegrini para que fuera investigado penalmente. Sin embargo, la Cámara de Senadores de Corrientes no avanzó con estos pedidos, permitiendo que el legislador mantenga su banca, la cual ocupa con mandato vigente hasta 2027. Aunque la jueza Cristina Pozzer Penzo lo citó a declarar como testigo bajo apercibimiento "muy urgente", Pellegrini pudo ampararse en las prerrogativas del artículo 250 del Código Procesal para responder por escrito y evitar dar la cara por el caso.
En medio del escándalo, el asesor legislativo en el área de comunicación, Miguel Nicolini fue despedido de su cargo tras increpar públicamente al senador por su rol en la causa, lo que alimentó las ideas de blindaje político. No obstante, la justificación oficial para su despido fue que su conducta representó un acto de "violencia institucional", aunque para Nicolini y sectores críticos fue una represalia directa por intentar romper el "silencio absoluto" impuesto sobre el rol de Pellegrini.
El uso político de la oposición en unas elecciones que igualmente perdieron
A un año y tres meses de la desaparición del menor, el caso se infiltró de manera inevitable en la campaña para la gobernación de Corrientes de 2025. Aunque los candidatos de los diversos frentes reconocieron que el impacto electoral directo fue "relativo", la falta de respuestas sobre el paradero del niño se convirtió en un eje de confrontación política.
El principal candidato opositor fue el peronista Martín "Tincho" Ascúa. Durante la campaña centró sus críticas al Gobierno de Valdés —y la candidatura de su hermano— en la responsabilidad del Estado provincial por las fallas iniciales que impidieron el avance de la pesquisa. Desde este sector se argumentó que las propias acciones del oficialismo, como el polémico tuit del gobernador Valdés anticipando un esclarecimiento que no ocurrió, generaron las condiciones para la politización del caso. La consigna "¿Dónde está Loan?" se mantuvo presente en el interior de la provincia como un reclamo constante hacia el poder ejecutivo.
Los embates del kirchnerismo por este caso llegaron a tal punto que, durante una visita a la provincia el 7 de junio, Cristina Kirchner se sumó a los cuestionamientos afirmando que "no está bueno vivir en una provincia donde se roban un pibe". Estas declaraciones reforzaron la narrativa de la oposición sobre la vulnerabilidad institucional de la provincia bajo el mando radical.
Sin embargo, los votantes correntinos decidieron no cambiar, ni de Gobierno ni de apellido de gobernador, ya que Juan Pablo Valdés fue electo como el sucesor de su hermano con el 51.91% de los votos, ampliamente superior al 19.97% cosechado por Ascúa.