En detalle: las denuncias contra un abogado mendocino por una estafa millonaria y los relatos de las víctimas
El abogado Jorge Iván Yoma quedó en la mira por siete denuncias en su contra, que lo colocan a la cabeza de las maniobras de una estafa millonaria.
El abogado Iván Yoma quedó bajo la lupa de la Justicia mendocina, que analiza las siete denuncias por presuntas estafas millonarias. (Se pixela el rostro porque no aún no ha sido imputado)
MDZ.La Justicia mendocina investiga denuncias por una estafa millonaria que puso bajo la lupa a un abogado mendocino y a sus socios. Las maniobras consistían en captar inversores que aportaran fondos en dólares, prometiéndoles importantes rendimientos mensuales. Sin embargo, con el paso del tiempo dejaron de cumplir con lo pactado y el dinero de las víctimas nunca apareció.
Hasta este martes, el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Hernán Ríos, quien lidera la pesquisa, había acumulado siete expedientes en los que damnificados apuntaron contra el letrado Jorge Iván Yoma como la cabeza de una estructura administrativa conformada por sociedades comerciales, mediante las cuales se consumó el ardid que perjudicó a alrededor de 70 inversores, surge de las presentaciones judiciales.
Cómo funcionaba la estructura financiera denunciada
Las denuncias, a las que tuvo acceso MDZ, dan cuenta de un elaborado plan para ganarse la confianza de ciudadanos que tenían capital a disposición y buscaban generar ganancias con los famosos "dólares del colchón".
En todos los casos, las víctimas relataron que, por medio de conocidos o personas de su círculo íntimo, tomaban conocimiento sobre la posibilidad de inversión "supuestamente infalible" que ofrecían Yoma y sus socios a través de la financiera Asesoría Legal S.A., que operaba en calle 25 de Mayo al 1200 de la Ciudad de Mendoza.
La misma consistía en entregar importantes montos en dólares, los cuales iban a ser destinados a préstamos prendatarios con garantías triplicadas, asegurándoles que obtendrían ganancias mensuales por el 2,5 por ciento de lo depositado y que esos rendimientos podían ser retirados mes a mes, aunque también se les ofrecía la posibilidad de recapitalizar los intereses.
De acuerdo con las declaraciones de los denunciantes, Yoma y su equipo generaban confianza "inmediata" mediante sus oficinas de lujo equipadas con moderno mobiliario y ubicadas en un coqueto edificio del centro mendocino. Además, ese "centro operativo" se mostraba permanentemente repleto de empleados, quienes ofrecían una atención sumamente profesional.
Asimismo, otro elemento que le brindaba seguridad a los inversores eran los contratos de mutuo que se firmaban al momento de entregar los dólares que buscaban capitalizar. Se trata de un acuerdo legal en el que una parte (mutuante) le entrega a otra (mutuario) cierta cantidad de dinero para que los utilice y luego los devuelva en un tiempo acordado.
Allí era donde entraban en juego el resto de las sociedades comerciales que lideraban Yoma y sus socios, entre los que se destacan Pablo Daniel Falco y Rodrigo Ramón López Casado. Esas empresas figuraban en los contratos de mutuo como partes deudoras, es decir, eran destinatarias del dinero aportado por los inversores y a través de las mismas se debían realizar las operaciones que generarían las ganancias prometidas.
No obstante, los denunciantes afirman que finalmente descubrieron que se trataba de sociedades "fantasmas" y que el capital aportado terminó siendo desviado para el pago de deudas personales del abogado investigado y sus presuntos cómplices, así como también para financiar "cuevas de cambio" en Mendoza y Buenos Aires o adquirir bienes que luego ponían a nombre de testaferros para insolventarse de manera fraudulenta.
Más allá de que, en algunos casos, hubo inversores que llegaron a retirar parte de los intereses generados y, en escasos ocasiones, alguna porción del capital invertido, hacia fines de 2024 la estructura financiera comenzó a incumplir los acuerdos que mantenían con sus acreedores y los socios se justificaban aduciendo a complicaciones económicas por la inestabilidad en medio del periodo eleccionario, el cambio de gobierno y posterior la devaluación del peso argentino.
Las consistentes excusas y maniobras evasivas terminaron colmando la paciencia de los inversores ya entrado 2025, ante la falta de respuesta y la evidente falta de voluntad para concretar los pagos pactados. Así, a finales del año pasado se radicó la primera denuncia y entre enero y marzo de este año se sumaron otras seis presentaciones judiciales que ya llegaron al despacho del fiscal Ríos.
Pero eso no es todo, de acuerdo con la información recolectada por este portal, recientemente otro de los afectados realizó una nueva presentación judicial de manera virtual, a través del sitio web de denuncias del Ministerio Público Fiscal (MPF), y varios más empezaron a buscar asesoramiento legal para sumar sus casos a la investigación.
Hasta la tarde de este martes, de los siete expedientes que se acumularon en Delitos Económicos e Informáticos surgía que esas víctimas entregaron un total de 548.657 dólares, es decir, casi 800 millones de pesos argentinos. En la mayoría de los casos, se trataba de ahorros de toda la vida o dinero generado por el trabajo de diferentes generaciones de una misma familia, que se perdieron a partir de las maniobras fraudulentas de la organización liderada por Yoma y sus socios, tal como surge de las presentaciones que analiza la Justicia.
Las denuncias, una por una
El caso que abrió la investigación
La primera de las denuncias por la estafa millonaria presuntamente consumada por Jorge Iván Yoma y sus socios, fue radicada por una docente oriunda de Guaymallén. La mujer hizo una inversión de 18.500 dólares y firmó un contrato en el que figuraba como parte deudora la empresa Constructec Desarrolladores S.R.L., cuyos socios eran Yoma y Pablo Falco.
Al igual que en todos los casos, se le prometió que iba a obtener una rentabilidad del 2,5 por ciento mensual, pero nunca retiró esas ganancias porque decidió recapitalizarlas, tal como lo recomendaban desde la propia financiera. De esa forma, recibía el dinero en dólares billete y ese mismo efectivo lo entregaba en mano a Falco.
En su exposición, la mujer contó que, a partir de 2024, las sumas obtenidas a partir de los intereses empezaron a ser administradas por Rodrigo López Casado, quien también se encargaba de mostrarle las planillas en las que figuraba el rendimiento que estaba obteniendo su capital invertido. Agregó que le llegaron a decir que estaba generando una ganancia de 800 dólares por mes.
La docente agregó que, para ese entonces, los socios del abogado trataron de persuadirla para que vendiera una propiedad y el dinero obtenido lo volcara en una nueva inversión dentro de la estructura financiera, ya que de esa forma iba a engrosar aún más los intereses que estaba generando.
Finalmente, con el paso del tiempo la mujer intentó retirar las ganancias de su inversión, tal como estaba previsto en el contrato firmado, pero la financiera no cumplió con esa parte del acuerdo. Esa situación motivó a que la docente se presentara en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, donde denunció a Yoma por el delito de estafa genérica.
El denunciante que perdió "los ahorros de toda la vida"
A comienzos de este año, se sumó un segundo expediente que apuntaba contra Yoma, a raíz de la denuncia que radicó un extrabajador de la empresa de medicina prepaga OSDE. El hombre relató que en junio de 2022 tomó contacto con la firma liderada por el abogado.
En esa oportunidad, hizo una primera inversión de 20.000 dólares y fueron Pablo Falco y Rodrigo López Casado quienes gestionaron la firma del contrato de mutuo, en la que figuró como parte deudora la empresa Fácil Gestiono S.R.L., cuyos socios resultaron ser dos miembros del entorno familiar de Yoma: su entonces pareja, Mireya de los Ángeles Salas Sotomayor, y su sobrino Lautaro Rodrigo Marchini Yoma.
Agregó que, tras ese depósito inicial, pudo retirar sin problemas las ganancias generadas, recibiendo cada dos o tres meses sumas de entre 1.000 y 2.000 dólares. Al mismo tiempo, desde la financiera lo motivaban a que realizara nuevos depósitos para incrementar su inversión, por lo que lo hacía cada tanto ya que las operaciones le generaban confianza.
Así, el 10 de junio de 2024 concretó la última entrega de dinero: 35.000.000 de pesos que había ahorrado durante toda su vida y acumuló gracias a largos años de trabajo en la mencionada empresa de servicios de salud, expuso en la presentación judicial.
Meses después, en octubre de ese año, pudo retirar por última vez parte de las ganancias generadas, ya que Pablo Falco le entregó 2.500 dólares que le solicitó. Sin embargo, le llamó la atención que la operación se realizó en el Hotel Hyatt Mendoza, ubicado frente a la plaza Independencia, y no en las oficinas de Asesoría Legal S.A., como acostumbraban a hacerlo.
De esa forma, el denunciante sintetizó que, desde la firma del contrato de mutuo con la financiera de Yoma, depositó más de 50.000 dólares y se le entregaron 13.000 USD, en concepto de intereses prometidos.
Tiempo después, en abril de 2025, volvió a contactar a Falco para realizar un retiro de 20.000 dólares, pero le rechazaron ese pedido y le explicaron que la empresa estaba atravesando una crisis financiera.
A partir de eso, coordinó una reunión con Yoma y Falco, la cual se concretó en junio de ese año. En la misma, el abogado que lideraba la firma confeccionó un convenio en el que reconocía la deuda de 54.457 dólares —total del dinero invertido por el exempleado de OSDE— y le ofreció el pago de 37.544 USD en el plazo de siete meses y una camioneta Hyundai Santa Fe.
Ante la desesperación por recuperar su capital, el hombre aceptó el acuerdo e insistió en firmar el convenio ese mismo día, cosa que nunca sucedió.
Así, las partes volvieron a reunirse al mes siguiente y el inversor exigió que rebajaran el valor que le fijaron a la camioneta porque constató que estaba en mal estado. Ese punto fue rechazado por Yoma, quien cambió las condiciones del convenio sobre la marcha, comunicándole que le iba a devolver su dinero en doce meses y no en siete como lo previamente había sido acordado. Nuevamente, el damnificado no tuvo más opción que aceptar el pacto, ya que no quería perder la inversión realizada.
Más allá de la firma del convenio y que trató de ser flexible a la hora de negociar el retorno del dinero que le debían, el hombre no volvió a recibir dinero por parte de Yoma o de sus socios. Incluso, la última vez que vio al abogado fue en noviembre de 2025, ocasión en la cual culpó a Pablo Falco por el incumplimiento de los pagos.
Tras eso, el denunciante comenzó a indagar sobre la situación de la estructura empresarial de Yoma y las experiencias de otros inversores, tomando conocimiento de que la gran mayoría fue estafado de la misma manera, afirmó ante la Justicia. Por eso, radicó la denuncia correspondiente y solicitó constituirse como querellante en la causa, a través de su abogado particular, Franco Pepa.
Asimismo, en una presentación que realizó ante el fiscal Ríos, el extrabajador de OSDE presentó una importante cantidad de pruebas contra Yoma y su equipo: chats, balances contables, cheques, planillas de Excel y demás documentos.
Pero eso no fue todo, ya que también puso a disposición su celular para que sea sometido a los peritajes correspondientes y requirió que se realice un allanamiento en las oficinas de Asesoría Legal S.A..
El drama de una familia que denunció la estafa millonaria
Uno de los casos más dramáticos que están bajo investigación es el de dos hermanos comerciantes que invirtieron importantes sumas de dinero junto a su madre (pensionada) y su abuela (jubilada). En medio de la desesperación y los reclamos por la pérdida de su capital, la familia damnificada tuvo que enfrentar denuncias en su contra por parte de los socios de Yoma.
En la presentación judicial que realizaron el 23 de febrero, detallaron que supieron sobre la financiera de Yoma y la posibilidad de inversión que ofrecía, la cual les resultó atractiva y aparentaba tener todo en regla. Por eso, reunieron entre los cuatro parte de sus ahorros y avanzaron en las tratativas con Pablo Falco, quien se presentó ante ellos como gerente de la empresa.
Así, el 8 de junio de 2022 firmaron el primer contrato de mutuo, por el que entregaron la suma de 256.000 dólares. En ese documento figuraba como parte mutuaria la sociedad "Fácil Gestiono S.R.L.", siendo Rodrigo López Casado el apoderado de la misma.
Cinco días después, el 13 de junio, formalizaron un segundo contrato con el mismo socio de la financiera y, en esa ocasión, depositaron 15.000 USD, a lo que luego se le sumaron otros 1.500 USD mediante una adenda.
Los hermanos damnificados explicaron en la denuncia que, entre 2022 y 2023, pudieron retirar los intereses mensuales sin problemas. Frente a los beneficiosos resultados que estaban teniendo, llegaron a recomendarle la inversión a conocidos y allegados que buscaban hacer rendir sus ahorros.
Pero los problemas empezaron a evidenciarse hacia finales de 2023, ya que hubo demoras para cumplir con los pedidos de retiro de dinero. Ante esa situación, desde la empresa se excusaban afirmando que los afectó la devaluación y los cambios en el Gobierno nacional, por lo que les ofrecieron un plan de retiro y deslizaron la posibilidad de aumentar la tasa de los contratos de mutuo a un 3 por ciento mensual.
Posterior a eso, el 14 de marzo de 2024, rubricaron el tercer y último contrato de la familia con la financiera: entregaron 48.200 dólares a López Casado, quien figuró en el documento como apoderado de la firma "Constructec Desarrolladores S.R.L." (parte mutuaria).
A comienzos del año siguiente, los hermanos le pidieron a Falco hacer un retiro de 50.000 dólares, explicándole que necesitaban el dinero en el corto plazo. El socio de Yoma les respondió que "se podía ver", pero ese pago nunca se concretó. Es más, en marzo de 2025, desde la financiera evitaban contestarles y buscaban avanzar con un plan de pago.
Fue a raíz de eso que se reunieron con Falco, quien les explicó que la situación era muy compleja y necesitaban tiempo para vender algunos bienes y así poder entregarles el dinero adeudado.
Luego, en abril de ese año, se citaron nuevamente en las oficinas de la financiera y mantuvieron una charla con Yoma, Falco y Germán Calcagano, quien se presentó como socio del abogado. Esa vez, les presentaron un nuevo plan de inversiones y los invitaron a ingresar más dinero, pero los denunciantes descartaron esa posibilidad.
Ese mismo mes, arreglaron otra reunión, en la que Yoma y Falco aseguraron que iban a pagarles, pero con quitas de interés, capital y baja de tasas, aduciendo que atravesaban una falta de fondos porque debieron afrontar una deuda de 100.000 dólares que les reclamaba Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Sin embargo, los encuentros no se detuvieron allí. Días después, los denunciantes asistieron a una reunión en un estudio jurídico del centro mendocino, donde fueron recibidos por una abogada que se presentó en representación de Yoma, junto a Pablo Falco. En esa ocasión, nuevamente les manifestaron que estaban trabajando en un nuevo esquema de inversiones para revertir la situación, pero no ofrecieron soluciones concretas.
Posteriormente, volvieron a ser citados en esa misma oficina, donde participaron otros profesionales que aseguraron representar al abogado investigado. Allí, los hermanos fueron informados sobre la compleja situación financiera de la estructura societaria, pero tampoco se les brindó una alternativa de pago ni avances en la devolución del dinero. Por el contrario, les solicitaron la firma de una minuta y les enviaron un supuesto acuerdo que nunca prosperó, ya que contenía múltiples espacios en blanco.
Paralelamente, los damnificados intentaron gestionar una salida extrajudicial mediante el envío de cartas documento a distintos integrantes de la estructura: López Casado, Marchesini Yoma, Salas Sotomayor y Calcagano, pero lejos de obtener respuestas favorables, estos dos últimos respondieron con denuncias penales por presuntas amenazas, las cuales fueron posteriormente desestimadas por la Justicia provincial.
Ante ese escenario, la familia decidió radicar la denuncia penal que hoy forma parte del expediente que investiga el fiscal Ríos.
Una extenista también sumó su denuncia
Otro de los expedientes que se sumaron a la instrucción fue iniciado el 5 de marzo por una extenista profesional, quien actualmente se dedica al rubro del bienestar y el coaching. La mujer relató ante las autoridades que tomó contacto con la financiera en octubre de 2024 a través de una amiga.
De su presentación surgió también que concretó una inversión de 16.000 dólares, firmando un contrato de mutuo con la firma "Constructec Desarrolladores S.R.L.", bajo las mismas condiciones que el resto de los damnificados: una tasa de interés mensual del 2,5% y la posibilidad de retirar o recapitalizar las ganancias.
En su caso, el vínculo inicial fue con Rodrigo López Casado, quien luego dejó de intervenir en su carpeta, la cual pasó a ser gestionada por Pablo Falco. A partir de ese momento comenzaron las dificultades.
La denunciante explicó que, cuando intentó retirar los intereses en marzo de 2025, le informaron que la empresa atravesaba un proceso de “reajuste” y que la situación se resolvería en el corto plazo. Sin embargo, los incumplimientos continuaron y, meses después, directamente le comunicaron que no podían efectuar pagos porque estaban reestructurando el sistema.
Incluso, en una ocasión en la que se encontraba en el exterior por una situación de salud, logró que le entregaran una suma equivalente a un mes de intereses (405 USD). Tras ese episodio, la comunicación con los responsables de la empresa se interrumpió por completo.
La expolicía que perdió sus ahorros familiares
Entre las denuncias también figura la de una expolicía, quien actualmente se desempeña como agente inmobiliaria y declaró haber ingresado a la financiera a mediados de 2022, por recomendación de su concuñado: Pablo Falco.
De acuerdo con su relato, realizó dos inversiones por un total de 69.000 dólares, provenientes de la venta de una propiedad heredada de sus padres, con el objetivo de generar un respaldo económico para su hija.
En los dos contratos de mutuo que firmó en abril de 2022, figuraban como partes deudoras dos sociedades vinculadas a Yoma y su entorno: Fácil Gestiono S.R.L. y Criptomonedas BBC S.R.L.. Durante los primeros años, percibió algunos pagos parciales, pero con el tiempo comenzaron los incumplimientos.
A comienzos de 2025, cuando intentó retirar el capital invertido, su pedido fue rechazado y desde la financiera comenzaron a evitar el contacto, ofreciéndole fechas imprecisas que contradecían lo estipulado en los contratos.
Frente a esa situación, envió cartas documento a las empresas involucradas, pero las mismas fueron rechazadas, lo que interpretó como una falta total de voluntad de pago.
El atleta que acumuló inversiones y nunca pudo cobrar
Otro de los damnificados fue un reconocido maratonista mendocino que denunció haber comenzado a invertir en diciembre de 2023, atraído por las condiciones que ofrecía la financiera.
Inicialmente, realizó un depósito de 6.000 dólares, pero con el paso del tiempo fue aumentando el capital hasta alcanzar los 26.000 dólares, además de acumular intereses por unos 8.000 USD.
Sin embargo, cuando intentó retirar el dinero a fines de 2024, pese a haberlo solicitado con anticipación, le negaron la operación bajo distintos argumentos: primero, que el personal se encontraba de vacaciones y luego que los retiros debían ser autorizados por la gerencia en fechas específicas.
Con el correr de los meses, las excusas continuaron y, de acuerdo con su testimonio, los propios integrantes de la estructura que tenía a cargo su carpeta, entre los que se encontraban Rodrigo López Casado, Yoma y Falco, comenzaron a deslindar responsabilidades entre sí, acusándose mutuamente por el faltante de dinero.
El caso del joven bartender estafado
El último de los casos que llegó a la fiscalía es el de un bartender que comenzó a invertir en la financiera y, tras obtener buenos resultados iniciales, decidió incrementar progresivamente su capital.
Según consta en la denuncia radicada el 12 de marzo, pasó de una inversión inicial de 18.000 dólares a un total cercano a los 44.000 USD, recibiendo durante un tiempo los intereses en tiempo y forma.
No obstante, a partir de marzo de 2025, le informaron que atravesaban problemas de liquidez y que durante varios meses no podrían cumplir con los pagos, aunque le aseguraron que el dinero estaba disponible.
Meses después, con la salida de uno de los socios de la estructura, le indicaron que la situación se iba a normalizar, pero finalmente, ya en 2026, le comunicaron que no podrían devolverle el capital invertido.
Así, con esas siete denuncias recepcionadas, la investigación avanza y continúan sumándose damnificados, al mismo tiempo que el fiscal del caso analiza las pruebas aportadas y las autoridades no descartan nuevas medidas para los próximos días.