El Ministerio Publico impugnó el fallo que sobreseyó a familiares de Pablo Escobar y a "Chicho" Serna por introducir millones de dólares del narco en la Argentina
Tres fiscales federales cuestionaron la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi en la investigación que detectó el ingreso de más de tres millones de dólares al sistema financiero de nuestro país vinculados al narcotráfico internacional.
Los fiscales federales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco presentaron una apelación conjunta contra la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien el pasado 26 de marzo sobreseyó a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria e histórico jefe del cartel de Medellín, y el exfutbolista del Club Atlético Boca Juniors, Mauricio Alberto "Chicho" Serna Valencia.
La impugnación del fiscal federal y los titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) también alcanza el sobreseimiento de otras 5 personas por lavar dinero proveniente del narcotráfico en la Argentina dictada por el magistrado de Comodoro Py al que calificaron como “arbitrario”.
La investigación de la causa, que data de hace ocho años, apunta al colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, que llegó a ser uno de los líderes del cartel de Cali. Según el Ministerio Público Fiscal, fue Piedrahita Ceballos quien habría utilizado una red de personas y empresas en la Argentina para blanquear fondos obtenidos del tráfico de drogas en Colombia y Estados Unidos.
A través de distintas operatorias y estructuras societarias, se detectó el ingreso de más de 3.081.000 dólares y 1.713.000 pesos al sistema financiero local entre 2008 y 2017. El caso llegó a los tribunales argentinos a partir de una nota de la DEA, la agencia antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que alertó sobre los vínculos sospechosos del colombiano con personas y empresas en el país. La investigación fue desarrollada inicialmente por el entonces fiscal federal de Morón Sebastián Basso junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad.
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En el centro del andamiaje habría estado el abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet, señalado por los fiscales como "testaferro" de Piedrahita Ceballos. Según la acusación, el dinero ilícito a través de su nombre habría fluido hacia ambiciosos proyectos inmobiliarios en Pilar: "Country Urbano", "Ínsula Urbana" y "Pilar Bicentenario", este último proyectado como un centro de transferencia de pasajeros con cocheras, viviendas y oficinas sobre el kilómetro 46 de la Panamericana. También fueron imputadas su esposa María de los Ángeles Verta, la contadora María Gabriela Sánchez y los empresarios Antonio Pedro Ruíz y Esteban Adrián Delrío.
El rol atribuido a la familia Escobar es el de haber presentado en 2007 a Piedrahita Ceballos con Corvo Dolcet, facilitando así el acceso del narco colombiano a la estructura empresarial argentina. Como contraprestación, la viuda y el hijo del reconocido jefe del cartel de Medellín habrían recibido al menos el 4,5% del total de la inversión.
En tanto a exjugador de Boca, Mauricio “Chicho" Serna se le imputa haber entregado a Piedrahita Ceballos los derechos sobre tres inmuebles a un precio irrisorio y ficticio. Si bien las propiedades figuraban a nombre de Serna, habrían pertenecido en realidad a Carlos María Aguilar, exjefe de "La Oficina de Envigado", estructura criminal vinculada a los carteles de Medellín y Sinaloa, y a las Autodefensas Unidas de Colombia.
En 2019, dos representantes del Ministerio Público Fiscal viajaron a Miami, donde Piedrahita Ceballos cumplía condena, para tomarle declaración como imputado colaborador. En ese marco, se acordó un juicio abreviado aceptando una condena de cinco años de prisión. Sin embargo, el juez Martínez de Giorgi declaró nulas tanto esa declaración como ese acuerdo. Los fiscales calificaron de “paradójica y grave” la situación de Piedrahita Ceballos por estar condenado en Estados Unidos y en Colombia, mientras permanece "impune de momento” solo en Argentina.
Para Picardi, Iglesias y Velasco, el juez realizó "una argumentación sesgada, parcial y forzada para desvincular a los imputados de este proceso, sin valorar acabadamente la prueba incorporada", al tiempo que remarcaron de forma contundente que “no estamos ante una simple discrepancia valorativa, sino frente a un pronunciamiento que se aparta de las reglas de la sana crítica, desarticula el método probatorio propio del delito de lavado de activos y aplica un estándar de corroboración incompatible con la etapa instructora."
También cuestionaron que el magistrado Martínez De Giorgi haya optado por dictar sobreseimientos en lugar de dejar que las disputas sobre la prueba se resolvieran en un juicio oral, ámbito considerado "específico para la disputa acerca de la interpretación documental" y "la credibilidad y alcances de la evidencia compleja".
Además, los fiscales pidieron mantener las medidas cautelares sobre acciones, propiedades y demás activos de los imputados, argumentando que su levantamiento anticipado "podría tornar ilusorio el ejercicio de la jurisdicción".
La apelación de los fiscales abre las puertas para que la Cámara Federal determine si ratifica lo dictado por el juez Martínez de Giorgi o por el contrario revoque los sobreseimientos y avance con la elevación del expediente a instancia de juicio oral.