Denuncia de abuso sexual en la Justicia: se reabrió el caso contra un exfiscal y revisarán su sobreseimiento

Hace casi 10 años, María Aurelia Cabrera denunció al entonces a cargo de la unidad de Derechos Humanos de San Martín, Miguel Ángel Blanco García Ordás, por el delito de abuso sexual. Esto desencadenó un largo y turbulento proceso judicial donde el acusado fue procesado y sobreseído en varias ocasiones. Este jueves se volvió a abrir el caso y será nuevamente revisado por pedido de la querella.

La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, la que decidió reabrir el proceso judicial contra el exfiscal, quien se encuentra imputado por delitos de abuso sexual, mediando abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder.

Fueron los jueces de Casación Daniel Antonio Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma quienes resolvieron de forma unánime hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la querella de la denunciante, que refutó el último sobreseimiento del acusado aplicado en diciembre de 2024 en la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Cómo se dio el giro en la causa por abuso sexual

Los puntos denunciados por la parte querellante y aceptados por los magistrados de Casación fueron los siguientes.

Primero, la querella sostuvo que las instancias judiciales anteriores evaluaron la prueba de forma sesgada. Argumentaron que las decisiones no cumplían con las pautas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ni con la regulación sobre violencia de género, lo que permitió que Casación anulara un sobreseimiento previo en 2022.

Luego se decidió impugnar a los testigos presentados por la defensa del exfiscal. La querella explicó que estas eran personas que, en su mayoría, no trabajaron en la dependencia al mismo tiempo que la víctima o que ingresaron después. Además, se destacó que estos testigos respondían "funcional y jerárquicamente" al imputado, lo que viciaba su relato.

También argumentaron que Blanco García Ordás utilizó su cargo, la diferencia de edad y la "carrera judicial" de la víctima para manipularla y mantener el hostigamiento durante muchos años. Como parte de esto, denunciaron que, tras el intento de la víctima por poner límites, se iniciaron represalias en su contra, incluyendo la "invención" de causas penales por daños y sumarios administrativos para pedir su cesantía o forzar su traslado a un puesto menor.

Daño psicologico

Como resultado de estas represalias, sumadas a la razón principal de la denuncia, se argumentó mediante un informe de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC) que todo causó un "notable daño a la integridad psíquica" de Cabrera.

Estos argumentos fueron los que permitieron que la Cámara de Casación aceptara el recurso de queja para volver a revisar la situación legal del imputado, dando así un nuevo giro en una controvertida causa con una grave denuncia dentro de los engranajes de la Justicia.