Caso Diego Fernández: el crimen que prescribió antes de ser investigado
La investigación del caso de Diego Fernández Lima abrió una serie de preguntas sobre si es posible juzgar este tipo de crímenes luego de 40 años.
Un descubrimiento que lo cambió todo, pero que legalmente, no cambió nada: el hallazgo del grupo de obreros que en el mes de mayo encontraron restos óseos en una fosa improvisada, en un terreno lindero a la casa donde vivió el reconocido músico Gustavo Cerati en la avenida Congreso, trajo a Diego Fernández Lima devuelta.
El joven tenía 16 años cuando el 26 de julio de 1984, desapareció. La causa quedó caratulada bajo el nombre de "fuga voluntaria" por más de 40 años, hasta ahora. La justicia determinó que el ADN de los restos encontrados correspondían con el del muchacho al realizarle una prueba a su madre, quien fue alertada por un sobrino que reconoció las pertenencias que se encontraban junto al cuerpo.
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El hallazgo que reabrió la causa
Los peritos de la Policía de la Ciudad recogieron 151 fragmentos óseos, mientras que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que los restos correspondían a un varón de entre 16 y 19 años, aproximadamente de 1,72 metros de altura.
Además de los 151 fragmentos óseos que recogió la Policía de la Ciudad, el Equipo Argentino de Antropología Forense estableció que el cuerpo presentaba una herida punzocortante en la cuarta costilla derecha y marcas compatibles con un intento de desmembramiento. Por lo tanto, la investigación se reabrió como presunto homicidio.
Cuáles son las posibilidades de que se juzgue el crímen de Diego Fernández
No obstante, desde el ámbito penal, el Doctor Alejandro Olivera subraya en diálogo con MDZ que el máximo de la prescripción de un homicidio simple es de 12 años, mientras que para una perpetua el máximo de la preescripción son 15 años. El hecho de que preescriba el delito se traduce en que nadie puede ser imputado luego de ese período de tiempo.
"Para la preescripción, siempre hay que establecer el día en que se cometió y el plazo empieza a operar desde la medianoche del día en que se hubiese cometido el delito, en este caso el homicidio", afirma el abogado penalista Olivera.
Sin embargo, también destaca un dato clave: "si hubiesen imputado a alguien en su momento, entonces el hecho de que hubiese cometido nuevos delitos, hubiesen ido operando como fechas para cortar la prescripción, no suspenderla, sino reiniciarla. Por ejemplo, si lo hubiesen llamado a una indagatoria o si lo hubiesen imputado en la notificación de la causa".
Actualmente, el único sospechoso en la causa es Cristian Graf, excompañero de Diego Fernández Lima de la ENET N° 36, el cual vive en la casa en la que se encontraron los restos de la víctima.
El fiscal a cargo de la investigación, Martín López Perrando, le solicitó al juez de Instrucción, Alejandro Litvack, que cite a Cristian a indagatoria, no por el homicidio en sí, sino por el encubrimiento del caso además del ocultamiento de pruebas. Pese a ello, el doctor Olivera indica que "cualquier delito de pena menor o temporal, que no sea perpetua, está prescripto". En el caso de un encubrimiento, "que podría corresponderle 6 años de cárcel, entonces a los 6 años prescribía".
Qué dice la ley sobre la prescripción de los crímenes
Ante este panorama, un juicio por la verdad sería para "poder establecer lo que pasó, para que de ahí para adelante estuviera esclarecido el hecho, primero, y segundo ver las posibilidades de poder reclamar". Sin embargo, el Doctor Olivera afirma que "41 años después no existe la posibilidad de llegar a certezas, y si no existe la posibilidad de llegar a certezas no existe la posibilidad de una condena".
Por lo tanto, Olivera sostiene que, pasadas más de cuatro décadas, es prácticamente imposible llegar a certezas jurídicas ya que no se puede establecer un arma homicida, y los testimonios después de tanto tiempo son vagos o imprecisos.
Un juicio sin certezas posibles
Es decir, con indicios el caso se puede llevar a juicio, pero una sentencia requiere certezas, y la duda razonable siempre beneficia al imputado. Un juicio hoy sería un “resultado mentiroso”, siguiendo al abogado penalista, en términos de verdad material.
En ese sentido, Olivera recuerda que “el derecho es el lenguaje de la política”, ya que primero sucede el hecho, en esa instancia la sociedad reacciona, y luego la política lo traduce en una ley. Sin embargo, advierte que en Argentina esas normas suelen estar sujetas a los vaivenes del humor social más que a una coherencia jurídica sólida.
Por eso, detrás de cada debate sobre la prescripción de los homicidios aparece una tensión de fondo: hasta qué punto el sistema legal responde a la búsqueda de justicia y hasta qué punto se ve arrastrado por presiones coyunturales que terminan generando inconsistencias.