Los padres de Joaquín Sperani le ganaron un juicio al Gobierno de Córdoba por la muerte de su hijo
Una reciente resolución judicial determinó la responsabilidad del Gobierno de la provincia de Córdoba en el asesinato de Joaquín Sperani Flores, el adolescente de 14 años que fue asesinado en Laboulaye el 29 de junio de 2023 a manos de un compañero de colegio.
El crimen ocurrió en horario escolar, cuando ambos ingresaron a la institución y luego se retiraron sin que ningún docente advirtiera la situación.
El fallo, emitido el 6 de febrero de 2025 por el juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata, resolvió de manera parcial a favor de la familia de Joaquín Sperani, estableciendo que el Gobierno de Córdoba deberá indemnizar con 595.170.467,18 pesos, más intereses y costas, a los padres de la víctima.
El fallo sostiene que el colegio IPEM N° 278 "Malvinas Argentinas" no garantizó la seguridad de los estudiantes ni ejerció un adecuado control sobre su asistencia.
Fallas en el control escolar
La investigación penal y testimonios reconstruyeron los hechos: el agresor había planeado el crimen con antelación. Aquella mañana, escondió un caño metálico en una vivienda abandonada cercana a la escuela. Más tarde, convenció a Joaquín Sperani de faltar a clases y lo llevó a ese lugar, donde lo atacó brutalmente. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo de cráneo severo.
La familia de Joaquín argumentó que no se trató de un caso aislado, sino del resultado de una serie de negligencias por parte de la institución educativa.
Entre las irregularidades denunciadas se mencionaron la falta de control en el ingreso y egreso de los alumnos, la ausencia de supervisión docente y la deficiente toma de asistencia. Además, se cuestionó la respuesta de las autoridades del colegio, que minimizaron la desaparición del menor y no colaboraron en la búsqueda.
El juez determinó que el crimen ocurrió cuando ambos estudiantes debían estar en clase y que la falta de control permitió que el agresor saliera sin autorización, mientras que Joaquín nunca ingresó al aula sin que nadie lo notara.
Además, concluyó que la Provincia de Córdoba, como ente responsable de la institución educativa, debe responder por la falta de seguridad y vigilancia.
Si bien el tribunal eximió de responsabilidad a los padres del asesino, argumentando que en ese momento el menor estaba bajo custodia del colegio, el Gobierno de Córdoba apeló el fallo, sosteniendo que el crimen ocurrió fuera del establecimiento y que no podían prever ni evitar el homicidio.
Sin embargo, la Justicia reafirmó que la deficiente supervisión escolar facilitó el hecho y que, en consecuencia, el Estado debe asumir las consecuencias.
Críticas a la institución educativa
Por su parte, Mariela Flores, madre de la víctima, expresó su indignación por las decisiones judiciales previas que permitieron que el asesino fuera declarado "no punible" y entregado a sus padres. “Mató y salió como si nada”, cuestionó. También criticó la postura de las autoridades que, según ella, intentaron minimizar la responsabilidad institucional en el caso.
A un año y ocho meses del crimen, la familia de Joaquín Sperani logró una victoria judicial que reconoce la responsabilidad estatal en la tragedia. No obstante, sigue luchando para que este tipo de hechos no queden impunes y se implementen cambios en el sistema judicial para cambiar la edad de inimputabilidad de los menores, a partir de que sostienen que un chico de 14 años es consciente de sus actos en un crimen.