Preocupación por el creciente robo de un fruto cada vez más codiciado: el mercado negro del Este, en la mira

El inicio del grueso de la cosecha de aceitunas, entre los meses de marzo, abril y mayo, en el Este provincial principalmente, reaviva un problema crónico que acecha a los productores de la región: el robo de este codiciado fruto. Este delito no solo afecta seriamente a los trabajadores, sino que también alimenta un mercado negro que socava los cimientos de una industria que experimentó un crecimiento constante en los últimos años.

El aceite de oliva mendocino ganó terreno en los mercados internacionales, con un pico de exportación alcanzado entre mayo de 2022 y 2023, cuando se comercializaron al exterior 5.759.128 kilos por un valor aproximado de 20.612.654 de dólares Sin embargo, a pesar de las condiciones climáticas ideales y la calidad superior del producto, el robo de aceitunas sigue siendo un obstáculo importante para el sector.

“Esto no es un fenómeno nuevo en la región, y a lo largo de los años se han implementado diversas medidas para combatirlo, incluida una ley de denominación de origen del aceite de oliva en 2008. Pero no han sido suficientes para detener esta problemática”, detalló a MDZ Horacio Isgró, productor olivícola.

Para él, el conflicto radica en uno de los eslabones que tiene la cadena de comercialización, y se trata del “acopiador”.

“Cuando se tiene una finca con olivos o lo que sea, el agricultor tiene que estar inscripto en el Renspa, que es el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Ahí te inscriben como persona jurídica, pasás a tener un número y realizás una declaración jurada la vez que vendés o transportás tus productos o mercadería. Si uno no tiene esa documentación, no debería comercializar. Por eso, para mí el problema no solo está en el que sale a robar aceitunas, sino también  en el que compra lo robado, en los famosos acopiadores”, agregó.

Aunque se han implementado controles y sistemas de trazabilidad, para los damnificados el mercado negro sigue prosperando, afectando los esfuerzos de los miles de productores legítimos y dañando la reputación de toda la industria. 

“El problema son estos acopiadores, que compran lo que sea. No te digo que sean todos, pero si son la mayoría. Esto se debe al valor de la aceituna en el mercado y cuánto le sacan en el mercado paralelo. La aceituna de mesa cuesta, por kilo, unos 1.000 pesos y la de aceite de oliva supera los 1.500 pesos. Ahora bien, los delincuentes, además de destruir la planta cuando roban, venden a un precio irrisorio que no supera los 300 pesos; y hablamos de kilos y kilos. Creo que por ahí se debería atacar el tema también. El eslabón del acopio nos perjudica y mucho. La Policía debería ir por estos tipos con más control”, expresó Horacio.

Por su parte, el subcomisario de la Policía Rural, Ezequiel Herrera, sostuvo que desde la creación de esta fuerza se implementaron estrategias para prevenir delitos en la producción, especialmente en lo que respecta al sector de la aceituna y otras actividades agrícolas de la zona.

“Debido al incremento de las denuncias y a los robos de aceitunas realizados el año pasado, la Policía Rural comenzó con los controles y operativos mucho más temprano este año. A principios de marzo iniciamos con tareas preventivas en los departamentos donde se cultiva. De hecho aumentamos los patrullajes durante las siestas y en la noche, debido a que son los horarios donde más se cometen este tipo de hechos. Gracias a estas medidas, hemos tenido menos desplazamientos. Así mismo, con la Dirección de Fiscalización y Control de la provincia realizamos operativos en aceiteras y lugares de acopio. Pasa lo mismo con el transporte, donde se pide toda la documentación obligatoria”, explicó Herrera.

Sobre los números que arrojan estas tareas, el subcomisario detalló que unos 30.000 kilos de aceitunas no terminaron en destino por la falta de los papeles pertinentes. Otros 5.000 fueron decomisados, aunque luego de la presentación de documentación y el pago de multas, la mercadería tuvo su destino.  

Pese a la acción contundente para abordar este problema por parte de la Policía Rural, los productores olivícolas sienten la necesidad de fortalecer los controles en la cadena de comercialización. “Es crucial aumentar la presencia policial en las zonas rurales y aplicar sanciones más severas, tanto para los ladrones como para aquellos que adquieren productos robados. De lo contrario, la industria corre el riesgo de perder el prestigio que tanto le ha costado ganar a lo largo de los años”, selló Horacio Isgró.