El millonario cargamento que AFIP decomisó en Mendoza por falta de documentación
Los operativos, realizados en colaboración con fuerzas de seguridad, AFIP y la DGI, tuvieron lugar en diversos puntos de la provincia de Mendoza. Los detalles.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), llevó a cabo operativos de fiscalización que resultaron en la interdicción de 2.850 toneladas de ajo almacenadas en galpones de acopio en distintas zonas de la provincia de Mendoza.
La mercadería fue decomisada debido a la falta de documentación que respalde su trazabilidad, como facturas o Documento de Tránsito Vegetal (DTV). Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el valor total de las toneladas de ajo asciende a aproximadamente $2800 millones, lo que equivaldría a más de 100 camiones cargados de ajo.
Estas acciones de control y fiscalización desarticularon presuntas maniobras irregulares relacionadas con la producción y comercialización de productos agrícolas. Los operativos, realizados en colaboración con fuerzas de seguridad, tuvieron lugar en Tupungato, otros puntos del Valle de Uco y en Maipú, provincia de Mendoza.
La causa principal de la interdicción es la falta de respaldo documental válido que justifique la tenencia de la mercadería almacenada. La AFIP detectó movimientos inusuales en terrenos con actividades no declaradas, lo que llevó a la realización de los operativos.
Los agentes especializados del organismo, con la colaboración de la Gendarmería Nacional, inspeccionaron las plantas de acopio, donde se encontraron cantidades abundantes de ajo en infracción: 2.500 toneladas en una planta y 350 toneladas en otra, las cuales fueron interdictas en su totalidad. Los responsables de las plantas no pudieron presentar la documentación que respaldara la legalidad de la tenencia de la mercadería, sugiriendo una posible adquisición irregular.
Estas acciones de la AFIP no solo representan una lucha contra la competencia desleal, sino también una defensa de los productores agropecuarios que operan de acuerdo con las normativas vigentes.