A 32 años de su desaparición, detuvieron a tres expolicías por el caso Guardati
Por primera vez en 32 años, la Justicia Federal de Mendoza ordenó la detención de tres expolicías en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Christian Guardati, ocurrida en mayo de 1992 en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz.
El procedimiento estuvo a cargo del Juzgado Federal Nº 3, dirigido por el juez Marcelo Garnica, y de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, liderada por Dante Vega. Además, participó la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, a cargo de Daniel Rodríguez Infante.
Avances recientes
En los últimos meses, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó la revisión de decisiones judiciales que habían sobreseído a otros policías mencionados en el caso. Si bien el juez Garnica rechazó la petición, se espera que sea apelada, lo que podría abrir nuevas vías para el esclarecimiento de los hechos.
Con estas detenciones, el caso Guardati vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial y social de Mendoza. Para muchos, representa no solo una oportunidad para encontrar justicia, sino también un recordatorio de que las desapariciones forzadas no pueden quedar en el olvido.
Los expolicías, detenidos este miércoles, enfrentan acusaciones que los vinculan directamente con el caso de Guardati, un joven de 22 años que desapareció tras salir de un baile en las cercanías de la escuela Atilio Anastasi. La denuncia inicial, radicada por Hilda Lavizzari, madre de Christian, señaló la intervención de efectivos policiales. Sin embargo, la investigación permanecía estancada desde hace décadas.
Una lucha incansable por la verdad
Desde la madrugada del 24 de mayo de 1992, cuando Christian fue visto por última vez, su madre no dejó de buscar respuestas. Acompañada desde el principio por el abogado Carlos Varela Álvarez, Lavizzari se convirtió en un símbolo de perseverancia en la lucha por la justicia en Mendoza. Su denuncia y las pruebas aportadas llevaron al caso hasta instancias internacionales, logrando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo utilizara como base para condenar al Estado argentino por desapariciones forzadas.
El caso estuvo durante casi 30 años bajo la órbita de la Justicia provincial, sin avances significativos. En 2021, tras ser declarado imprescriptible, pasó a la Justicia Federal, lo que marcó un punto de inflexión en la investigación.
Guardati desapareció en un período marcado por otras desapariciones similares, como las de los albañiles Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, quienes fueron vistos por última vez en el Parque General San Martín y cuyo paradero también sigue siendo un misterio. En todos estos casos, la participación policial y la falta de esclarecimiento han derivado en condenas internacionales contra el Estado argentino.
En el caso de Christian, una comisión ad hoc conformada por abogados concluyó en su momento que fue detenido por policías en el destacamento de La Estanzuela. Estas conclusiones, ratificadas por la Suprema Corte de Justicia, no lograron impulsar acciones concretas hasta ahora.