Crónica de un crimen atroz que, tras 31 años, aún sigue sin resolverse

Ese sábado, Christian había vuelto de trabajar tarde de una construcción, pero un amigo lo convenció para que lo acompañara a un baile solidario que se hacía en una escuela. A pesar de que el lugar era lejos de su casa, le dio un beso a su madre, se puso una campera de cuero y dijo: “Vieja, voy al baile; no me esperés levantada". Pero Christian Guardati jamás regresó.

Fue en la madrugada del 25 de mayo de 1992, la noche que quedará siempre en la memoria de los vecinos del barrio Dolores Prats de Huisi, más conocido como La Estanzuela. La historia ha sido narrada durante más de 30 años y, en el boca a boca, ha ganado algunos condimentos que se alejan de la versión que se ha podido reconstruir en el amplísimo expediente que aún hoy intenta dilucidar lo que ocurrió con el joven de 21 años que desapareció tras ser detenido por una persona vestida de civil.

Hacía solo tres años que el IPV había iniciado el proceso de entrega del barrio ubicado al oeste de Godoy Cruz en pleno piedemonte y prácticamente aislado de otras urbanizaciones. Allí fueron a parar muchas familias de bajos recursos damnificadas por el terremoto de 1985. Al contar con más de 1.700 casas, la barriada tenía tres escuelas (dos primarias y una secundaria), una sala de primeros auxilios y una comisaría. Estos últimos edificios se encuentran en la misma manzana (la 12) la cual terminó siendo el epicentro de la causa.

Es que, fue la secundaria Profesor Atilio Anastasi el destino del joven esa noche, allí se solían realizar bailes para recaudar fondos para la cooperadora, algo que dejó de ocurrir con tanta frecuencia luego de ese día. Y fue en la puerta de la Comisaría 40 donde se lo vio por última vez.

Esa noche

César Oscar Altamiranda, Ricardo Hernán Andrade (el “pampero”), Roberto Carlos Ramírez (el “loco”) y Cristian Walter Reynoso (el “pollo”) relataron que fue pasadas las 4.30 de la mañana cuando decidieron volver a sus hogares y lo hacían a pie, eran pocas las cuadras que los separaban de la casa Reynoso (ubicada en la manzana 33). En este tramo comenzaron a tirarse piedras y -por juego o intencionalmente- Christian le pegó con una piedra a otro hombre que caminaba por la vereda de enfrente Según uno de los testigos, el joven pensó que este hombre los seguía.

Tras eso, varias detonaciones irrumpieron en la madrugada y se iniciaron las corridas. Reynoso  alcanzó a llegar a su casa, el resto se dispersó en diferentes direcciones. Algunos vecinos decidieron saber lo que estaba ocurriendo y luego se convirtieron en testigos fundamentales de la causa. Christian fue alcanzado por un hombre joven, de pelo corto que vestía un buzo y un pantalón de gimnasia azul y llevaba un bolso blanco. Fue arrojado al suelo y esposado o maniatado con algún elemento.

Andrade los siguió unos 150 metros y pudo ver que se dirigían nuevamente a la manzana 12, donde estaba la comisaría 40. En tanto, Ramírez aseguró que vio unas esposas plateadas y que pudo verlos a ambos llegar hasta la vereda de la comisaría. A estos testimonios se le sumó el de un vecino que incluso llegó a abrir la puerta de su casa y hablar con el sujeto. “Podés llamar al Comando Radioeléctrico”, le habría dicho mientras esposaba a Christian, quien se encontraba tirado sobre un montículo de arena.

Otro vecino agregó que escuchó las corridas y al asomarse pudo ver a dos hombres, uno de ellos caminaba adelante y esposado con sus manos detrás de la nuca y los codos hacía adelante. Detrás iba otro hombre apuntándolo con un arma calibre 9 mm o 45.

Fueron en total seis las personas que aportaron su relato en la investigación y todos ellos concordaron al señalar que el sujeto que detuvo a Guardati lucía (por su corte de pelo y el uso de borceguíes) y actuaba como un policía. También concordaron al indicar que el joven estaba esposado y que el otro sujeto llevaba un arma. Otra coincidencia fue el rumbo hacía donde se dirigían: el destacamento 40.

La ausencia

Christian no volvió nunca más a su casa e Hilda Lavizzari –su madre- inició esa mañana un largo camino que, tras 30 años aún, no logra concluir. Ese domingo fue a buscarlo a la comisaría del barrio La Estanzuela donde supuestamente había pasado la noche su hijo, pero la policía negó que el joven haya ingresado. La mujer, que ahora tiene 80 años y vive en Chile junto a su hijo menor, decidió hacer la denuncia en la Comisaría 7°, ubicada en ese momento frente a la plaza Godoy Cruz.

Fue el 26 que se abrió la investigación, la cual estuvo plagada de irregularidades desde el comienzo, y ese día se decidió tomarle una declaración a uno de los amigos de Guardati, quien narró lo que vio y también aportó datos personales del resto de los jóvenes que conformaban el grupo. A pesar de contar con esta información, la citación para testimoniales solo se hizo varios meses después (en septiembre), algo que luego fue utilizado para desacreditar los testimonios.

Los efectivos que abrieron la investigación de búsqueda de paradero tampoco informaron al juez de Instrucción sobre la queja de Lavizzari. “Esta falta de comunicación impidió que un Magistrado pudiera dar directivas sobre el curso u orientación de la investigación”, se asegura en el informe de la Comisión creada por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizado por Luis Marcó del Pont, Jorge Cardozo, Alejandro Poquet, Eduardo Orozco y Alejandro Piña con fecha del 16 de agosto de 1996.

Otro hecho fuera de regla es que se les dio conocimiento a los cuatro efectivos que trabajaron esa noche en la comisaría 40 sobre el reclamo presentado por la mujer. Esto originó que, desde ese momento, los efectivos mantuvieran un relato “calcado” sobre lo ocurrido esa noche y jamás cambiaran su declaración, es decir, un pacto de silencio.

Esa maldita policía mendocina

En los ’90 muchas prácticas –y hasta efectivos- de la dictadura se mantenían. La democracia en Argentina se mostraba aún frágil. A la desaparición de Raúl Baigorria (28) y Adolfo Garrido (31) durante la tarde del 26 de abril de 1990 tras ser interceptados por personal policial en la rotonda de Monseñor Orzali se sumaría, en 1997, la desaparición y muerte de Sebastián Bordón, el joven que se encontraba en un viaje de egresados en el sur de Mendoza.

Fue en ese contexto que, en febrero de 1993, Walter Rubén Godoy, Oscar Ramón Luffi, Walter Rolando Páez y José Antonio Aracena fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado en base a los testimonios de los vecinos y los amigos. Varios de ellos pudieron reconocer a Godoy como la persona que detuvo, maniató y trasladó hasta la comisaría al joven.

El cargo de homicidio fue alentado debido a una notificación que se realizó desde el hospital Lagomaggiore que indicaba que el 26 de mayo ingresó a ese centro asistencial un cadáver identificado como N.N. A partir de los dichos de dos camilleros y el chofer de la morguera policial, la descripción del cuerpo y la ropa que usaba coincidía con Guardati. Este cuerpo luego fue hallado en el crematorio del Cementerio de la Capital.

Los imputados fueron en total 10, los cuatro efectivos que estuvieron esa noche en la Comisaría 40, empleados de la guardia policial del hospital Lagomaggiore y del Cementerio de la Capital debido a que se agregó el encubrimiento. Es que, se pudo constatar irregularidades en los libros de guardia y en las planillas de novedades.

La defensa de los policías (los cuatro adoptaron el mismo abogado) presentó una apelación y la Quinta Cámara del Crimen dictó la falta de mérito el 16 de febrero de 1993. Fue a partir de allí que la causa inició un periplo por el que pasaron casi una decena de jueces y fiscales.

En julio de ese mismo año, se volvió a procesar a Godoy por privación ilegítima de la libertad, pero nuevamente la Quinta Cámara del Crimen señala que no se ha establecido con contundencia su autoría y pide el sobreseimiento.

Las razones que dejaron libre a Godoy

Tras una investigación que, desde sus inicios, mostró irregularidades, el principal sospechoso había quedado libre. Los magistrados de la Quinta Cámara del Crimen señalaron que dos de los testigos no habían podido señalar a Godoy en una rueda de reconocimiento. También le adjudicaron valor a los dichos de otras tres personas que señalaron que este efectivo y otro compañero habían estado cumpliendo tareas de custodia en el baile de la escuela Atilio Anastasi y que portaban su uniforme. Por lo tanto, no habría tenido tiempo de cambiarse de ropa y perseguir al grupo de amigos.

Estos argumentos luego fueron puestos en duda por la Comisión ad-hoc donde se expuso que uno de los testigos (Reynoso) a pesar de haber dudado, sí pudo reconocer a Godoy como la persona que detuvo a su amigo. Además, se señaló que el joven solo tenía 15 años en ese momento y que, días antes de su declaración, había pedido garantías debido a que aún vivía en el barrio y debía testificar en contra del personal policial.

En tanto, las declaraciones de los efectivos fueron muy valoradas por los magistrados que permitieron su liberación. “Claridad, precisión y coincidencia”, fueron algunas de las palabras que se utilizaron para apreciarlas. Este punto también fue rebatido por la comisión, apuntando que, en realidad, estas consideraciones surgían a partir de un acuerdo entre los sospechosos para brindar un relato en común.

Sin embargo, hubo puntos que no se tomaron en cuenta a la hora de exculpar a los uniformados. Uno de ellos fue cómo actuaron ante la consulta de la madre de Guardati sobre el paradero de su hijo donde hasta llegaron a mostrarle el libro de novedades, práctica que no es usual. Además, la comisaría tampoco había incorporado como novedad los disparos que buena parte de los vecinos aseguraron haber escuchado a pocas cuadras del destacamento.

Una investigación con anomalías

Desde la comisaría 7° se inició la investigación el 26 de mayo, desde un primer momento contaban con el testimonio de uno de los amigos de Christian quien había otorgado los datos personales de los otros jóvenes que estuvieron esa noche y hasta sus direcciones, sin embargo, se esperó 100 días para tomar sus declaraciones y citarlos a una rueda de reconocimiento. A quienes sí se llamó, y fue en calidad de testigos, fue a los agentes Godoy y Aracena.

Otro punto oscuro se relaciona con la fecha en la que la actuación sumarial fue notificada al Juzgado de Instrucción debido a que, si bien está fechada el 18 de junio de 1992, no cuenta con sello ni firma de recepción. Esto conlleva a que, durante los primeros días, fueron justamente policías quienes lideraron la investigación que tenía como principales sospechosos a otros efectivos, sin la participación de un juez.

Un caso que cobró relevancia internacional

Luego del sobreseimiento, los abogados de la madre de Guardati pidieron la intervención de los tribunales internacionales, fue así que surgió el informe de la Comisión Ad-hoc. Esto culminó con un duro informe sobre el accionar policial y de la Justicia, además se responsabilizó al Estado de Mendoza por la desaparición del joven y se obligó a reparar económicamente a la familia. En 1998, se llegó a una solución amistosa y el dinero fue destinado a pagar los gastos legales para que la causa se mantuviera abierta. La lucha continuaba.

Según la madre de la víctima la causa fue paralizada y no fue hasta 2012 que se dispusieron nuevas medidas. La investigación recayó sobre la fiscal de homicidios Claudia Ríos quien se centró en el Cementerio de la Capital y ordenó varias exhumaciones para hallar el cuerpo de Christian. Ninguna de ellas tuvo resultados concluyentes.

Muchos cambios tuvieron que ocurrir y la lucha de la familia fue constante para que el caso no quedara en el olvido. La introducción de la figura de “desaparición forzada” colaboró a que este delito fuese imprescriptible. Además, se transfirió la causa a la Justicia Federal.

A 31 años, en la última semana el extensísimo expediente se reactivó con la disposición de un nuevo análisis para determinar si los restos que descansan en el Cementerio de la Capital son los de Guardati, estos ya habían sido analizados, pero ahora esperan que, la aplicación de nuevas tecnologías forenses, puedan otorgar más precisiones.

En tanto, Hilda Lavizzari aún espera al menos contar con un espacio donde llevarle flores a su hijo.