Se conoció la pena para un conocido financista en su causa por drogas

La fiscalía y la defensa que intervienen en la causa que tiene al financista Juan Ignacio Suris, expareja de la vedette Mónica Farro, acusado por comercialización de estupefacientes, acordaron una pena de seis años de prisión en el marco de un juicio abreviado que se lleva adelante ante un Tribunal Federal de Bahía Blanca. 

En la misma audiencia, las partes comunicaron un acuerdo de una condena de 3 años y 3 meses, con libertad condicional, para Ezequiel Norberto Ferreyra Reynoso, otro de los imputados en la causa por comercialización de cocaína y marihuana en la mencionada ciudad desde el 2011 hasta el 14 de diciembre del 2013.

El acto se llevó a cabo ante el juez Ernesto Sebastián, del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, y de ella participaron el fiscal general federal Gabriel González Da Silva y las defensas de Suris (46), y Ferreyra Reynoso (42), quienes la semana pasada habían firmado un acuerdo por las penas.

En el marco de la causa, otras siete personas ya recibieron prisión de entre tres y seis años en otro abreviado.

Ahora será el juez Sebastián quien resuelva la homologación del acuerdo de partes que involucra al financista. 

Al hacer uso de la palabra, el fiscal dijo que en el marco del acuerdo con la defensa de Suris fue "considerado como coautor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o mas personas".

"La pena que se acordó fue de seis años años de prisión", dijo González Da Silva al comentar que el acusado "permanece en libertad, sin perjuicio de lo cual tiene un registro en esta causa en particular de una detención de un año, ocho meses y once días".

También hizo referencia a otro expediente en la que fue imputado por asociación ilícita fiscal, en la que Suris sostuvo que tuvo un tiempo de cumplimiento de 3 años, 6 meses y 4 días de encierro. 

"Sumado los plazos de prisión preventiva, en ambas causas llevaría cumplido un plazo de detención de 3 años, 8 meses y 16 días", sostuvo el fiscal al adelantar que se pedirá que se computen los plazos en conjunto. 

Por su parte, el financista manifestó su consentimiento a acuerdo ante el juez y reconoció que hizo "algunas cosas que estuvieron por fuera de la ley".

"Agradezco a Dios que ya he tenido la conciencia para comprender esto", dijo este empresario al pedir que se le contemple todo el tiempo que estuvo detenido. 

"Quiero hacerme cargo de cualquier perjuicio que pudiere haberse ocasionado, estoy absolutamente arrepentido y quiero resarcirlo", expresó.

Por su parte, en el caso de Ferreyra Reinoso se pactó una pena de 3 años y 3 meses por ser considerado "partícipe secundario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención organizada de tres o mas personas de la Ley 23.737".

Al respecto, el fiscal señaló que cumplió dos tercios de la condena y podría acceder a la libertad condicional.

Suris, como el resto de los sospechosos, había sido absuelto en 2015 durante un juicio oral que fue luego anulado por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó que se lleve a cabo uno nuevo, que se resolvió que fuera abreviado.

En el primer debate de 2015, los magistrados Beatriz Elena Torterola, Juan Leopoldo Velázquez y Raúl Fernández Orozco absolvieron a todos los acusados al declarar nulas una serie de escuchas telefónicas.

Sin embargo, en 2016, los camaristas Eduardo Rafael Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani convalidaron esas pruebas y revocaron la absolución de primera instancia, lo que derivó en un nuevo juicio. 

De acuerdo a la hipótesis investigativa, desde 2011 y hasta el 14 de diciembre del año 2013, Suris junto con las otras personas se dedicaron a comercializar marihuana y cocaína en Bahía Blanca y sus alrededores.

La pesquisa se inició el 20 de septiembre de 2012 a partir de datos aportados por la Policía rionegrina a la bonaerense respecto de un conflicto que existía entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Luego, el personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) recibió un llamado que la alertó que sujetos vinculados al narcotráfico pensaban realizar un "ajuste de cuentas" con otra que estaba escondida en la quinta del empresario.