Piden el procesamiento de los miembros de la secta de Villa Crespo

Ante el juez federal Ariel Lijo, los fiscales Carlos Stornelli y Alejandra Mangano por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitaron que se dicten los procesamientos con prisión preventiva de 20 personas acusadas de integrar una organización criminal internacional que funcionó bajo la fachada de "Escuela de Yoga Buenos Aires" al menos desde 2004 y hasta el 12 de agosto pasado, cuando fue desbaratada. Entre ellos para su líder Juan Percowicz, quien actualmente se encuentra con domiciliaria. 

Los imputados están acusados de los delitos de reducción a la servidumbre, trata de personas, lavado de activos, ejercicio ilegal de la medicina y asociación ilícita.

Según surge de la investigación, la banda se dedicaba a captar personas mediante engaños, aprovechando su situación de vulnerabilidad, para incorporarlas a la organización con el fin de reducirlas a una situación de servidumbre y/o explotación sexual, construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en Argentina y Estados Unidos, que permitiera otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes. El beneficio económico era administrado por la misma organización mediante la compra de bienes inmuebles y automóviles, tanto dentro del país como en Estados Unidos, para lo cual trasladaba dinero en efectivo entre ambos países.

Según la pesquisa, una de las principales fuentes de financiamiento de la organización era la explotación sexual de algunas de sus "alumnas". La práctica sexual era una herramienta para conseguir los objetivos económicos pretendidos por el jefe de la secta y demás líderes, lo cual era transmitido a sus miembros como una forma de “sanación”. En ese contexto, cuanto más dinero y regalos conseguían como producto de esos encuentros y relaciones con personas de poder ajenas a la organización, más información se les suministraba dentro de la “Escuela” para poder "evolucionar" y subir de rango.

Según consta en la investigación, los encuentros suponían una práctica de esclavitud sexual en tanto las “alumnas” se encontraban a disposición de los clientes en el momento y lugar que ellos dispusieran durante largos períodos de tiempo. Al menos siete mujeres fueron sexualmente explotadas e incorporadas a la organización por sus familias cuando aún eran niñas o adolescentes.

Un caso ilustrativo de la práctica del “geishado” ordenado por los líderes de la organización lo relató una de las testigos y posteriormente fue corroborado por numerosa documentación secuestrada durante los allanamientos. La testigo detalló: “Entre las ‘personas de poder’ tuvo la oportunidad de conocer al director o presidente de una empresa que concurría asiduamente (…). Esta persona señaló que solía escuchar llorar a una de las víctimas en los momentos previos a los encuentros con un hombre de 'poder' por no querer estar con él. Esta situación siempre estaba mediada por una de las imputadas que le decía: 'Si a ella le gustaba el lujo y la comodidad la orden era esta, no había tiempo de elegir con quien querer estar (…)'".

La organización también contaba con la clínica denominada “CMI Abasto”, ubicada en la calle Guardia Vieja 4072, donde se realizaban las denominadas “curas de sueño”. Allí, según los elementos recabados, se administraban medicamentos para dormir a las personas durante varios días y se las despertaba solamente para comer, pues el objetivo declamado era que “descansaran” correctamente.

Sin embargo, de acuerdo con el MPF, las “curas de sueño” eran utilizadas por los miembros de la banda para disciplinar y aleccionar a los alumnos que se negaban a cumplir con las órdenes, o tranquilizar a quienes se encontraban alterados o deprimidos. En cualquiera de los casos ese tratamiento debía ser costeado por el alumno al que se le impusiera.

Por otro lado, la organización habría conformado una estructura financiera para el blanqueo de activos, como también para el desarrollo de negocios que brindaran mayores ganancias. Tal es así que contaba con al menos dos inmobiliarias que eran utilizadas para realizar inversiones vinculadas a bienes inmuebles en Argentina. Además, contaban con una empresa llamada “B.A. Group” con la cual se estima que dotaban de apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de las actividades de la organización.

Por otra parte, la organización contaría con un estudio jurídico que brindaba asesoramiento legal e impositivo para procurar que las operaciones de la organización no fueran detectadas por los organismos estatales de control y lograr el blanqueo de fondos ilícitos. El manejo contable estaba a cargo de tres de los imputados, quienes se reunían a principio de cada mes a realizar el cierre del balance económico, trasladar el dinero recaudado y pagar los sueldos.

Según refieren los fiscales, a los “alumnos” se les habría exigido un pago mensual mínimo de 200 dólares como aporte para la organización que podía llegar hasta la suma de 10 mil dólares según el caso. También se les habría establecido el objetivo de idear nuevas formas de ingresar capital a la organización.

En ese sentido, a partir de la captación de clientes influyentes o con alto poder adquisitivo, algunos de los miembros habrían operado con el fin de obtener grandes sumas de dinero para la organización. En ese contexto parte del dinero generado habría sido invertido en la compra de bienes inmuebles en Estados Unidos. La organización contaría con un patrimonio de 35 millones de dólares.