Tras las críticas del juez Bento, la Cámara Federal salió con los botines de punta

Esta semana, el juez federal Walter Bento -principal acusado en la causa de las coimas- elevó un escrito en el que informó que desistía de apelar su procesamiento y el de su esposa y que recurriría directamente a tribunales internacionales. Con ello, se desligó de la Cámara Federal de Mendoza, que iba tener que resolver el asunto y cuyos miembros acaban de salir a contestarle en durísimos términos tras el desaire. 

La respuesta se enmarca en una acusación previa que hizo el magistrado. En su texto reciente, Bento asegura que los camaristas forman parte de una maniobra de lawfare orquestada junto al juez a cargo del expediente, Eduardo Puigdéngolas, y el fiscal que lidera la investigación, Dante Vega.

"Atendiendo a las inexactitudes, descalificaciones y agravios vertidos en el acto procesal mencionado, resulta necesario que esta sala rechace y –a la vez dé respuesta- a las consideraciones que se acompañan en el escrito de desistimiento por parte de los recurrentes", comienza la contestación que dio la Cámara.

"Cuestiona a toda la Justicia argentina"

"Los cuestionamientos referidos -continúan los camaristas-, lejos de dirigirse a refutar o contradecir un determinado pronunciamiento judicial, se direccionan a cuestionar el funcionamiento pleno de un tribunal y del sistema de justicia de la República Argentina, al afirmar el descreimiento en nuestra administración judicial". Eso, claro, porque en la formulación de Bento este dice que irá directamente a tribunales con sede fuera del país.

La Cámara retrucó a la defensa de los imputados -representada por los abogados Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali- respondiendo que en cada una de las incidencias o legajos que fueron objeto de estudio de ese tribunal "se
indicaron precisamente los fundamentos que dieron sustento a las resoluciones adoptadas" y que, de todos modos, "en caso de no compartir lo allí decidido, no le puede escapar al conocimiento de los mencionados Bento y Boiza –juez federal y funcionaria judicial, respectivamente- el derecho que poseen de recurrir a otras instancias judiciales".

La idea de ir a "tribunales internacionales" se considera más una especie de grito en el cielo que una estrategia jurídica acorde a esta instancia del proceso penal. Sigue el texto de la Cámara: "no desconocemos el impacto que genera en la sociedad el hecho que de que un Magistrado de la Nación y una funcionaria judicial, a quienes el Estado les han confiado el trascendente cometido de administrar justicia y ser garantes de la legalidad para la protección de los ciudadanos en general, se encuentren procesados por ilícitos penales; ello, sin perjuicio del resultado de un hipotético juicio oral y público, y siempre respetando el principio de inocencia".

Duras consecuencias

Por todo lo anterior la Cámara Federal, a través de la firma de los jueces Alfredo Rafael Porras, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, dio por desistidos los recursos de la defensa técnica, con lo que los procesamientos contra Bento y Boiza quedan firmes.

En el caso de Bento, se le añade además la prisión preventiva, que no se cumplirá porque el juez aún conserva sus fueros (y, a juzgar por los ritmos del Consejo de la Magistratura, los conservará por los próximos tres siglos). 

Por último, quedó firme el embargo sobre bienes de Bento, por la cantidad de ciento setenta y siete millones
seiscientos diez mil pesos ($ 177.610.000); y sobre las propiedades de Boiza por el valor de ciento cuarenta y nueve millones
setecientos setenta y tres mil seiscientos pesos ($149.773.600).

Qué pasará con los otros imputados

Con las noticias de esta semana, tanto el procesamiento de Bento como el de Boiza quedan firmes, en tanto que la situación del resto de los numerosos imputados que apelaron el fallo de Puigdéngolas deberá ser definida por la Cámara.

Walter Ricardo Bento está acusado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo (cobrar coimas) en diez oportunidades; en concurso ideal con prevaricato, retardo de Justicia, enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo. Por su parte, Boiza está imputada por enriquecimiento ilícito y lavado.

En el expediente hay, asimismo, acusados por pagar "cometas", varios arrepentidos que han confirmado la tesis de la fiscalía y algunos testimonios que han salido a "bancar" a Bento. La batalla jurídica está lejos de haber terminado y en el centro sigue la estampa -en año de comicios- del juez federal con competencia electoral de la provincia.

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