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Unión Europea: detectan una red de fraude al IVA en varios países por US$56 millones

La red operaba en países de la Unión Europea y Reino Unido. Hay siete detenidos por fraude y registros en distintas economías de naciones.


Un total de siete personas han sido detenidas en Múnich (Alemania) por participar en una red que presuntamente cometió fraude por hasta 48 millones de euros con el IVA en la venta de pequeños dispositivos electrónicos; en el marco de una operación coordinada por la Fiscalía Europea que ha llevado a registros en siete países de la Unión Europea, además de Reino Unido.

Según ha informado la propia Fiscalía en un comunicado, la operación denominada 'Mela' implicó a más de 300 agentes de las autoridades fiscales y policiales de siete países, entre ellos la Guardia Civil, y permitió la incautación de una gran cantidad de documentos, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y productos de lujo como joyas, coches y oro por valor de 4 millones de euros.

La investigación se ha llevado a cabo en Alemania, España, República Checa, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Rumanía y Reino Unido y han permitido destapar una trama de empresas fantasmas con sede en territorio de la Unión y británico para aplicar un régimen fraudulento del IVA reducido sobre dispositivos electrónicos desde 2018.

La Unión Europea investiga

Según la investigación, se vendieron teléfonos móviles nuevos y otros pequeños productos electrónicos bajo el denominado "impuesto al margen" a clientes finales y entre empresas fantasma. Esto significa que el revendedor sólo tiene que pagar el IVA sobre el margen de beneficio que obtiene, y no sobre el precio total de venta del artículo, lo cual implica fraude.

Ursula von der Leyen Unión Europea dpa

La Unión Europea, cuya titular es Ursula von der Leyen, alerta a los países sobre la estafa detectada. Foto Efe

Esta regla sólo se puede aplicar sobre bienes revendidos a los que ya se aplicó el IVA, pero en este caso se cree que los productos eran nuevos pero se presentaban como revendidos en la documentación, lo que permitía comercializarlos como de segunda mano a un precio inferior, incurriendo en una competencia desleal y en la pérdida de 48 millones de euros en la eventual recaudación del IVA.