Qué cambió Bachelet al informe sobre Venezuela, a pedido de Maduro

La periodista Emily Avendaño del diario El Líbero de Chile detalló cuál fue el primer borrador y qué concesiones hizo la expresidenta de Chile al gobierno chavista, desde su análisis. La cuenta indica que Bachelet cambió 10 afirmaciones.

Redacción MDZ

Bachelet en Venezuela.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitió al Gobierno de Nicolás Maduro, el 28 de junio, una «versión avanzada no editada» del Informe que presentará hoy ante el Consejo de DD.HH. de la ONU. El régimen respondió con 70 observaciones y solicitó que se corrigieran los “errores” del texto. En el documento difundido ayer de la ex Presidenta se toman diez de estos comentarios que van desde no referirse explícitamente a una «crisis humanitaria» a omitir la presencia de «grupos armados de nacionalidad extranjera dentro del territorio de Venezuela», como el ELN. Pese a esto, para las ONG venezolanas, el texto fue “contundente”.

Si en algo hubo acuerdo entre los activistas en Derechos Humanos venezolanos, en cuanto al informe difundido  por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y que será presentado hoy ante el Consejo de DD.HH. de la ONU es en que se trata de un texto “lapidario” que en 18 páginas «retrata de manera contundente la gravedad de la crisis de DD.HH. en Venezuela, la crisis económica, el padecimiento de la población y desglosa temas muy importantes: la libertad de expresión, la justiciabilidad de los derechos, la exigibilidad de los derechos, las personas privadas de libertad arbitrariamente, la violación de los derechos políticos”, resume la abogada Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, que atiende a víctimas de la violencia política.

El texto de la ex Presidenta se explaya en descripciones a las violaciones a los derechos de alimentación y salud, al uso de los programas sociales como mecanismos de control social, a cierres de medios de comunicación, persecución por motivos políticos, ataques a los miembros de la oposición, al uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado -a los que además responsabiliza por torturas y posibles ejecuciones extrajudiciales-, a las detenciones arbitrarias y la existencia de presos políticos, al maltrato a los pueblos indígenas y las dificultades de acceso a la justicia para las víctimas, entre otros puntos.

Pero así como el texto de Bachelet se explaya en acusaciones, el gobierno de Nicolás Maduro dice que el texto cayó en “errores”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país hizo públicas las observaciones hechas por el Estado al informe, pues el pasado 28 de junio recibieron una “versión avanzada no editada”, en idioma inglés, del documento.

“La OACNUDH invitó al Gobierno venezolano a enviar sus comentarios por escrito sobre errores de hecho contenidos en el señalado informe, de conformidad con los lineamientos institucionales de esa Oficina”, comienza la respuesta del régimen de Maduro, que emite 70 comentarios y descalifica el texto por presentar “una visión selectiva y abiertamente parcializada”, además de apuntar a fallas metodológicas.

Al comparar ambos textos queda en evidencia que la Oficina de la Alta Comisionada tomó nota de 10 de estas observaciones.

“El informe afirma que miembros del Gobierno habrían reconocido ciertos aspectos de la ‘crisis humanitaria’. Esta afirmación resulta errada pues ninguna autoridad ha reconocido la existencia de una ‘crisis humanitaria’ en Venezuela”, reclama el régimen en los puntos 14 y 15. Dicen también que les preocupa la “ligereza” con la que la OACNUDH utiliza este término.

Al revisar la versión definitiva del texto, no hay ninguna mención a la “crisis humanitaria”. En su lugar se refiere a la “crisis económica” y a la “situación humanitaria”, principalmente por la escasez de alimentos y medicinas.

“Lo importante es que describe la realidad, lo que no hace es ponerle el nombre que le corresponde, pero al decir que no hay suficientes alimentos, medicinas, y que eso se debe a políticas del gobierno, previas a las sanciones, está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que para el gobierno es una cuestión de honor no llamar esto crisis humanitaria y es una de las concesiones que ella hace”, opina Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien insiste en que lo que hay que destacar es que sí mencionan las graves violaciones de los DD.HH., el ataque sistemático a la población civil, la represión al pueblo pemón y la tortura, “que es donde más se ha afincado, porque efectivamente se trata de un patrón del Estado y no de hechos aislados”.

Sanciones económicas y presencia paramilitar extranjera

Una de las novedades que tuvo la elaboración de este informe fue que los funcionarios de la Oficina pudieron verificar in situ la situación en Venezuela. Hubo dos viajes, el primero realizado por un equipo de avanzada, del 11 al 22 de marzo, quienes visitaron cuatro regiones del país; y la visita de la propia Alta Comisionada del 19 al 21 de junio, quienes se reunieron con distintos sectores de la población civil y tuvieron la oportunidad de contar, además, con la versión de los representantes del Gobierno de Maduro sobre las razones de la crisis y las medidas tomadas para solventarlas.

Uno de los puntos en los que insiste la respuesta de Maduro a Bachelet es que no se le da suficiente importancia al impacto de las sanciones sobre 150 funcionarios del régimen y sobre la estatal Petróleos de Venezuela. El documento sí tiene un apartado dedicado a las “medidas coercitivas unilaterales”, en el que se deja en claro que los indicadores comenzaron a degradarse antes de que se impusiera cualquier sanción y, sin embargo, les concede que las últimas medidas están “agravando aún más” la crisis económica y, por tanto, la situación humanitaria.

En otros casos, las correcciones a la versión definitiva del informe tienen que ver más bien con omisiones. Según el reporte de Maduro, sobre la versión que le llegó desde la Oficina de la Alta Comisionada, “el informe alude a la supuesta presencia de grupos armados de nacionalidad extranjera dentro del territorio de Venezuela”. Ese punto alude a la descripción hecha de la situación de los pueblos originarios, a quienes, dicen, les violan sus derechos colectivos al territorio y los recursos naturales. A lo largo de las 18 páginas conocidas ayer, no hay ninguna mención a “grupos armados extranjeros”. En su lugar, el texto final relata que los indígenas han perdido el control de sus tierras debido a la militarización por parte de los agentes del Estado, “a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados”.

La ONG Fundaredes ha hecho repetidas denuncias de que en Venezuela “más de 28 frentes, conformados por miembros de diferentes agrupaciones irregulares armadas colombianas, actúan con total libertad a través de diversas actividades ilícitas con la anuencia y protección del régimen de Nicolás Maduro”. Aseguran que en el país petrolero hay presencia de 8 frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 6 movimientos conformados por la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 4 frentes del Ejército Popular de Liberación (EPL), acusaciones que presentaron en la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Medellín.

Otro punto que «corrige» Maduro es que en “el párrafo 19, el informe afirma que 20 mil niños ‘morirán como consecuencia directa de la crisis’”. Esta línea fue eliminada del informe. Lo que sí dice es que la Encuesta Nacional de Hospitales, de 2019, constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales y, aunque el gobierno niega esta información, mantiene que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019.

Con información proporcionada por el Gobierno

En otros puntos, la Alta Comisionada lo que hace es agregar la información oficial, entregada por el Gobierno de Maduro. En los puntos 56 y 57, las observaciones al informe se refieren al desarrollo de las operaciones de seguridad ciudadana, y reclama que “se obviaron los datos oficiales suministrados por el Estado en relación con la investigación y sanción de las denuncias de violación de derechos humanos en el marco de dichas operaciones”. Por lo que la Oficina agrega la información del Ministerio Público que dice que hay 388 funcionarios del FAES (las fuerzas especiales), adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, que están siendo investigados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio, cometidos entre 2017 y 2019.

El Estado venezolano responde que es errónea la información de que no se habría investigado las denuncias de “supuestas violaciones a los derechos humanos”, por lo que en el mismo punto 53 el documento de la Oficina suma que “de acuerdo con el Gobierno, para junio de 2019, 44 personas estaban detenidas y 33 órdenes de arresto habían sido dictadas contra otras personas por su presunta responsabilidad por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2017 y 2019”.

El Informe de la Alta Comisionada se detiene en las torturas y malos tratos. Dice que entre enero de 2014 y mayo de 2019, hubo 15.045 detenciones por motivos políticos. “Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones” y reportan la existencia de víctimas de aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas, de los que señala como responsables a cuerpos de seguridad como el Sebin y la DGCIM.

En concordancia con una observación de Maduro agregan que el Ministerio Público conoce de 72 denuncias por torturas o tratos crueles, por las que hay 174 personas privadas entre 2017 y 2019 y especifican: “No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones”.

También, a petición del gobierno de Venezuela, mencionan los sucesos del 4 de agosto de 2018, cuando se reportó una “tentativa de asesinato” en contra del Presidente de la República. Situación que el informe omitía al referirse a que se ha levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, 16 de los cuales han buscado protección en Embajadas extranjeras, han abandonado el país o se han escondido.

Las observaciones de Maduro reclaman que la Alta Comisionada utilizó “información no oficial” para referirse al número de protestas que hubo en el país, “obviando los datos suministrados por el Estado”. La respuesta entonces fue citar ambas fuentes. «Según el Gobierno, en 2017 ocurrieron 12.913 manifestaciones, 7.563 en 2018 y 3.251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019. Sin embargo, según la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), se produjeron 9.787 manifestaciones en 2017, 12.715 en 2018 y 9.715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019”, citan. Añaden que la Guardia Nacional (GNB), la Policía Nacional (PNB), las FAES y algunas policías estatales y municipales “presuntamente hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones”.

La última información, en principio, "omitida" por la Oficina y agregada luego de las observaciones del régimen, tiene que ver con los obstáculos que padecen los venezolanos para obtener sus documentos de identidad. Lo cual vulnera su derecho a salir del país, a obtener una nacionalidad a vivir en familia e impide la reunificación familiar. Por lo cual agregan al texto que “según información del Gobierno, entre 2017 y 2019, el Ministerio Público ha registrado 85 denuncias contra funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería; 196 funcionarios están siendo investigados, 87 fueron acusados y 34 condenados, todos por corrupción”.

El visto bueno de las ONG

El abogado Alejandro González, miembro del Bloque Constitucional de Venezuela, dice que la respuesta del régimen de Maduro es “previsible”, al verse acusado de graves violaciones al derecho internacional de los DD.HH., y al derecho internacional humano. Subraya que “incurre en el descaro de negar todos los señalamientos del Informe, incluso, que en Venezuela no existen presos políticos”.

En cambio, el informe de la Oficina de la Alta Comisionada lo califica como: lapidario, contundente y acusador. “Los datos, cifras y referencias son elocuentes. El sustento de los señalamientos son los propios informes de la OACDHONU, y los informes de las ONG venezolanas. El Informe, con sus señalamientos, configura a un régimen tiránico, vesánico y de fuerte vocación totalitaria. Es un mazazo para la tiranía, pues no puede impugnarlo así como así, ante su mercado político en Europa y Latinoamérica. Puede impactar en algunos invitados a la reunión del Foro de São Paulo”, infiere.

Para Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, el documento “no da ningún punto a favor del régimen actual en Venezuela. Creo que es una gran labor, un gran trabajo y un gran esfuerzo, que deja ver la actuación de la Oficina de la Alta Comisionada como un organismo imparcial e independiente. Ahora lo que viene es qué va a pasar después”, afirma sobre si Maduro cumplirá o no con las recomendaciones del informe.

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