Polémico voto en la ONU: no se pueden tercerizar las relaciones exteriores
Hay una máxima liberal en la que el presidente Javier Milei cree fervientemente: el Estado no debe hacer aquello que el sector privado puede resolver sin su ayuda. Es la idea que está detrás de las privatizaciones impulsadas por el Gobierno y de la desregulación generalizada que lleva adelante el ministro Sturzenegger, que apunta a delegar en los ciudadanos lo que antes estaba en manos de burócratas.
Ese mismo espíritu está guiando las relaciones exteriores. No sólo por la motosierra que aplica el canciller Werthein eliminando secretarías, unificando embajadas y consulados, y frenando el ingreso de nuevos integrantes al cuerpo diplomático. El Gobierno demostró esta semana que además avanza en un proyecto de tercerización de la política exterior. La delegación en este caso no sería hacia empresas privadas ni hacia los ciudadanos, sino hacia otro país: Estados Unidos.
Nadie debería sorprenderse. Milei ganó las elecciones prometiendo un alineamiento irrestricto, y es lo que está haciendo. La confusión se debe a que muchos creyeron que ese alineamiento se limitaba a subir definitivamente a la Argentina al barco de Occidente, que tiene el timón en Washington DC. Eso implicaría orientar las grandes decisiones estratégicas a los objetivos generales de Estados Unidos, a su visión de cómo debería ser el orden político global.
Así fue durante 2024. Argentina dejó el flirteo con las autocracias latinoamericanas y globales —que había sido casi política de Estado durante los cuatro gobiernos kirchneristas— y se puso del bando occidental en los principales conflictos abiertos hoy en la región en el mundo. Con esa lente hay que ver la decisión de rechazar la invitación a sumarse a los BRICS, el grupo que fundaron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es hoy una de las principales herramientas de Beijing para ampliar su influencia en la escena global, y que incorporó nada menos que a Irán, entre otros países poco amigables.
Pero esto no significaba que en cada votación en los foros internacionales debía imitar a Estados Unidos. De hecho, hubo muchas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en las que Argentina se diferenció. Por ejemplo, todas las políticas de género, diversidad y ambiente que conforman la Agenda 2030 —rebautizada Pacto para el Futuro— fueron rechazadas por la Cancillería a pesar de que eran promovidas por el gobierno de Biden.
El punto de inflexión fue el 20 de enero, cuando Donald Trump desembarcó en la Casa Blanca por segunda vez. Entonces comenzó la verdadera tercerización de la política exterior argentina.
Una ventaja innecesaria
Los dos ejemplos más claros se vieron esta semana. En un caso, Argentina decidió incluir al Tren de Aragua en el Registro de Entidades Vinculadas al Terrorismo días después de que el Departamento de Estado la declarara organización terrorista internacional. Es una banda surgida en 2005 en una cárcel venezolana, que se extendió por todo el continente con el éxodo venezolano que comenzó con fuerza en 2017.
Hoy es una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes y peligrosas de América. Tiene vínculos directos con el régimen de Maduro, que la utilizó el año pasado para secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda, un militar disidente que vivía en Chile con su familia en condición de refugiado. Una muestra aterradora del alcance de las fuerzas que responden a Diosdado Cabello.
Que Estados Unidos la haya incluido en su lista negra tiene sentido. Hay registro de su presencia en 19 de los 50 estados, llegando a copar barrios enteros con niveles de violencia poco comunes. Que Argentina haga lo mismo es un poco más extravagante, porque no se tiene conocimiento de que actúe en el país. Pero va en línea con una política de seguridad centrada en actuar contra ese tipo de organizaciones y sienta un precedente que puede darle al Estado herramientas en el futuro, en caso de que el Tren de Aragua termine penetrando.
Mucho más inconsistente resultó el otro episodio de diplomacia tercerizada: la abstención en la Asamblea General de la ONU en una resolución que exigía la retirada inmediata de las tropas rusas que ocupan el 20% del territorio de Ucrania. Milei había hecho suya la causa ucraniana como no lo había hecho ningún otro líder latinoamericano. Invitar a Volodomir Zelensky a su jura fue el primero de muchos pasos dados por el Presidente en ese sentido. Hace apenas un mes se fundían en un abrazo al encontrarse en la Cumbre de Davos, donde mantuvieron una reunión bilateral en la que el mandatario argentino ratificó su apoyo.
Trump acababa de asumir en Estados Unidos y aún no estaba claro cuán profundo iba a ser el vuelco en su abordaje de la guerra en Ucrania. Que iba a presionar a Zelensky para firmar un acuerdo para terminar la guerra cuanto antes era esperable, pero nadie anticipaba que llegaría al punto de llamarlo dictador y votar en contra de una resolución así en Naciones Unidas. Sólo Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea y un puñado de países más lo acompañaron. Hasta China prefirió abstenerse. Pero todos los aliados de Ucrania votaron a favor de algo tan elemental como exigir el fin de la invasión rusa. Incluso los que también son amigos de Trump, como Giorgia Meloni.
Aunque condenable, la decisión de Trump puede tener sentido desde su óptica. Quiere terminar la guerra lo antes posible, extrayendo todos los beneficios que pueda de Ucrania. Después de los ataques, el gobierno ucraniano había aceptado firmar un convenio por el que entregaría a Estados Unidos la mitad de los fondos provenientes de la explotación futura de minerales críticos, gas y petróleo. Trump olvidó luego haber llamado dictador a Zelensky y lo recibió en Washington DC. Parecía haber una ventana de oportunidad, aunque tras el escandaloso final de esa cumbre, nadie sabe lo que va a pasar.
Pero volviendo a la decisión argentina, no hay forma de encontrarle sentido. “El Presidente privilegió que hay una lucecita para tener paz”, trató de explicar Werthein. Pero es evidente que el voto argentino en la ONU no altera en lo más mínimo la apuesta por un proceso de paz. Lo que sí altera es la percepción que hay en el exterior de la política argentina. No sólo por parte de Ucrania, sino de muchos países importantes que la respaldan.
Esto es un problema para una Argentina que necesita desesperadamente proyectar estabilidad. Es lo que está haciendo el Gobierno con la economía y es lo que se refleja en la caída del riesgo país. Pero atar la política exterior a la del presidente más impredecible de la historia estadounidense es muy peligroso. Para Trump la imprevisibilidad puede ser un activo, porque hace más creíbles sus peores amenazas. Para un presidente argentino, es una debilidad.
Delegar la política exterior no significa necesariamente perder inversiones ni va a hacer fracasar el programa de gobierno. De poco sirve exagerar. Lo decisivo sigue siendola economía, que haya estabilidad macro y reglas del juego propicias para invertir. Eso es lo que va a determinar en última instancia el desarrollo o no del país.
Pero la política exterior es una herramienta más, que puede destrabar conflictos y abrir nuevas oportunidades. Por eso es importante que haya un rumbo claro como el que fijó el presidente al comienzo de la gestión, alineándose a los valores occidentales. Pero para que la herramienta funcione hay que usarla, no prestársela a otro.
En muchos casos los intereses de Argentina van a coincidir con los de Estados Unidos, pero en muchos otros no. Los aranceles son un buen ejemplo. La economía estadounidense es tan grande que puede darse el lujo de una guerra comercial. Pero Argentina no puede darse el lujo de irse del Mercosur por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. El bloque regional representa el 20% de nuestras exportaciones y el 30% de las importaciones. El costo sería mayor al beneficio potencial.
Es sólo un ejemplo. El punto es que cuando un país está tan mal como Argentina, que tiene que remontar tantos años de declive, no puede dar ninguna ventaja. Tercerizar la política exterior es precisamente eso, dar una ventaja innecesaria.