¿Qué es Tren de Aragua y por qué Milei lo declaró terrorista?

El gobierno de Javier Milei ha dado un paso contundente en su política de seguridad al declarar, el 25 de febrero, a la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua como una organización terrorista. Este anuncio, realizado por el Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, no sólo marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en Argentina, sino que también alinea al país con una tendencia internacional impulsada por Estados Unidos.

¿Qué implica esta decisión? ¿Qué mensaje busca enviar el Ejecutivo argentino al catalogar a este grupo como una amenaza de esta magnitud? Para entenderlo, es necesario sumergirse en qué es Tren de Aragua, de dónde viene, cómo opera y por qué su nombre resuena desde las cárceles de Venezuela hasta los titulares de la política global.

Lo primero que hay que decir es que declarar a Tren de Aragua como organización terrorista no es un acto meramente simbólico. En Argentina, esta categorización habilita al Estado a emplear herramientas legales más severas contra sus miembros y asociados, como la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 26.734), sancionada en 2011. Esto significa que quienes sean identificados como parte de la banda podrían enfrentar penas agravadas, congelamiento de activos y una persecución judicial más intensa, además de facilitar la cooperación internacional para desmantelar sus redes.

La medida responde a una preocupación creciente: el avance del crimen transnacional en la región y la posibilidad de que Argentina, históricamente menos afectada por este tipo de organizaciones que países como Colombia o Chile, se convierta en un nuevo escenario para sus operaciones.

El Ministerio de Seguridad justificó la decisión señalando que Tren de Aragua representa “una amenaza a la seguridad nacional” por sus actividades delictivas, que incluyen narcotráfico, trata de personas, extorsión y asesinatos.

Esta resolución no surge en un vacío. El 20 de enero de este año, apenas iniciado su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que incluyó a Tren de Aragua en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, hecho que quedó consumado al publicarse en el Federal Register el 19 de febrero por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Al día siguiente, Canadá siguió el mismo camino, sumándose a esta cruzada internacional contra la banda.

La decisión de Milei, tomada días después, refuerza el alineamiento de su gobierno con la agenda de seguridad de Trump, una asimilación que ya se está dando en otros ámbitos, como la cooperación económica -el sábado Milei adelantó que firmará el tratado de reciprocidad de aranceles de la Casa Blanca-, la postura geopolítica -la delegación argentina se sumó a la cruzada de Estados Unidos de no condenar a Rusia por la guerra en Ucrania en Naciones Unidas- y la postura crítica frente a regímenes socialistas totalitarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela -que “casualmente” está vinculado con Tren de Aragua-.

Esta sincronía no pasa desapercibida: Argentina, bajo el gobierno libertario, quiere posicionarse como un socio clave de Washington en la región, especialmente en un momento en que el crimen organizado trasnacional ocupa un lugar central en el discurso político global.

Pero, ¿qué es exactamente Tren de Aragua y por qué ha generado tanta alarma? Para responderlo, hay que retroceder a sus orígenes. La banda nació en la década de 2010 en el Centro Penitenciario de Tocorón, ubicado en el estado Aragua, Venezuela. Su nombre, que combina el término “tren” (jerga venezolana para referirse a una banda carcelaria) con su lugar de origen, refleja su génesis: un grupo que inicialmente se organizó dentro del sistema penitenciario, extorsionando a otros reclusos y cobrando “protection money”.

Sin embargo, lo que comenzó como una operación local pronto se transformó en una maquinaria criminal transnacional. Aprovechando la crisis migratoria venezolana, que ha desplazado a más de 8 millones de personas desde 2015 según datos de la ONU, Tren de Aragua expandió sus actividades a países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil y, más recientemente, Estados Unidos.

Con más de 5.000 miembros estimados, según reportes de la ONG InSight Crime, la banda se ha convertido en un actor dominante en el crimen organizado de América Latina.

Sus actividades delictivas son tan variadas como brutales. Tren de Aragua se especializa en el tráfico de personas, particularmente de mujeres y niñas migrantes, a las que somete a explotación sexual y deuda forzada. También se dedica al narcotráfico, manejando rutas de cocaína y drogas sintéticas como el MDMA, al contrabando de armas, a la minería ilegal y a la extorsión. Uno de sus métodos más crueles, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su informe del 10 de julio de 2024, es asesinar a quienes intentan escapar de sus redes y publicitar esas muertes como advertencia.

En Chile, la banda ha sido vinculada al asesinato del exmilitar venezolano disidente Ronald Ojeda, secuestrado el 21 de febrero de 2024 en Santiago y encontrado muerto nueve días después, el 1 de marzo, en un campamento en Maipú. El fiscal chileno Héctor Barros afirmó el 20 de enero de este año que el crimen fue ordenado por el régimen de Maduro y ejecutado por miembros de Tren de Aragua, evidenciando un vínculo directo con el chavismo.

Ese nexo con el régimen venezolano es, quizás, uno de los aspectos más inquietantes de la banda. ¿Cómo pudo una organización criminal crecer tanto sin el consentimiento, o incluso la complicidad, de las autoridades? Tren de Aragua operó durante años desde Tocorón, un penal que funcionaba como su cuartel general, equipado con lujos como piscinas y discotecas, según imágenes difundidas tras una operación policial el 20 de septiembre de 2023, cuando 11.000 efectivos venezolanos tomaron el control del lugar. Sin embargo, su líder, Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, escapó durante el operativo y sigue prófugo, con una recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de EE.UU. desde julio de 2024.

Informes de inteligencia, como uno de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en 2024 -citado por The Heritage Foundation-, sugieren que el régimen de Maduro utiliza a Tren de Aragua como un “brazo ejecutor” para atacar a sus detractores en el exterior, como en el caso de Ojeda. Además, figuras como María Iris Varela, exministra de Asuntos Penitenciarios entre 2011 y 2020, han sido señaladas por su presunta tolerancia hacia el crecimiento de la banda durante su gestión, un período en el que se implementaron programas de liberación masiva de presos, como “Pasos de Libertad” (2019), que soltó a 2.000 reclusos, muchos de los cuales se sospecha se unieron a Tren de Aragua.

En Estados Unidos, la banda se instaló con fuerza en los últimos años, convirtiéndose en un foco de atención durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2024. El líder del movimiento MAGA prometió deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, apuntando específicamente a Tren de Aragua tras incidentes como los ocurridos en Aurora, Colorado. En agosto de 2024, videos virales mostraron a presuntos miembros de la banda, armados, irrumpiendo en un complejo de apartamentos habitado por migrantes venezolanos.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. reportó en octubre del año pasado haber identificado a 600 personas con posibles vínculos a Tren de Aragua, de las cuales 100 fueron confirmadas como miembros. Este dato, aunque limitado por la falta de acceso a registros venezolanos, subraya la preocupación por su presencia.

Para Argentina, la declaración de Milei no solo responde a esta amenaza global, sino que también envía un mensaje interno: el gobierno no tolerará la infiltración de grupos como Tren de Aragua en su territorio. ¿Podría el país convertirse en un nuevo blanco, dado su rol como destino de miles de migrantes venezolanos? La respuesta dependerá de la efectividad de las medidas que se tomen y de la colaboración con aliados como Estados Unidos.

Mientras tanto, el Tren de Aragua sigue siendo un recordatorio de cómo las crisis políticas y económicas, como la de Venezuela, pueden exportar no solo personas, sino también problemas que trascienden fronteras, desafiando a gobiernos y sociedades a encontrar soluciones en un mundo cada vez más interconectado.