Las claves de Bachelet para bajar 10 por ciento el delito

Sin embargo, en aquella consulta, una luz de esperanza surgió desde algunos de los especialistas. Por ejemplo, Marcela Smutt, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador. Sostuvo que “en diversos lugares del mundo se han implementado políticas públicas que permitieron lograr una reducción significativa los índices de violencia en periodos de un año y medio o dos por ejemplo. Tales los casos de Medellín que logró una reducción importante en un período de, por lo menos, dos años y el de Bogotá. Además, el Municipio de San Martín en El Salvador, logró reducir más de 40% los índices de violencia armada en un año y medio. Creo que es muy importante ver tanto la reducción en períodos cortos, como la sostenibilidad de la medida, lo cual sólo se logra a través de la implementación de políticas integrales que incluyen medidas de control, las cuales tienen un impacto en un corto plazo, acompañadas de medidas de prevención, (cultura ciudadana, construcción de capital social,) que garanticen su sostenibilidad”.

El caso chileno

Bachelet cree que sí se puede. De hecho, lejos de prometerlo en campaña lo hizo ya en el poder y, por ello, ofrece monitoreo para que se cumpla. Pero eligió determinar ejes y qué tipo de delitos son los que pretende disminuir, algo más específico y posible de ser monitoreado.

En la presentación del plan el Gobierno de Chile ofreció todas las estadísticas de la situación de seguridad, sin timidez y dando crédito a mediciones de entidades no estatales, como la Fundación Paz Ciudadana y la consultora Adimark.

Chile parte desde un diagnóstico para saber qué debe afrontarse. El "cómo" es lo que la política tuvo que definir.

Tampoco tuvo problemas para trabajar sobre los mapas del delito, sin estigmatizar, sino reconociendo la realidad y, de esa forma, pudiendo programar acciones.

En Chile, como en Mendoza o cualquier otro lugar, el delito no desarrolla en forma homogénea ni es estático. 

Por ello, la elaboración y puesta a disposición de los mapas del delito permite trabajar específicamente y no "al voleo" o tracción a ocurrencias, como suele suceder de este lado de la cordillera:

Los ejes

Chile apuesta a los municipios.

El plan chileno busca "generar soluciones conjuntas entre la ciudadanía y diversos organismos del estado a nivel local, donde serán prioridad las preocupaciones e intereses de cada comunidad".

Las iniciativas que componen la propuesta están orientadas en producir estrategias de seguridad con mirada local, donde la clave se encuentra en el trabajo en conjunto entre las autoridades y cada comunidad. Los principales ejes de "Seguridad para Todos" son:

1- Plan Comunal de Seguridad. Este eje entregará herramientas para priorizar el liderazgo local a través de municipios. El objetivo es que las comunidades decidan sus prioridades en la prevención del delito, fruto de un trabajo con las autoridades territoriales. A pesar de que se desarrollará en todas las comunas de Chile, los recursos se focalizarán en las 74 que concentran el 82% de las denuncias por delitos.

2- Narcotráfico y microtráfico. Propone una mejor coordinación entre el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones en 100 barrios críticos, además de realizar 80 procedimientos focalizados. A lo anterior se suman el Plan Microtráfico Cero impulsado en conjunto con la PDI, las indicaciones para perfeccionar la Ley 20.000 y el fortalecimiento del Plan Frontera Norte, que contará con más recursos y tecnología para combatir el tráfico de drogas en todos sus frentes.

3- Reinserción y nuevo Código Penal. Se creará un Comité Asesor para la elaboración de un nuevo Código Penal, actualizando las distintas categorías de delitos, la estandarización de las penas y la adaptación de sus formas de cumplimiento. En esa línea, la reinserción es también una parte fundamental de esta propuesta. Se ampliará de 14 a 36 comunas del Programa 24 Horas que trabaja con niños, niñas y adolescentes para que no vuelvan a delinquir, además de reforzar los programas de reinserción para adolescentes y adultos, y la creación de un Servicio Nacional de Reinserción en el Medio Libre, focalizando a las mujeres privadas de libertad.

Los recursos

Hasta allí los puntos destacados, enumerados tal cual los mencionó el gobierno trasandino. Pero nada puede hacerse sin los recursos. Algunos dicen, desde la sociedad civil y la justicia, que no están garantizados. Pero no es lo que afirma el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que conduce el plan y con poder de acción sobre todo Chile, un país unitario políticamente y centralizado administrativamente.

Explicó en el lanzamiento que “la coordinación entre policía y comunidad organizada es central en la prevención del delito. El plan tiene cinco ámbitos de acción, 16 prioridades y 61 metas, US$ 1.200 millones y 17 proyectos de ley, algunos ya están en discusión en el Congreso y los otros tendremos que enviarlos muy pronto” y agregó que si bien tiene continuidad, hay una “diferencia en cómo abordamos el tema, cuando decimos que va a ser un tema de todos, va a ser un tema de todos, eso significa que vamos a constituir por ley los Consejos Comunales de Seguridad, la articulación entre la autoridad comunal, el comisario, el fiscal, los servicios del Estado asociados, la comunidad organizada, todos van a tener que actuar con un plan de acción en adelante. Es algo obvio, pero hoy no se da”.

El plan fue discutido, analizado, ajustado y consultado antes de ser presentado. Es decir, es un paquete en el que cada pieza permite el funcionamiento de la otra. Si algo no funciona, se cae. Pero no es una promesa, sino una iniciativa que puede funcionar o no, pero a la que no se le escapa ningún detalle ni fue armada "para la prensa" o para "zafar" de alguna crisis.

Las 16 prioridades

Esas 16 prioridades de las que habló el ministro chileno están enumeradas en un plan que indica "el cómo" debe actuarse y están presentes en el documento que podés descargar haciendo clic aquí en PDF.

Son las siguientes:

1- Implementar el Plan Comunal. La nueva gobernanza de la Seguridad Pública 

2- Reforzar el rol de los gobiernos locales y de los servicios estatales territoriales en la recuperación de espacios públicos

3- Generar instrumentos para mejorar la convivencia vecinal y promover la paz social

4- Crear el Servicio Nacional de Reinserción Social en el Medio Libre 

5- Aumentar la oferta programática en materia de reinserción social y laboral 

6- Separar el ámbito de la protección de la infancia vulnerada en sus derechos y crear el Servicio Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley Penal 

7- Crear un nuevo Servicio Nacional de Apoyo a las Víctimas 

8- Reforzar la labor preventiva de la policía y la eficacia del sistema de persecución penal

9- Modernizar el Sistema Nacional de Inteligencia

10- Abordar frontalmente el crimen organizado y el tráfico de drogas en los barrios 

11- Restringir y sancionar el uso ilícito de armas 

12- Mejorar la regulación de eventos masivos y espectáculos públicos, perfeccionar la Ley de Violencia en los Estadios y la normativa de Seguridad Privada 

13- Conformar una comisión para avanzar en una Ley de Prevención de la Violencia y el Delito

14- Diseñar e implementar una política de Estado en materia de prevención social de la violencia y el delito

15- Contar con información confiable y oportuna, y perfeccionar los sistemas de medición de la violencia, el delito y la inseguridad

16- Reforzar el sistema de medición y evaluación de la violencia, el delito y la inseguridad

La opinión de la sociedad civil

La reconocida Fundación Paz Ciudadana valoró, especialmente, uno de los puntos del plan lanzado. La entidad, activa permanentemente en la materia, acaba de invitar a exponer al ex ministro de Justicia y Seguridad de Mendoza, Leopoldo Orquín, sobre su experiencia. Chile tomó, en aquellos años, el Plan Cuadrículas y lo transformó en su mentado Plan Cuadrante.

La entidad destacó el servicio de "reinserción social" y el proyecto de ley de prevención de violencia y delito. La directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Mertz Kaiser (foto), explicó que Chile tiene tasas relativamente altas de delitos contra la propiedad o de robos con violencia en el espacio público, que son los que afectan en mayor parte a las personas, por lo que llamó también a trabajar en la desarticulación de bandas organizadas.

"Lo que ocurre en este tipo de ilícitos es que hay organizaciones delictivas detrás. Mientras el sistema siga trabajando caso a caso no estamos dando una buena respuestas a una delincuencia que pareciera puntual pero que tiene niveles de organización importante" , agregó Mertz.

Por su parte, en diálogo con MDZ, Juan Gómez (foto), de Amnistía Internacional, manifestó un apoyo expectante. Sostuvo que "sin duda no se trata solamente de aumentar el número de policías para la persecución y represión de los delitos, sino que se trata de generar planes de seguridad pública a nivel comunal, y también programas de prevención a nivel de barrio con la participación de los vecinos. Ya había sido desarrollado anteriormente un Plan Cuadrante a nivel de barrio, en el que las personas pueden comunicarse directamente con una policía cercana y de respuesta rápida. Este nuevo plan vendría a profundizar este concepto".

Gómez advirtió que la Asociación Nacional de Fiscales alega que "no han sido considerados en términos presupuestarios, y que están absolutamente sobrepasados por el volumen de causas en curso, y que siendo la persecución penal uno de los pilares de cualquier plan de seguridad pública, no tiene ninguna lógica". Pero él mismo respondió a esa duda: " Es posible que en el nuevo plan, la persecución penal no sea uno de sus puntos principales, y se enfoque más en la prevención de la violencia y el delito, eso no lo sabemos, ya que el plan no se ha dado a conocer integralmente a la opinión pública".

El integrante de Amnistía Internacional y, también, de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (Clave), le dijo a MDZ que el programa trasandino "se hace cargo del problema del narco y microtráfico de drogas, y también de la modificación a la ley de control de armas, en especial la producción de armas hechizas, aunque no dice cómo; mayor regulación del porte y tenencia de armas, y un aumento de los requisitos para inscribir un arma, exigiendo exámenes psicológicos (ya lo contempla la actual ley)".

También, argumenta, tiene un fin político: el ex presidente Sebastián Piñera prometió bajar los delitos y no lo consiguió.  "Es de esperar -dijo Gómez- que este plan sí funcione, ya que existe la sensación que aún estamos a tiempo en Chile de controlar la delincuencia y el terrorismo evitando caer en los niveles de violencia que exhiben países como Venezuela, Colombia, Brasil o México".

Mientras tanto, el crítico periodista Patricio Mery (foto), que ha denunciado la corrupción en Carabineros y hasta la participación del actual jefe en un asesinato durante la dictadura de Pinochet, opinó que es "correcto que se inyecten recursos para seguridad directamente en los municipios".

Mery señaló que el foco del gobierno de Bachelet "debería estar puesto" en las siguientes tres cuestiones:

1) Focalizar los recursos en planes de prevención del consumo de drogas y alerta temprana para definir las causas de los delitos. Pobreza, segregación y exclusión.

2) Modernización de las policías, promover que se mantengan por mas tiempos los carabineros que conocen los problemas sociales. Armar un nuevo escalafón único de las policías terminar con la segregación de clase entre oficiales y suboficiales. Los suboficiales son explotados laboralmente, ganan menos y paradójicamente son los que más experiencia tienen.

3) Cambiar el régimen penitenciario y el hacinamiento de presos. Hoy las cárceles en Chile son escuelas del delito necesitamos centros penitenciarios de rehabilitación y reinserción. 

Allí está el plan de Chile y, adentro y afuera e ese país, muchos que aguardan expectantes que logre su cometido.