Narcos, políticos, policías, evasores y drogadictos: ¿por dónde empezar?
El experto en narcocriminalidad y mafias del Wilson Center, Juan Carlos Garzón, habló con MDZ sobre la profundidad del negocio en Latinoamérica.
Si el objetivo es terminar con el narcotráfico, hay que hablar de quien consume las drogas que se trafican y, por lo tanto, no se trataría tan solo de “hablar de”, sino de actuar. Pero si se hace eso, no se puede obviar el camino de la intervención policial de las redes de ilegalidad. Lo que sucede es que generalmente, en los países latinoamericanos, la opción es una u otra: la que le caiga más simpática al electorado, la que otorgue más rédito político o bien, la que impacte mejor, publicitariamente hablando. Seriedad cero.
Más o menos en esos términos –aunque con una validación académica y un tono experimentado en la materia- evalúa Juan Carlos Garzón, experto del Wilson Center de Washington, asesor del Ministerio de Justicia de Colombia y ex consultor de la OEA, el fenómeno del narcotráfico en el continente.
Hablamos con él a la luz de una serie de dudas que surgen a diversa escala. Por ejemplo, ¿con la detención del “Chapo” Guzmán se acaba el narcotráfico? ¿Con el modelo Uruguay de “marihuana libre” se combate la ilegalidad en la distribución de drogas? ¿Cada vez que los policías nos muestran a la prensa el secuestro de un kilo de cocaína se está “luchando” contra el crimen a gran escala o dosificando un presunto “éxito” policial en la materia? ¿Qué meta perseguir: terminar con los efectos nocivos del narcotráfico o dominarlo, controlarlo, mantenerlo a raya? Y así, podrían surgir muchas dudas más si nos colocamos al menos a unos metros por encima de un tema espinoso y de gran impacto social.
En diálogo vía Skype desde Washington, el colombiano Garzón, autor del libro “Mafias & Co.” (agotado en español y disponible en inglés en internet), es claro y preciso al evaluar acciones y resultados de parte de los gobiernos.
 El experto colombiano Juan Carlos Garzón. |
La idea que trasciende de la “lucha contra el narcotráfico” es tan solo que los narcos parecen “invencibles”. ¿Es así?
- Yo soy muy crítico sobre cuál es la meta que el Estado debe proponerse en esta materia. Para mí, por citar tan solo un ejemplo, no es factible que ésta pueda ser “Argentina libre de drogas”. Lo que han hecho los países que han podido hacerle frente al fenómeno es estudiar los comportamientos de los que participan en la economía criminal. Un buen caso es el de Estados Unidos en donde a diferencia de Latinoamérica, el impacto del narcotráfico no se manifiesta en la tasa de homicidios. Por lo tanto, esa no debería ser la meta, se equivoca el objetivo.
Garzón, al abonar su teoría de “doble acción” para hacerle frente a las consecuencias sociales de la venta ilegal de narcóticos, sostiene que ellas deben ser destinadas a:
1- El consumidor, usuario de drogas y trabajar sobre lo que pueda afectar ese consumo, en términos de salud pública. De ese modo, abordar especialmente a los que resulten casos problemáticos o difíciles y, para llo, el Estado debe dar una repuesta clara, al alcance de la mano e integral. “En esto –dice el especialista- se ha avanzado mucho”.
2- El crimen organizado, “la intervención en términos de seguridad”. Garzón sostiene que, en este punto, “las respuestas son las mismas: punitiva en materia indiscriminada. Los medios terminan siendo más importantes que los fines. Se cae en una falsa idea al aplicar la ley”.
¿Qué hacer entonces? “Hay que aplicar un enfoque territorial, estableciendo prioridades y disminuyendo los niveles de corrupción más allá de los kilos de cocaína que secuestre la policía y los muestre como un éxito”.
Los líderes frente al desafío
¿Están los líderes políticos de Latinoamérica informados con el abundante material de investigación existente, de modo de poder actuar sobre los diversos caminos existentes, en paralelo, para evitar las muertes que deja el narcotráfico? La pregunta es larga, pero necesaria. Sintetizando, el planteo es si “hacen lo que se debe o lo que les parece que les atraerá más votos”.
“Lo que hay que analizar –dice Garzón- es qué tan efectivas por sí solas son las políticas en el plano de la seguridad. Hay estudios que demuestran que no lo son, que no han arrojado resultados. El ejercicio de formulación de políticas públicas se basa mucho en prejuicios y presiones políticas, una mezcla de presiones que recibe el que las dirige a la hora de actuar. Eso genera inercia en las políticas de drogas. Es una manera de mostrar que ´algo que se está haciendo´. Da la impresión de que ´algo se hace´. No son resultados finales. Los líderes políticos tienen mucha información disponible. Pero la política es mucho más compleja”, analiza.
¿Qué reclamar a nuestra dirigencia política al frente del Gobierno?
- Hay algunos políticos que están dispuestos a experimentar otras vías para dar respuestas. Tomar determinaciones en el sentido correcto aunque implique un riesgo en términos políticos de corto plazo.
La intervención en la “economía del crimen”
Toda estructura criminal se basa en una demanda a la que hay que satisfacer con demanda. La inseguridad es, en gran medida, una actividad económica desde su origen, cuando alguien que necesita algo se lo quita al otro. Pero también desde cualdo alguien necesita algo, como droga, y –como está prohibida su venta en forma legal- la fabrica, distribuye y entrega por fuera del sistema comercial y sin controles, por ejemplo, impositivos.
Lo que sucede es que la mirada que se le ha impuesto al monstruoso fenómeno de “la inseguridad” está sobre sus consecuencias: golpes, muerte, destrucción, despojo.
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El experto calcula algunas cifras del negocio, basándose en estudios de organismos multilaterales especializados, aunque reniega de aquellos a quienes les gusta mostrar un impacto comparativo con el PIB de los países.
Al respecto, Garzón sostiene que “hay que estimar el precio de las drogas ilícitas y a partir de eso sacar el cálculo. En Estados Unidos se estima en 38 mil millones de dólares el volumen del negocio y la cocaína de Sudamérica que va a Europa se estima en unos 35 mil. Son cálculos de 2010 y 2011 y hasta ahora no han sido actualizados”.
Esto es así teniendo en cuenta a la cocaína puesta en el país destinatario. “Hay que tener cuidado con esas cifras cuando piensas en América Latina”, advierte, e indica que según las Naciones Unidas, el mercado en la calle representa el 70% de esas cifras. “El grueso de esos recursos se quedan en el país hacia donde va la droga”.
Sacando cuentas, Garzón estima que “más o menos, de acuerdo con las informaciones disponibles, que la pasta base se compra a 670 dólares el kilo, dependiendo del lugar (puede ser más). Puesta ya en el puerto está a 6.250 dólares el kilo”.
“En Centroamérica –dice- llega a 10/12 mil dólares”. Mientras que “en México, más o menos 15 mil, mientras que en la frontera de Estados Unidos el precio es de alrededor de 27 mil dólares”.
“Ahora –analiza el volumen del negocio ilícito- ese kilo en los Estados Unidos se distribuye en pequeñas dosis y más o menos se calcula que cada gramo de cocaína puesto en la calle cuesta 177 dólares”.
Como conclusión primera, indica, “cuando se hace todo este recorrido, lo que regresa a la región es solo una parte del valor final que tiene la cocaína del valor en los países desarrollados. Alrededor del 70 por ciento se queda en los Estados Unidos”.
“Al que cultivó y el que la llevó, se les pagó. Cuando regresa el distribuidor es muy difícil calcular en manos de quién queda el recurso económico”, analiza Garzón. Pero sostiene que “si uno mira las estimaciones que se han hecho, generalmente se suelen dar como cálculo que regresa un porcentaje minoritario de las ganancias. Pero, en términos globales, a la región no regresa la mayoría, aunque sí lo suficiente para mantener sus estructuras fuertemente armadas”.
Una vez más: ¿qué se debe hacer?
Para Juan Carlos Garzón, “el sistema político y las instituciones debe responder cada uno desde las capacidades que tenga y cada uno estableciendo prioridades”.
“Todo lo que afecta la economía de los criminales –concluye- es una herramienta que debería ser usada. Se necesita tener una clase política dispuesta. Debe rechazarse la cultura de la ilegalidad. Pero solamente atacando la economía o uno de los factores, no lo vamos a lograr”.