Duras críticas a nueva reforma laboral de gobierno español
Casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria criticaron hoy la reforma laboral aprobada por el gobierno conservador español, al considerarla una agresión a los derechos de los trabajadores.
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, hizo un llamado a responder en la calle a esta nueva embestida del ejecutivo de Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP), contra los derechos sociales conquistados durante tantos años.
Lara precisó en rueda de prensa que a su coalición no le gusta "ni la música ni la letra" de esta enésima transformación del mercado de trabajo en España, que con más de cinco millones de parados ostenta el índice de desempleo más alto de la Unión Europea (UE).
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Resulta esencial, mediante la movilización ciudadana y las organizaciones sindicales, frenar las pretensiones del gobierno, remarcó el líder de IU y presidente del grupo La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados (Cámara baja).
Como parte de las duras reformas estructurales exigidas por la UE y el Fondo Monetario Internacional, la administración de Rajoy aprobó este viernes por decreto una legislación que abarata los despidos y precariza el empleo.
Con su flamante normativa, el PP rebajó el coste de indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado, desde los 45 actuales, y con un tope de 24 mensualidades, frente a las 42 vigentes.
Según la ministra española de Empleo, Fátima Báñez, quien tachó de histórica la reforma, el despido procedente (por causa justificada) será de 20 días y 12 mensualidades.
A juicio de Lara, el texto, lejos de generar más puestos de trabajo, hace el despido más barato, y en consecuencia más fácil, legaliza el trabajo precario y abre la puerta a que las empresas, incluso sin pérdidas, puedan desprenderse de algunos empleados.
La norma también fue criticada por el Partido Socialista Obrero Español, principal de la oposición, que la calificó de decretazo, por mediación de su portavoz en la comisión de Empleo de la Cámara baja, Jesús Caldera.
Caldera censuró que el ejecutivo reduzca de forma generalizada los derechos de nueve millones de trabajadores con contratos ordinarios.
En su opinión, la nueva ley hace posible que cualquier despido sea objetivo y se pague una indemnización de 20 días por año trabajado.
Para la diputada Olaia Fernández, la reforma está configurada al modo de la patronal, hecha a su servicio y a medida de sus intereses.
Es evidente que será una medida extremadamente agresiva con los trabajadores, advirtió la legisladora del Bloque Nacionalista Gallego.
El PP está haciendo lo que destila su ideología económica, siempre al servicio de los que más tienen, denunció Fernández.
Subrayó la obediencia debida del PP a los dictados más regresivos de la UE, empeñada en medidas de ajustes y recortes que "perjudican a las mayorías sociales que son las que están pagando las consecuencias de una crisis financiera".
Lo que necesita España es fomentar la contratación, no dejar vía libre al despido, opinó por su parte Alfred Bosch, de Esquerra Republicana de Cataluña, tras fustigar el texto sancionado por el Consejo de Ministros.
Con su flamante normativa, el PP rebajó el coste de indemnización por despido improcedente a 33 días por año trabajado, desde los 45 actuales, y con un tope de 24 mensualidades, frente a las 42 vigentes.
Según la ministra española de Empleo, Fátima Báñez, quien tachó de histórica la reforma, el despido procedente (por causa justificada) será de 20 días y 12 mensualidades.
A juicio de Lara, el texto, lejos de generar más puestos de trabajo, hace el despido más barato, y en consecuencia más fácil, legaliza el trabajo precario y abre la puerta a que las empresas, incluso sin pérdidas, puedan desprenderse de algunos empleados.
La norma también fue criticada por el Partido Socialista Obrero Español, principal de la oposición, que la calificó de decretazo, por mediación de su portavoz en la comisión de Empleo de la Cámara baja, Jesús Caldera.
Caldera censuró que el ejecutivo reduzca de forma generalizada los derechos de nueve millones de trabajadores con contratos ordinarios.
En su opinión, la nueva ley hace posible que cualquier despido sea objetivo y se pague una indemnización de 20 días por año trabajado.
Para la diputada Olaia Fernández, la reforma está configurada al modo de la patronal, hecha a su servicio y a medida de sus intereses.
Es evidente que será una medida extremadamente agresiva con los trabajadores, advirtió la legisladora del Bloque Nacionalista Gallego.
El PP está haciendo lo que destila su ideología económica, siempre al servicio de los que más tienen, denunció Fernández.
Subrayó la obediencia debida del PP a los dictados más regresivos de la UE, empeñada en medidas de ajustes y recortes que "perjudican a las mayorías sociales que son las que están pagando las consecuencias de una crisis financiera".
Lo que necesita España es fomentar la contratación, no dejar vía libre al despido, opinó por su parte Alfred Bosch, de Esquerra Republicana de Cataluña, tras fustigar el texto sancionado por el Consejo de Ministros.
