El otro problema de un gobierno inexperto: la Justicia no respeta mandatos y acorrala a los Milei
“Que consiga un buen abogado”, lanzó Santiago Cúneo Libarona sobre Manuel Adorni, quien sigue sin salir del conflicto que también salpica al Gobierno. Mientras crece el desgaste público, Karina le exige respuestas a Juan Bautista Mahiques.
Increíble, pero la mesa política no habla del tema Adorni.
PresidenciaEl importante lobista, exfuncionario público en diferentes cargos, habla con la naturalidad de aquel que ha visto todo desde adentro y, ahora, disfruta de su nuevo rol.
Cercano a todos los gobiernos, como debe ser, siempre se identificó en favor de la República y en contra del kirchnerismo, cualquiera sean sus referentes. Por eso ahora, sentado en una recoleta esquina del centro porteño, cree que "si Milei endereza un par de cuestiones, la economía lo va a hacer volar en las próximas elecciones".
En ese momento se produce una de esas típicas charlas donde un punto es respondido con un contrapunto. Fue en ese instante, en el que al analizar la fragilidad estructural del gobierno, con ausencia de profesionales y sobre abundancia de inexpertos y cuentapropistas, disparó: "Lo más importante que tiene un país es la Justicia. De acuerdo con quién pongas ahí tendrás más o menos suerte en todo lo que hagas".
El presidente que más rápido lo entendió fue Carlos Menem, quien no dudó en poner a su antiguo jefe de la Policía riojano como presidente de la Corte Suprema. Julio Nazareno formó parte fundamental de aquella "mayoría automática" creada en la oportunidad para soportar las andanadas judiciales que iban a venir de los autores intelectuales del "robo para la corona". A quien se le atribuyó esa frase, el exdiputado nacional José Luis Manzano, hoy es parte fundamental de las nuevas empresas que apuestan por el país.
La andanada de causas que afectan directamente el corazón del poder de Javier Milei, donde también está involucrada su hermana, Karina, denominada como "El Jefe" por el presidente de la Nación, se activaron al mismo momento que se conoce la danza de nombres para completar los juzgados federales de todo el país. En ese endemoniado sistema, donde se mezclan lobistas, empresas y políticos, también influye, mucho, la familia judicial. Por eso no llamó la atención que familiares tan cercanos a causas cruciales que sacuden al poder tengan posibilidad de llegar a ser jueces, camaristas o fiscales.
Ana Juan, la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que interviene en la causa que investiga la estafa de la cripto $LIBRA, es una de las beneficiadas para ser nombradas. ¿Casualidad? El hijo de Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, es otro de los tantos “conocidos” que llenan los casilleros de los propuestos.
En simultáneo, el juez Ariel Lijo, ese mismo que duerme desde 2008 la causa relacionada con la escandalosa llegada del Grupo Petersen a YPF cuando gobernaba Néstor Kirchner, y que hasta el año pasado podría haber sido juez de la Corte propuesto por el presidente Milei, ahora activó las investigaciones relacionadas con las propiedades del nuevo "aloe vera" que tiene el Gobierno: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
"Esto va a ser así todo el año. (Juan Bautista) Mahiques tiene como función darle seguridades jurídicas al Gobierno. Si no lo consigue, también se tendrá que ir", dispara el experimentado operador. La grieta también atraviesa a la Justicia y hoy no parece haber un único operador como pasaba en el pasado reciente. Ni siquiera la sabida relación entre uno de los representantes de la "mesa judicial macrista", como lo identifican a Mahiques, con su contraparte kirchnerista como Wado De Pedro pueden cicatrizar las viejas heridas en un poder crucial como el judicial.
El diablo, que se esconde en los detalles, tendrá muchísima influencia en las futuras designaciones. Los gobernadores pretenden, también, tener sus propias seguridades, fundamentalmente en las provincias que de ahora en más se verán expuestas a través de las actividades permitidas por la Ley de Glaciares.
También aparecen otras alertas. Lijo, siempre en el ojo de la tormenta, aceptó una presentación judicial impulsada por sindicatos a través de organizaciones no gubernamentales en la que se podría revisar otra resolución clave del Gobierno nacional, que autorizaba pasar directamente a empresas prepagas los aportes de empleados y trabajadores sindicalizados, que también dejaban parte de sus ingresos a las obras sociales gremiales. Esta semana, además, consiguieron que en lo laboral suspendieran la aplicación de la columna vertebral de la reforma laboral.
La judicialización se produjo porque en la Resolución 1/25 no aparece la firma del ministro de Salud, Mario Lugones, ni tampoco la del superintendente de Servicios de Salud y solo se ve la rúbrica de un funcionario menor. Se supone que nadie quería estampar su sello en un negocio que habilitaba el cobro directo, sin necesidad de una autorización previa, de cerca de dos millones de cuotas destinadas a los servicios de salud. Y es el propio Ministerio el que dispone cómo distribuirlo.
La discusión abierta entre "no interesan los casos como los de Adorni porque la economía va a volar", especificada en una columna de opinión por el amigo presidencial Juan Carlos De Pablo, choca con otra de las demandas de la sociedad cuando puso a un inexperto Milei al tope del poder. La necesidad de un gobierno sin corrupción, a la altura de un esfuerzo descomunal como el que viven la mayoría de las familias en todo el país.