YPF: Burford reclama que la Justicia declare a la Argentina en desacato
El fondo de inversiones Burford Capital pide sanciones contra la Argentina por incumplimiento de órdenes judiciales en el caso YPF.
Continúa el juicio contra YPF en Estados Unidos
Alf Ponce Mercado / MDZLos beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF presentarán el próximo jueves 15 de enero un escrito ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que solicitarán que el Estado argentino sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones económicas.
La presentación se enmarca en el prolongado litigio iniciado por el fondo de inversiones Burford Capital que en 2023 obtuvo una sentencia favorable contra la Argentina por la nacionalización de la petrolera realizada en 2012. El reclamo apunta ahora al presunto incumplimiento de órdenes judiciales vinculadas a la etapa de producción de pruebas.
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El conflicto por los registros de mensajería y el pedido de sanciones
Según explicó el especialista Sebastián Maril, la solicitud de desacato se fundamenta en el “supuesto incumplimiento” de una orden que obliga al país a presentar registros de WhatsApp y otros servicios de mensajería similares pertenecientes a determinados funcionarios y exfuncionarios públicos. “La gran mayoría ya cumplió, pero al 12 de enero restan seis personas que aún no lo hicieron”, señaló.
De acuerdo con la información difundida, la Argentina tendrá plazo hasta el 19 de febrero para presentar su escrito de defensa ante el tribunal neoyorquino. En ese marco, el Gobierno buscará evitar que prospere el pedido de sanciones y sostener que está actuando conforme a las disposiciones judiciales vigentes.
La respuesta de la Procuración del Tesoro ante las exigencias de Loretta Preska
Desde la Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del Estado argentino, afirmaron en una comunicación reciente que “la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”. Según indicaron, se vienen realizando “entregas parciales y periódicas de la información relevada” y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de los funcionarios y exfuncionarios involucrados en el requerimiento.
Las fuentes oficiales remarcaron además que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”, y que el proceso de recolección y entrega de la información continúa en curso, en línea con las complejidades legales y administrativas que implica este tipo de requerimientos.
El pedido de desacato se suma a una serie de instancias judiciales posteriores al fallo de fondo, mientras la Argentina continúa apelando la sentencia y discutiendo tanto el monto como los mecanismos de ejecución. El caso YPF se mantiene así como uno de los principales frentes judiciales internacionales para el Estado argentino, con impacto potencial sobre las finanzas públicas y la estrategia legal del país en tribunales extranjeros.
