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Un fondo buitre va por bienes soberanos argentinos para cobrar US$390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas

Tras 16 meses sin recibir el pago de la sentencia, el fondo Titan buscará quedarse con los colaterales de los bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York.


Argentina enfrenta una nueva presión judicial desde el exterior. El fondo buitre Titan Consortium, que tiene en su poder un fallo arbitral por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, decidió dar el siguiente paso legal: busca embargar activos soberanos del país para hacer efectivo un fallo que acumula ya 16 meses impago.

El monto en disputa asciende a US$390,9 millones más intereses. La sentencia fue reconocida por una corte del Distrito de Columbia en 2024, lo que le permite a Titan activar mecanismos de ejecución en la justicia ordinaria estadounidense. El tribunal árbitro de origen es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo que depende del Banco Mundial y cuyos laudos, aunque no son directamente ejecutables, sí sirven de antecedente válido para accionar ante cortes nacionales.

Según informó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, Titan apunta a establecer prioridad sobre otros acreedores para cobrar con los colaterales de los bonos Brady. Esos títulos, emitidos en la década del '90, están depositados en el banco de la Reserva Federal de Nueva York en la forma de bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

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El problema es que ese colateral es un recurso limitado. Varios demandantes tienen la vista puesta en el mismo activo, y el monto disponible no alcanzaría para satisfacer a todos los que reclaman contra la Argentina.

Una disputa que viene de lejos: la historia del caso Aerolíneas Argentinas

El origen del litigio se remonta a la estatización de Aerolíneas Argentinas. El CIADI emitió su laudo en 2019, con resultado favorable para los demandantes. No obstante, la ejecución concreta tardó años: recién en 2024 la justicia estadounidense reconoció formalmente la sentencia y ordenó al país abonar los US$390 millones más los intereses acumulados.

En noviembre de ese mismo año, existían señales de que el conflicto llegaría a su fin. Argentina y Titan habían avanzado en una negociación y acordado los términos de pago. Sin embargo, el Gobierno argentino cambió su estrategia judicial y no efectivizó el pago. Esa decisión dejó abierta la puerta para que el fondo iniciara el proceso de embargo.