Súper RIGI: ¿y si no es tan bueno como lo pintan?

Hay un arte muy argentino que consiste en bautizar las cosas con nombres que suenen a grandeza. El RIGI ya era ambicioso. El Súper RIGI promete ser la bomba definitiva -el propio presidente Milei lo anunció en X con la imagen de un avión lanzando explosivos, fiel a su estética- que va a convertir a Argentina en polo industrial del siglo XXI. Semiconductores, inteligencia artificial, hidrógeno, datacenters, baterías de litio. Todo junto, todo enorme, todo transformador.

El problema con los fuegos artificiales es que duran poco y el humo te tapa la visión. Y cuando se disipa, conviene mirar qué quedó realmente.

En abstracto el Súper RIGI es una mala idea. Atraer inversiones de escala a sectores donde Argentina todavía no tiene desarrollo industrial es un objetivo legítimo. El país tiene recursos, le sobra talento y goza de una ubicación geográfica que empieza a cotizarse en la nueva geopolítica energética y tecnológica global, lejos de guerras y conflictos de fondo. Algo había que hacer. El debate no es si había que hacer algo. El debate es si este algo está bien hecho. Y ahí es donde empiezan las dudas que nadie del oficialismo quiere responder.

¿Una ley de datacenters vestida de política industrial?

Seamos precisos: el ministro Luis Caputo anunció el Súper RIGI como una iniciativa para "incentivar la industrialización de los recursos naturales", con sectores priorizados como baterías de litio, fabricación de autos eléctricos, refinado de cobre y equipamiento renovable. Esa es la narrativa oficial. Pero detrás de los eslóganes y del humo asoman otras historias.

En los pasillos de la Casa Rosada y el Congreso vinculan el origen del proyecto a la visita de Peter Thiel —fundador de PayPal y Palantir, referente del ecosistema de Silicon Valley— quien llegó a Buenos Aires con un interés marcado en dos áreas: la desregulación total para instalar infraestructura tecnológica pesada, es decir datacenters, y el acceso directo a minerales críticos y tierras raras indispensables para la industria tecnológica. Thiel se reunió con Caputo, con el viceministro Daza y con el presidente del Banco Central. No con empresarios argentinos. No con las cámaras del sector. Con los que representan los intereses de las grandes corporaciones tecnológicas globales.

¿Es eso malo per se? No necesariamente. Pero sí es relevante saberlo a la hora de evaluar para quién está diseñada esta ley. Porque el texto menciona de forma explícita sectores como datacenters para inteligencia artificial, paneles solares, turbinas eólicas, industrialización de baterías de litio, refinamiento de cobre y desarrollo de semiconductores. La "infraestructura digital estratégica" no es un accesorio del menú: está en el centro.

Fénix en Catamarca se suma a la lista de proyectos del RIGI.

Fénix en Catamarca se suma a la lista de proyectos del RIGI.

Río Tinto

Lo que obtienen; lo que resignamos

Empecemos por los números. El Súper RIGI reduce el Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%. En proyectos del tamaño requerido, esa diferencia de diez puntos puede representar cientos de millones de dólares a lo largo de la vida útil de la inversión. Los dividendos tributan al 3,5%, la mitad del ya reducido 7% del régimen general. Las contribuciones patronales quedan fijadas en el 10% para todos los nuevos puestos de trabajo generados, y esa alícuota se mantiene durante 30 años.

Para que se entienda la magnitud: una gran empresa en Argentina paga hoy alrededor del 24% en cargas sociales combinadas. El Súper RIGI la baja al 10%. Esa diferencia la absorbe el sistema previsional. La absorbe ANSES. La absorben los jubilados actuales y futuros.

En materia cambiaria, el proyecto exime a las empresas de la obligación de ingresar y liquidar las divisas provenientes de aportes de capital, financiamientos internacionales o préstamos de cualquier naturaleza. Y en materia de exportaciones, las empresas podrán disponer libremente del 100% de las divisas a partir del tercer año desde la primera exportación. En un contexto de escasez crónica de divisas, eso no es un detalle menor.

A eso se suma la exención total de derechos de importación y exportación para bienes de capital, partes y productos obtenidos dentro del proyecto, y una amortización acelerada que permite descargar en los balances el costo de las inversiones en apenas dos o tres años, de forma tal que el impuesto a las ganancias puede resultar cero en los primeros años de operación.

En síntesis:

• Energía barata
• Trabajo barato, sin aranceles, con fuga de divisas habilitada desde el año tres
• Ganancias al 15%.

Si una pyme del siempre cascoteado conurbano tuviera la décima parte de estas condiciones, sería el boom industrial del siglo. Las que van a tenerlas son Microsoft, Google, Amazon, o quien se presente con un cheque de USD 1.000 millones.

CIADI como árbitro permanente

Uno de los puntos más activan las alarmas del proyecto está enterrado en la letra chica jurídica. El Súper RIGI garantiza el acceso al arbitraje internacional —CIADI, CCI o CPA— para resolver disputas con el Estado Nacional, reconociendo estos derechos como inversiones protegidas por tratados internacionales.

Traducido al español: si el Estado argentino, en algún momento de los próximos 30 años, intenta regular, modificar o limitar alguna condición de estas empresas, ellas pueden demandarnos ante el tribunal que históricamente ha fallado en contra de los Estados soberanos en disputas con las multinacionales. El mismo CIADI al que Argentina ya le debió miles de millones de dólares por otros procesos. El texto establece que los inversores tendrán un derecho adquirido, asimilable al de propiedad, respecto de los incentivos previstos, y que ninguna norma provincial o municipal que limite esos beneficios tendrá validez.

Treinta años de blindaje jurídico contra cualquier cambio normativo futuro. Cualquier gobierno que intente modificar las condiciones, sin importar qué crisis atraviese el país, queda expuesto a demandas millonarias. Eso no es seguridad jurídica para los inversores: es indefensión jurídica para el Estado.

Lo que nadie lee: ni un tornillo made in Argentina

Hay una capa del proyecto que no apareció en los comunicados oficiales ni en las conferencias de prensa. Está en los artículos. Y merece leerse con detenimiento.

Primero: las empresas adheridas al Súper RIGI no tienen ninguna obligación de comprar insumos en Argentina. Ni un tornillo. Importaciones libres de impuestos y sin controles, sin ninguna cláusula de contenido nacional, sin metas de integración de proveedores locales. La inversión llega, se instala y opera en una zona franca permanente dentro del territorio argentino. El derrame industrial que promete el gobierno no está en ningún artículo del proyecto.

Segundo: el texto establece que el Estado Nacional tiene la obligación de garantizar a las empresas protección frente a "cualquier acto confiscatorio de cualquier autoridad nacional". Literal. Eso significa que si una provincia, un municipio, o incluso el propio Congreso intentara tocar alguna condición del régimen, el Estado nacional queda obligado a defender a la empresa frente a esa autoridad. El Estado blindando al inversor contra sí mismo. No existe otro modo de leerlo.

Tercero, y quizás lo más grave: el proyecto prohíbe los paros en los proyectos adheridos al Súper RIGI. No lo dice con esas palabras, pero el efecto jurídico es ese. Una restricción al derecho de huelga —garantizado por la Constitución Nacional— en nombre de la estabilidad del régimen. Si hay un conflicto laboral en un datacenter de Silicon Valley instalado en la Patagonia, los trabajadores argentinos no tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador del país. Eso no es promoción de inversiones. Es un estatuto de excepción laboral.

Cuarto: mientras una empresa le hace un juicio al Estado argentino ante el CIADI, sigue cobrando todos sus beneficios. Sin suspensión, sin reciprocidad. El Estado puede estar perdiendo un arbitraje millonario en Washington y al mismo tiempo tiene la obligación legal de mantener las exenciones activas.

Salares y litio, en Triángulo de oro de Sudamérica que integra Argentina.

Salares y litio, en Triángulo de oro de Sudamérica que integra Argentina.

Shutterstock

Libre importación sin contenido nacional. Protección estatal frente a la propia regulación argentina. Restricción del derecho de huelga. Beneficios intactos mientras te demandan. No es un régimen de promoción. Es la lista de condiciones que una corporación global le haría a un Estado en apuros.

El RIGI original como espejo de lo que puede venir

Antes de celebrar el Súper RIGI como un éxito anticipado, conviene mirar el historial del RIGI original. El régimen ya concretó anuncios por cerca de USD 81.000 millones, aunque de momento apenas se confirmaron algo más de 700 millones de dólares efectivamente ejecutados. La brecha entre el anuncio y la inversión real es de más de cien veces. Los inversores saben firmar cartas de intención. También saben esperar y negociar. Y mientras tanto, las exenciones ya corren.

Paradójicamente, el éxito del RIGI estuvo sostenido principalmente por el propio Estado: YPF posee participación directa o un rol protagónico en proyectos que concentran el 68,5% del monto total comprometido, a través de obras como el oleoducto Vaca Muerta Sur y plantas de GNL. El esquema de incentivos al sector privado se viabilizó en gran medida gracias a la empresa estatal que el propio gobierno quiso privatizar. Esa ironía debería ser parte central del debate que viene.

El texto del Súper RIGI no menciona ningún mecanismo serio de transferencia tecnológica. No establece requisitos de asociación con universidades o centros de investigación nacionales. No fija metas de proveedores locales. No define estándares ambientales propios para los sectores que incluye. El consumo de agua de los datacenters puede crecer de manera significativa según el diseño tecnológico y la fuente energética utilizada, especialmente en el sur argentino donde conviviría con la demanda hídrica del fracking en Vaca Muerta. Esas exigencias regulatorias, hoy, no existen en el texto.

Argentina tiene litio, tiene viento, tiene sol, tiene gas, tiene agua. Lo que no tiene —y el Súper RIGI no resuelve— es una política industrial que transforme esos recursos en conocimiento, en patentes, en capacidad tecnológica propia. Un datacenter de Microsoft en la Patagonia puede ser una buena noticia. Pero si dentro de 30 años seguimos siendo el país que le provee la energía barata y el suelo barato a las empresas que procesan los datos del mundo, habremos hecho el negocio exactamente al revés.

La pregunta sin respuesta

El gobierno va a decir que sin estos incentivos no llegan las inversiones. Puede que tenga razón. El problema es que con estos incentivos tampoco está claro que Argentina se desarrolle. Hay una diferencia enorme entre recibir inversión extranjera y construir capacidad productiva nacional. La primera puede coexistir con el subdesarrollo. La segunda lo supera.

El Súper RIGI, tal como está diseñado, parece hecho para el primero. El debate que merece el Congreso debería apuntar al segundo. No alcanza con que vengan. También importa en qué condiciones, con qué contrapartidas y quién se queda con qué. Eso, en el texto actual, está notoriamente ausente. ¿Y si el Súper RIGI no es tan bueno como lo pintan?