Retenciones: advierten que la baja que anunció Javier Milei casi no tiene costo fiscal en 2026

Javier Milei está cumpliendo con su promesa. El campo es (merecidamente quizá) el sector más beneficiado dentro de un capítulo que desde la economía real se reclama a gritos: la reducción de impuestos. En este caso, la baja de la presión en derechos de exportación, también conocidas como retenciones al agro.

El propio Presidente anunció una nueva tanda de contracción de estas políticas aplicadas a destajo desde la salida de la convertibilidad en 2002, con un cronograma de bajas a la soja que comenzarán a aplicarse desde el primero de enero del ejercicio 2027.

La novedad fue negociada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que siempre pondera que se reduzca la presión impositiva dentro de los listados de tributos distorsivos, pero teniendo siempre en cuenta que el dinero que se deja de recaudar por un lado debe ingresar por otro.

Qué pasa con las retenciones

En el caso de retenciones, no hay duda. Los dólares que no se recaudan por esta vía, entran por mejores liquidaciones y reservas al Banco Central. No falla.

La reducción concreta anunciada implica, en cereales, una baja de la alícuota para trigo y cebada de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. En soja, prevé un sendero de reducción gradual a partir de enero de 2027, con una baja mensual que podría ubicarse entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales.

El impacto de la medida fue analizado en el último informe publicado por la Fundación Mediterránea, titulado “Nueva baja de derechos de exportación al agro: una señal positiva, con costo fiscal acotado y desafíos pendientes” y firmado por Juan Manuel Garzón, responsable de la sección agroindustrial de la entidad.

Según el paper, el impacto fiscal sería muy acotado este año, pero implicaría una mejora del clima tributario para el sector más importante de la economía argentina para este ejercicio.

Medida acertada

Las conclusiones del trabajo son las siguientes:

• La medida constituye una señal positiva para el sector y va en la dirección correcta: reduce, aunque parcialmente, el impuesto más distorsivo que enfrenta el agro argentino. De todos modos, los derechos de exportación (DEX) no son la única carga tributaria relevante sobre la actividad, el sector también enfrenta otros impuestos nacionales, provinciales y municipales que afectan costos, márgenes e incentivos de inversión.
  
  
• Desde el punto de vista microeconómico, la reducción de DEX mejora los precios netos esperados y fortalece la capacidad de pago de la exportación. En cereales, el impacto es particularmente relevante porque la baja comenzará a operar sobre productos como trigo y cebada, donde las decisiones de siembra, tecnología y comercialización se han mostrado históricamente muy sensibles tanto al clima como a cambios en márgenes esperados.

Impacto fiscal

• El efecto inmediato sobre el ciclo 2025/2026 será acotado, dado que la medida alcanzaría principalmente a los saldos remanentes que todavía no fijaron precio y que serán exportados bajo el nuevo esquema. Sin embargo, para la campaña siguiente, cuyas decisiones productivas y comerciales se están definiendo en estas semanas, el efecto será más relevante, ya que la baja operará sobre un volumen mucho mayor de producción y exportaciones.
  
  
• En soja, la reducción comenzaría recién en enero de 2027, por lo que su efecto será más gradual. De todos modos, la señal es importante porque se trata del principal complejo exportador del país y de uno de los sectores en los que la carga de DEX continúa siendo más elevada. Según el ritmo de baja finalmente aplicado, la alícuota podría reducirse desde los niveles actuales hacia un rango aproximado de 18,5% a 21,25% al cierre del mandato. Incluso así, la carga final seguirá siendo alta, por lo que la medida debe interpretarse como un avance hacia la solución definitiva, que es la eliminación del impuesto.
  
  
• De acuerdo con estimaciones preliminares propias, el costo fiscal directo de la baja de DEX en cereales sería relativamente acotado en 2026. Dado que la medida alcanzaría solo a los granos remanentes del ciclo 2025/2026 que aún no fijaron precio y que serán exportados bajo el nuevo esquema, el costo fiscal para el año en curso no superaría los US$ 30 millones. Para 2027, cuando la reducción operaría sobre una campaña completa, la menor recaudación estimada ascendería a aproximadamente US$ 90 millones.

Soja en carpeta

• En el caso de la soja, donde la baja comenzaría a regir en enero de 2027, el impacto fiscal dependerá del sendero finalmente aplicado. Si la reducción mensual fuera de 0,25 puntos porcentuales, y suponiendo una producción 2026/2027 similar a la del ciclo actual, el costo fiscal podría ubicarse en torno a US$ 300 millones. En cambio, si la baja mensual fuera de 0,5 puntos porcentuales, el costo podría acercarse a US$ 600 millones (en estas estimaciones el supuesto implícito es que la menor carga tributaria sobre el grano alcanza también a sus derivados industriales).
  
  
• De este modo, considerando solo los productos agropecuarios alcanzados por la medida, la menor recaudación directa para 2027 podría ubicarse, en una estimación preliminar, en un rango de aproximadamente US$ 390 millones a US$ 690 millones, equivalente a entre 0,06% y 0,10% del PIB estimado para ese año.
  
  
• Este monto parece manejable en el marco de una política fiscal ordenada. Sin embargo, conviene evitar una lectura excesivamente optimista de la compensación dinámica. Parte de la menor recaudación por alícuota podría recuperarse con mayor producción, exportaciones, inversión y actividad asociada, pero esa compensación no debe suponerse automática ni inmediata. Dependerá de las condiciones climáticas, los precios internacionales, la credibilidad del sendero de reducción y la consistencia macroeconómica general.

Debate tributario

• La reducción de retenciones también abre una oportunidad para coordinar una agenda tributaria más amplia entre Nación y provincias. Si bien implica una menor recaudación directa para el fisco nacional, una parte de ese costo puede compensarse con mayor actividad y con incrementos en la recaudación de otros impuestos, especialmente Ganancias, que en buena medida se coparticipa.
• Las provincias también podrían beneficiarse fiscalmente de una mejora en la rentabilidad y actividad del sector agropecuario. Por eso, una estrategia más consistente debería incluir un acompañamiento provincial mediante la reducción gradual de tributos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos, de modo de reforzar el impacto de la baja de derechos de exportación sobre la competitividad del sector.
  
  
• La baja de retenciones de retenciones es una medida económicamente bien orientada: mejora precios netos, reduce parcialmente la principal distorsión tributaria que enfrenta el agro y fortalece los incentivos de cadenas en las que Argentina tiene ventajas competitivas. Además, el costo fiscal estimado luce manejable en términos agregados, siempre que se preserve el equilibrio de las cuentas públicas y parte de la menor recaudación directa pueda compensarse con mayor actividad y otros tributos menos distorsivos.
  
  
• De todos modos, debe interpretarse como un nuevo avance dentro de un proceso de reducción que aún necesita consolidarse. La carga seguirá siendo elevada, especialmente en soja, y el impacto estructural dependerá de que el sendero de baja gane credibilidad, se sostenga en el tiempo y sea acompañado por una agenda tributaria más amplia, incluyendo reducciones provinciales en Ingresos Brutos y Sellos, en un marco de estabilidad macroeconómica y mayor integración comercial con el mundo.