Los beneficios que tendrá San Jorge para extraer cobre gracias al RIGI
Minera San Jorge accedió al RIGI para su proyecto de extracción de cobre en Uspallata. Tendrá beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. Mendoza y Las Heras no podrán imponerle nuevos tributos.
Fabián Gregorio, CEO de San Jorge.
El Gobierno nacional aprobó el acceso del proyecto minero San Jorge para extraer cobre de un yacimiento ubicado en Uspallata, al Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones, el programa de beneficios fiscales, cambiarios y legales que tiene como principales destinatarios las inversiones en minería y energía. Esa aprobación es la llave para que por al menos tres décadas tenga un intangible de altísimo valor: estabilidad por 30 años.
Esa estabilidad incluye la prohibición para la Provincia y la Municipalidad de Las Heras de sumar impuestos o gravámenes sobre la empresa. Incluso las tasas por servicios que el propio proyecto demande tienen una restricción. Mendoza fue una de las primeras provincias en adherir al RIGI y a esos requisitos. Por eso también fue la primera provincia en tener un proyecto aprobado y terminado: el parque solar El Quemado, de YPF.
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Con esa aprobación, la empresa logró todos los gestos posibles de parte del Estado y la política. Primero, consiguió desempolvar el proyecto que había sido archivado en 2011. Luego se aprobó en tiempo récord en la Legislatura, con el impulso del gobernador Alfredo Cornejo. Y ahora recibe el acceso a los beneficios del RIGI.
El foco está ahora del lado de la empresa. San Jorge está en proceso de elaboración de la factibilidad del proyecto, la ingeniería de detalle y otros trabajos previos a la construcción. En paralelo busca consolidad las fuentes de financiamiento; es decir conseguir los 650 millones de dólares para la construcción y el desarrollo del proyecto. Esa instancia es clave y ocurre mientras otras empresas avanzan en el mismo camino para proyectos de gran envergadura en San Juan. La ventaja de San Jorge es que es de menores dimensiones y con una logística sencilla en comparación a los competidores.
Beneficios
La inversión prometida y necesaria para realizar San Jorge es de 630 millones de dólares, fuera de los gastos operativos que cada año necesitará para explotar la mina. El RIGI fue aprobado por el total de ese monto.
Con el acceso al RIGI la empresa tendrá beneficios fiscales varios. En primer lugar, podrá importar sin restricciones ni impuestos. La ley y la reglamentación indican que tienen “exención de Derechos de Importación de bienes de capital, insumos y mercaderías necesarias para el proyecto”, y se se eliminan o reducen ciertas tasas aduaneras aplicables a la importación de bienes relacionados con el proyecto. Incluso pueden ingresar bienes bajo un régimen de admisión temporaria, permitiendo su uso en el proyecto sin pagar impuestos. Lo que San Jorge exporte (concentrado de cobre) estará exento de retenciones a los 3 años.
En cuanto a impuestos, tendrá una rebaja en Ganancias, con una alícuota del 25%. También tienen beneficios respecto al IVA y al impuesto a los débitos y créditos. Uno de los beneficios más “celebrados” tiene que ver con la disponibilidad de divisas. El sistema es progresivo, pero con impacto en el corto plazo. A diferencia del resto de los proyectos productivos, quienes acceden al RIGI, como San Jorge, tienen el beneficio de no estar obligados a liquidar los dólares provenientes de las exportaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En los primeros dos años tendrán libre disponibilidad por el 20%, un año después el tope aumenta al 40% y desde el cuarto año San Jorge podrá usar y enviar fuera del país el total del producto de sus exportaciones. Ese punto genera una duda para lo que serán las reservas futuras del Banco Central.
El RIGI le otorga estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años a San Jorge. Eso incluye restricciones para la provincia y la municipalidad. “Déjase establecido que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados”, dice la norma. La “foto” fiscal es la del 31 de diciembre del 2023. Es decir, San Jorge pagará lo que hasta ese momento estaba establecido. Las tasas que se puedan crear o imponer por servicios que la minera demande, también tendrán restricciones en cuanto al monto: solo serán por el costo del servicio.
Otra cláusula a la que Mendoza adhiere en la ley y también en su filosofía es la prohibición de un “compre local”. El RIGI prohíbe que haya normas que acoten la contratación de personal o empresas, es decir que se pongan cupos de origen.
La empresa deberá pagar impuestos provinciales y tasas municipales por las obras y la producción. Por los minerales que extraiga y venda pagará regalías, que aún no están establecidas. El Gobierno apunta a no presionar sobre el máximo de 5% que se estableció en la mima Ley de Bases. Es decir, todo apunta a que será del 3% a valor boca de mina. El acceso al RIGI podría limitar la posibilidad de que se imponga algún otro gravamen, como ocurrió con otros proyectos mineros.
San Jorge es un proyecto para extraer cobre de un yacimiento ubicado en Yalguaraz, en Uspallata. Por las restricciones de la ley 7722, esa mina no procesará el cobre proveniente de los óxidos (que requieren lixiviación) y se hará proceso de flotación para obtener concentrado de cobre. El proyecto prevé una vida útil de 16 años, que puede extenderse si se hallan más recursos.
El proyecto está en manos de un grupo formado en un 70% por la empresa Zonda Metals, del grupo Solway Investment Grup, radicada en Suiza y Macedonia, y el grupo argentino Alberdi (30%) que tiene como presidente al titular de la UIA Martín Rappallini.