Lo que se debe solucionar en 2026: el Gobierno deberá atender un frente judicial externo millonario
Con condenas firmes, apelaciones en curso y nuevos reclamos en puerta, la Argentina inicia 2026 con un pesado frente judicial internacional.
La Argentina comenzará 2026 con un escenario judicial externo tan complejo como sus compromisos financieros. Entre fallos adversos, procesos de apelación y litigios que vuelven a activarse, el país enfrenta causas abiertas en Estados Unidos, el Reino Unido y ante el CIADI que, en conjunto, representan montos multimillonarios y riesgos concretos para las cuentas públicas.
El caso de YPF
El expediente más voluminoso continúa siendo el de la expropiación de YPF. Tras el fallo en Nueva York que fijó una condena por US$16.100 millones, el Estado argentino presentó la apelación y el proceso entró en una fase clave. La jueza Loretta Preska avanzó con medidas para identificar activos y solicitar comunicaciones oficiales, aunque en las últimas horas otorgó un alivio parcial: aceptó un pedido de la empresa petrolera y suspendió el “discovery de alter ego”, la investigación destinada a detectar bienes de la petrolera que podrían ser embargados.
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Cupones atados al PBI
Otro frente relevante es el de los cupones atados al PBI. En su versión en euros, la Justicia británica ya condenó a la Argentina y no quedan instancias legales disponibles. El país deberá negociar un pago cercano a los US$1.800 millones, luego de que se ejecutara parte de la garantía depositada. En paralelo, por los cupones en dólares, el fondo Aurelius y otros demandantes preparan una nueva demanda en Estados Unidos, luego de que Preska desestimara el caso original por una cuestión técnica, pero habilitara una nueva presentación.
Default de 2001
Persisten además los reclamos de los holdouts del default de 2001. Fondos como Attestor Master ya lograron embargar activos por unos US$300 millones y continúan reclamando montos adicionales, sin que queden recursos legales disponibles para la Argentina. A esto se suma la ofensiva de Bainbridge Fund, que busca cobrar US$95 millones y cuenta con un fallo favorable para avanzar sobre acciones de YPF en manos del Estado, además de intentar embargos contra el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Caso Aerolíneas Argentinas
En ese marco, también sigue abierto el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El país apeló una sentencia que lo obliga a pagar alrededor de US$390 millones, mientras conviven reclamos históricos vinculados al mismo proceso, incluidos los que pasaron por el CIADI y continúan activos en distintos tribunales.
Causas en CIADI
Justamente, el CIADI concentra múltiples causas contra la Argentina, con condenas recientes de alto impacto. El tribunal del Banco Mundial ordenó al país pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos vinculados a la represa de Alicurá, y otros US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria. El Gobierno analiza alternativas legales y evalúa solicitar la nulidad de esos laudos.
A este panorama se suman viejas disputas por deuda en default y concesiones, que elevan el total de litigios en curso. Según estimaciones privadas citadas en distintos expedientes, entre casos apelables y ejecutables, el stock de juicios supera ampliamente los US$30.000 millones, con procesos activos en Nueva York, Londres y organismos arbitrales internacionales.
El patrón se repite: la Argentina apela para ganar tiempo y busca instancias de negociación, mientras los acreedores endurecen sus estrategias para forzar cobros o embargos. Cada resolución que avance en 2026 podría tener un impacto directo sobre las reservas, los activos estratégicos del Estado y la capacidad de financiamiento del país.