Ley de Financiamiento Universitario: el conflicto político que impacta en los planes de Javier Milei

El Gobierno comienza la etapa de definición de uno de los problemas más serios en materia económica y fiscal, pero, fundamentalmente, en un conflicto político. La intención casi personal de Javier Milei es la de extender todo lo posible la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la que, en teoría, debería estar ya en vigencia luego de que la intención oficial de que quede fuera del ejercicio 2026 haya fracasado en el tratamiento del Presupuesto para este año.

La necesidad de los libertarios de lograr la aprobación de la Ley de Leyes con aliados políticos dentro del Poder Legislativo provocó que se negociara que el Financiamiento Universitario quedara tal cual como había sido aprobada en el segundo semestre de 2026, con lo que estaría vigente, más allá de la judicialización de la norma, donde el Gobierno ya tiene sentencia negativa en primera y segunda instancia. Y queda en manos de la Corte Suprema de Justicia su resolución, pero con pocas expectativas positivas para el oficialismo.

Por lo que se sabe, desde las universidades comenzará en estas semanas un programa de acción directa con protestas firmes y públicas, lo que le sumará al complicado momento político de Javier Milei y su gestión dificultades extras. Y en un terreno donde la sociedad parece comprender la situación de los claustros, situación que, obviamente, es aprovechada por la oposición.

El problema para el Gobierno no es solo político e ideológico en la aplicación de la norma. Es, fundamentalmente, fiscal. Como ya se contó en este espacio, el Ministerio de Economía acordó la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la obligación para este año del cumplimiento de la meta de 1,4% del PBI de superávit primario. Esto es, simplemente, el resultado entre recaudación y gastos. En total, serían unos 6.200 millones de dólares de ahorro primario durante todo el ejercicio, cuando, según informó ayer el Ministerio de Economía, durante los primeros tres meses del año se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PBI.

La velocidad de ahorro parece conveniente. Sin embargo, la evolución negativa de la recaudación impositiva contra la inflación pone en duda la meta. El quinto piso del Palacio de Hacienda debe trabajar en la aplicación durante 2026 del esquema de 2024, basado en el símbolo “Licuadora y Motosierra”. Esto es, bajar el gasto con una doble combinación: aplicar, primero, una reducción directa del gasto público cercana al 2% en cada área de gestión administrativa, instrucción que el propio Luis “Toto” Caputo difundió entre sus colegas ministros con el aval personal de Javier Milei.

Es la llamada “Motosierra”. Sin embargo, también se está aplicando una licuación de parte del gasto al congelar el nivel de erogaciones (fundamentalmente salarios) en un esquema inflacionario que, necesariamente, implica una contracción del gasto ante una mejora de la recaudación (aunque sea nominal) por el incremento de los precios. Es la denominada “licuadora”. Entre ambos factores ayudaron al 0,5% de superávit primario del período enero-marzo. El problema es que el esquema parece agotarse, especialmente por la necesidad de, ahora sí, actualizar algunos gastos, como incrementos salariales y transferencias a provincias, además de la siempre complicada atención del déficit previsional, que en el primer trimestre del año mostró una contracción del 5% en los ingresos de los aportantes, con la obligación de mantener los incrementos de los jubilados y pensionados vía inflación.

El panorama fiscal es así complejo, al punto de convertirse en parte de la negociación con el FMI de la semana pasada, sabiendo que el organismo pone especial atención en la evolución de la recaudación contra la inflación, algo donde las cuentas públicas vienen perdiendo en más de 7% en el primer trimestre del año.

Con este panorama, resulta para las cuentas públicas más que difícil cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los cálculos más conservadores hablan de un costo fiscal de 0,2% del PBI, lo que implicaría entre $2 y $3 billones anuales, dependiendo de la evolución final de la inflación durante el ejercicio. Si este cálculo (conservador) se aplicara, la meta de 1,4% del PBI sufriría un impacto grave, en medio de un panorama donde la evolución de la recaudación está seriamente comprometida. Hay que recordar que la ley indexa gastos (salarios + funcionamiento) por inflación y, aunque el costo se mantiene como porcentaje del PBI, sube en pesos nominales.

Ese 0,2% del PBI implica unos U$S 1.200 millones. Pero, lo más importante es que alteraría el fino equilibrio fiscal comprometido ante el FMI la semana pasada para todo 2026. Sintéticamente, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario consume entre 15% y 20% del superávit primario proyectado, un nivel enorme en un momento fiscal y político complicado para el gobierno, más en el tema universitario, donde el Gobierno de Javier Milei ya aplicó un ajuste feroz. Según el cálculo realizado por la Fundación Mediterránea, las transferencias cayeron 36% en términos reales entre 2023 y 2025, en línea con el ajuste general del gasto público, aunque con diferencias respecto de otras partidas. La universidad es uno de los rubros donde originalmente más se aplicó la fórmula “Motosierra y Licuadora”, motivo por el cual se creó un conflicto que aún no se resuelve ni parece que se resolverá.

Por un lado, se sabe que políticamente es imposible que, ideológica y políticamente, haya buena comunicación entre un gobierno libertario extremo y un ámbito donde el pensamiento comunica transversalmente hacia el otro extremo. Pero, además, desde la visión fiscal del oficialismo resulta complicado atender el problema de aplicación de una ley que impacta en el corazón del plan económico, amenaza con incumplir el Manto Sagrado del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente con el FMI y bombardea la meta fiscal del 1,4% estimada para este año en momentos de recaudación esquiva.