La motosierra llegó al INYM: 20 despidos en el último día de 2025 y crisis terminal en el sector

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) cerró el 2025 con 20 despidos en su sede ubicada en Posadas, capital de la provincia de Misiones. Los telegramas llegaron a los trabajadores el 31 de diciembre. Éste fue una de las primeras medidas que tomó el flamante presidente de la entidad Rodrigo Martín Correa, la presentación formal ante los directores.

Inmediatamente los despidos motivaron la movilización de productores yerbateros hacia la sede de la entidad. Si bien existe un total hermetismo de parte de la presidencia del organismo, fuentes consultadas aseguraron que los despidos tienen como fundamento “la recomposición administrativa después de dos años sin conducción formal y con facultades recortadas por la desregulación nacional”.

La decisión se tomó luego de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla (tasa de fiscalización), ubicándola en $32,12 por kilo, un 28% de aumento, con el argumento de que el valor estaba congelado desde 2023 y que los costos del instituto se dispararon. Esta suba permitirá incrementar la recaudación, “pero aun así se comunicó el recorte de personal”.

El ajuste llega en el peor tramo de la crisis yerbatera: precios de hoja verde que no cubren costos, endeudamiento de cooperativas y una cadena cada vez más concentrada, con pequeños productores y secaderos asfixiados entre la caída de ingresos y la pérdida de herramientas regulatorias.

Movilización de productores

La Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN) lanzó una dura advertencia contra la conducción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tras la decisión de despedir trabajadores de áreas estratégicas del organismo, una medida que, según la entidad, no solo afecta a las personas involucradas, sino que pone en riesgo el funcionamiento institucional y la calidad de la yerba mate que llega al consumidor.

Desde la ciudad de Comandante Andresito, los productores expresaron su “más enérgico repudio” a una decisión adoptada por algunos directores del INYM que, afirman, impacta sobre personal con una larga trayectoria de compromiso y trabajo, y debilita sectores clave como registro, prensa y, especialmente, fiscalización.

El comunicado pone el foco en el área de fiscalización, considerada un pilar del sistema yerbatero porque es la encargada de garantizar el control de calidad de la materia prima. Para ACPYN, se trata de un espacio construido con esfuerzo colectivo, vocación y profesionalismo, que hoy queda seriamente afectado por los despidos. Esa situación, advierten, no es un problema administrativo sino una amenaza directa al corazón de la cadena productiva.

Para los productores del norte de Misiones, la calidad es el factor central que sostiene la confianza de los consumidores, su fidelidad y el crecimiento sostenido del consumo. Por eso alertan que desmantelar las áreas encargadas de controlar y resguardar esa calidad implica golpear el último eslabón de la cadena, poniendo en riesgo tanto a quienes ya eligen consumir yerba mate como a los potenciales nuevos consumidores.

Las funciones del INYM

En ese marco, sostienen que el rol del INYM en materia de control y fiscalización hoy se encuentra seriamente debilitado, con consecuencias que van mucho más allá de los trabajadores despedidos.

La ACPYN también ubica la decisión dentro de un proceso más amplio de deterioro institucional. Según el documento, el INYM funcionaba plenamente hasta diciembre de 2023, con tareas asignadas y áreas operativas en marcha. Ese esquema se quebró tras la asunción del presidente Javier Milei, cuando se resolvió quitarle facultades al instituto y paralizar su accionar, iniciando un proceso de vaciamiento, que ahora se profundiza con estos despidos.

El comunicado subraya además la gravedad de que estas medidas se adopten en este contexto y en plena época de fin de año, lo que, a juicio de los productores, evidencia una profunda falta de sensibilidad social y laboral. El impacto, advierten, no recae solo sobre los trabajadores y sus familias, sino también sobre el normal desarrollo de las actividades productivas y el vínculo histórico entre el INYM y los productores.

En ese sentido, la entidad exige que se identifique con claridad quiénes son los trabajadores despedidos y a qué áreas pertenecen, remarcando que no se trata de números ni cargos prescindibles, sino de personas con experiencia, conocimiento y compromiso, que durante años sostuvieron la articulación entre el organismo y el sector productivo.

Finalmente, la ACPYN reclama explicaciones claras y decisiones responsables por parte de las autoridades del INYM. Para los productores, defender el trabajo, la calidad, la trayectoria de los equipos técnicos y el rol estratégico de las áreas afectadas es defender la historia, la transparencia y el futuro del sector yerbatero. El pronunciamiento está firmado por el presidente de la entidad, Julio Petterson, el secretario César Omar Alcántara y el tesorero Víctor Fabián Tarnowyk.

Crisis sectorial

Cada día la crisis en el sector yerbatero suma un nuevo motivo de preocupación. Ahora se están acelerando los problemas en la cadena de pagos. Como se mencionó los despidos se produjeron en plena crisis yerbatera, debido a la desregulación. Y el efecto desregulador impactó de lleno en la cooperativa yerbatera La Hoja.

Según fuentes consultada la entidad cooperativa acumula cheques rechazados por más de $1.200 millones, producto de una cadena de pagos interrumpida, productores que no logran cobrar y cooperativas más pequeñas arrastradas por la misma crisis.

La Cooperativa Km. 16, que también vio afectada su cadena de pagos a proveedores. “La bomba explotó hace 60 días con los primeros cheques rebotados de la yerba canchada que le vendimos al molino La Hoja. Eso hizo que rebotaran nuestros cheques”, dijeron desde la administración.

Así, se encendieron las alarmas de muchos productores y cooperativistas de Misiones sobre la condición financiera de La Hoja, tradicional cooperativa que vende yerba en casi todo el país y tiene una marca reconocida. Tal como pasó con Km 16, los datos que entrega el Banco Central de la República Argentina en su Central de Deudores es alarmante. La cooperativa más pequeña tiene acumulados 489 cheques rechazados, por un total de 628 millones de pesos.

En el caso de La Hoja, la situación es todavía peor: en este caso, la deuda por los 398 cheques rechazados, según el BCRA, es de 1.202 millones de pesos. En ambos, casos, también hay que sumar deudas con entidades bancarias, lo que haría ascender los montos a niveles insostenibles.

La desregulación pateó el hormiguero

La yerba mate atraviesa un tiempo espeso desde que el Gobierno nacional decidió avanzar con una desregulación casi total de la actividad. El DNU 70/2023 le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate su capacidad de intervenir en la fijación de precios, un rol que durante años funcionó -con tensiones y límites- como un dique de contención entre los productores primarios y la industria.

Sin esa mediación, el precio de la hoja verde pasó a definirse casi exclusivamente desde el mostrador del molino. En muchos casos, muy por debajo de los costos de producción y con plazos de pago extendidos a 90 o incluso 120 días. Para el productor chico, eso no es una variable financiera, sino la imposibilidad concreta de salir a cosechar.

Los colonos misioneros lo dijeron desde el primer día. Sin precio y sin plazos razonables, el sistema no cierra. Y no cierra, además, en una actividad que no ofrece demasiadas alternativas: el yerbal no se levanta y se reemplaza como un cultivo anual.

En Misiones, las cooperativas no son un actor más. Son, para muchos productores, la única herramienta para agruparse, defender precio y tener espalda frente a los vaivenes del mercado. Por eso, cuando una cooperativa entra en problemas, el impacto se multiplica.

Cooperativas en riesgo

La primera señal fuerte llegó desde la cooperativa de Andresito, que semanas atrás comunicó a sus socios una cesación de pagos debido a un estrés financiero en medio del deterioro general del sector. Con consumo en baja, importaciones de yerba desde Brasil y Paraguay y un mercado interno planchado, el escenario ya era complejo.

Ahora se suman las cooperativas Km 16 y La Hoja, esta última cuyo volumen y peso específico dentro del sector hace que el problema deje de ser puntual. Pero el efecto dominó no termina ahí. Parte de esa deuda corresponde a otras cooperativas más chicas que le entregaron yerba canchada – o verde- y que, al no cobrar, quedaron a su vez sin poder cumplir con sus propios compromisos.

En el caso de Km 16, se trata de una cooperativa que tiene 20 años de existencia. Está conformada por 20 socios y compran yerba a productores. Son unas 110 familias, de las cuales unas 50 aún no han cobrado.

La cooperativa adquiere cada año alrededor de 8 millones de kilos de hoja verde, que luego del secado se transforman en unos 3 millones de kilos de yerba. Solo entre el 10% y el 15% se destina a marca propia; el resto va a molinos para su estacionamiento, entre ellos La Hoja.

La crisis yerbatera avanza. Ya no solo golpea al productor primario. Ahora también erosiona las estructuras colectivas que, durante décadas, fueron el sostén de una de las economías regionales más emblemáticas del país. Y cuando esas estructuras empiezan a ceder, el problema deja de ser coyuntural para volverse sistémico.