Javier Milei va por una utopía tributaria
Javier Milei va por una utopía del rubro impositivo: buscará que el, para muchos, peor impuesto de la historia argentina se elimine.
El presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. Foto: EFE
Javier Milei va por una utopía del rubro impositivo. En su raid de reformas económicas que debería aprobar el Congreso Nacional, el Presidente buscará que el, para muchos, peor impuesto de la historia argentina se elimine. O, al menos, mute en una versión licuada con otro tributo a nivel nacional.
El jefe de Estado y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quieren que en las negociaciones que se abrieron con los gobernadores provinciales para lograr acuerdos legislativos que le permitan al Poder Ejecutivo aprobar reformas de fondo en los próximos dos años (comenzando a contar desde el 10 de diciembre cuando se ejecute la renovación parcial de las cámaras de Diputados y el Senado), se defina la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos. Y que lo que hoy se recaudan los gobernadores por esta vía, se incluya dentro de la recaudación de un nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Un súper-IVA administrado y repartido por la Nación
Se trata de un esquema recaudatorio del impuesto al consumo, pero compartido entre la Nación y las gobernaciones. Administrado desde la ARCA (la ex-AFIP), que cobraría una parte de lo consumido con un nuevo tributo, y luego lo repartiría con las provincias, según el porcentaje de impuesto local que aplique cada región. Es un proyecto de calibres majestuosos para los ojos de los libertarios, que saldaría una de las grandes deudas y demandas de la sociedad argentina desde hace años. Quizá décadas. Y por la que, hay que reconocerlo, muchos de los votantes de todo el país eligieron en 2023 a Milei para que manejara los destinos del país.
El aval del FMI y el objetivo de simplificar la carga tributaria
Se sabe que Javier Milei ya le dio el visto bueno a la idea a fines del año pasado y que, entre abril y mayo, hubo un primer intento de impulsarlo. Sin embargo, los vaivenes de la economía y las finanzas argentinas del primer semestre del año, hicieron que la propuesta se congelara. Sin embargo, el proyecto nunca se archivó, y logró en esos tiempos un padrino de lujo: el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) que de manera crónica viene reclamando cambios radicalizados en el sistema tributario argentino; al que considera, arcaico, regresivo y, fundamentalmente, ineficiente. Para Milei, sería una de sus (varias) obras maestras económicas: una reforma impositiva integral, basada en la simplificación del sistema tributario argentino, con la intención de reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte. En todo el país. Como se dijo, un reclamo histórico de los contribuyentes, que deben lidiar con uno de los sistemas impositivos más retrógrados, irritantes e injustos del globo terráqueo impositivo mundial.
La reacción de los gobernadores y el mecanismo del nuevo tributo
Obviamente, y a priori, a los gobernadores la idea de delegar en la nación su principal fuente de financiamiento, es, básicamente, un espanto. La mayoría de los responsables de la suerte de las provincias que estuvieron el jueves pasado en el besamanos de la Casa Rosada, están más cerca de pedir un aumento de Ingresos Brutos que de su eliminación y reemplazo por un IVA plenipotenciario.
La idea sobre la que se trabaja es simple: al IVA del 21% (nadie piensa en una disminución) se le sumaría la tasa de ingresos brutos local, que según la provincia pasa de un 1,5% a un 5%. Suponiendo una alícuota provincial del 2%, la tasa pasaría al 23%; dinero que sería recaudado en su totalidad por ARCA y que pasaría a ser –luego de ingresado en el ahora organismo recaudador– girado a las provincias. Siempre respetando el monto de cada alícuota. El principal argumento a favor de la concentración en la recaudación es que la Nación obtendría todo el dinero con el mismo mecanismo que el IVA, con lo cual se simplificaría y desburocratizaría para los contribuyentes el pago del principal impuesto del sistema tributario argentino, abaratando los costos y mejorando la competitividad, uno de los principales reclamos de los privados en estos tiempos de análisis del “costo argentino”.
Todos ganan. En teoría. Salvo unos interesados directos, a los que la sola idea del “súper-IVA” los aterra. Los mismísimos gobernadores, que ven con espanto la posibilidad de tener que derivar a la Nación la recaudación de la mayor fuente de dinero obtenido en el territorio. Esto pese a reconocer que Ingresos Brutos es el peor invento de la historia de los impuestos mundiales.
Ingresos Brutos: el "peor invento" de la historia tributaria argentina
Ingresos Brutos fue introducido en el sistema impositivo local en 1977, durante la última dictadura y en el marco de la reforma tributaria integral que el país aplicó con la creación del IVA, y en reemplazo del anterior impuesto a las actividades comerciales. Se aplica a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con alícuotas que van del 1,5% al 5%; las que con la nueva autorización del Congreso pueden aún incrementarse más. Se aplica a las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales, y la alícuota depende del distrito y de la industria.
Los intentos fallidos
Hubo dos intentos fallidos por disminuir su presión o directamente eliminarlos de manera gradual. El primero, en 1993, con la firma del Segundo Pacto Federal, por el cual las provincias se comprometían frente al gobierno nacional a eliminar el impuesto a los ingresos brutos; algo que, obviamente, nunca ocurrió ni se aplicó.
Es un lugar ya común que el IIBB sea el impuesto más rechazado, repudiado y odiado de todo el sistema tributario nacional, provincial o municipal. Algo notable teniendo en cuenta que Argentina es un país donde se combinan más de 125 clases diferentes de impuestos, con un promedio de creación de uno cada dos años en los últimos treinta. Todos los tributaristas, sin importar la escuela donde abreven, mencionan el IIBB como el primero en eliminar si se quiere modernizar y sanear un sistema tributario donde los promedios de evasión y elusión superan hoy el 35%. Y con cálculos conservadores.