Hora Cero para la reforma del BCRA: el Gobierno busca el apoyo
El Gobierno inicia el camino político para modificar la Carta Orgánica del BCRA en el Congreso.
La iniciativa contempla cinco ejes clave para otorgar independencia a la entidad monetaria, prohibir el financiamiento al Tesoro e impulsar la libre competencia de monedas.
Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZComienza hoy el proceso económico más importante de la era Javier Milei. Desde hoy el gobierno deberá comenzar a conseguir las adhesiones para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien la administración libertaria logró avanzar en materia de equilibrio fiscal, desregulación económica y apertura comercial mediante una combinación de leyes, decretos y reformas administrativas, la modificación profunda de la Carta Orgánica del BCRA representa un desafío político muy superior. Requiere una ley del Congreso y supone reescribir el funcionamiento de una de las instituciones más relevantes de la economía argentina.
El propio Presidente anticipó durante su exposición en el Consejo de las Américas que la iniciativa será enviada al Congreso una vez consolidada la estabilidad macroeconómica. Allí presentó los cinco ejes centrales de la reforma, cuyo objetivo es impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del déficit fiscal y como instrumento de política económica discrecional.
La propuesta presentada por Milei puede resumirse en cinco grandes capítulos
El primero consiste en otorgar independencia absoluta al Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. La intención es limitar la capacidad del gobierno de turno para influir sobre la política monetaria y financiera mediante la designación discrecional de autoridades o instrucciones directas.
El segundo busca prohibir el financiamiento monetario del Tesoro. En términos prácticos implicaría eliminar la posibilidad de transferencias de utilidades, adelantos transitorios u otros mecanismos mediante los cuales el Banco Central financió durante décadas el déficit fiscal. Para el Gobierno, este punto constituye el corazón de la reforma porque identifica a la emisión monetaria como la principal causa de la inflación argentina.
El tercer capítulo apunta a establecer una moneda sana y la libre competencia de monedas. Aunque la dolarización completa ya no figura como prioridad inmediata, el Gobierno pretende consolidar un sistema donde las personas puedan elegir libremente en qué moneda ahorrar, contratar, invertir o realizar operaciones comerciales.
El cuarto eje propone fortalecer el sistema financiero mediante un Banco Central concentrado exclusivamente en preservar la estabilidad monetaria y supervisar el sistema bancario, alejándolo de objetivos múltiples como el empleo, el crecimiento económico o el financiamiento productivo incorporados en la reforma de la Carta Orgánica de 2012.
Finalmente, el quinto punto procura blindar institucionalmente el nuevo régimen monetario, incorporando límites legales difíciles de modificar para evitar que futuros gobiernos reviertan fácilmente el esquema mediante simples mayorías parlamentarias.
Obviamente, no podría ser de otra manera, la reforma que encara Milei contiene un fuerte mensaje ideológico. Pero, curiosamente, menos radical que el que se pensaba antes de las elecciones del 2023 que llevaron al libertario al gobierno.
De fondo, la iniciativa refleja la visión económica de Milei, influida por la Escuela Austríaca y por economistas como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises y Murray Rothbard. También recoge conceptos desarrollados por el actual juez federal Ricardo Manuel Rojas en su libro La inflación como delito, donde sostiene que la emisión monetaria utilizada para financiar gasto público constituye una violación del derecho de propiedad de los ciudadanos.
Desde esa perspectiva, el Banco Central debe abandonar cualquier función vinculada con la política económica y limitarse a garantizar la estabilidad del valor de la moneda y el normal funcionamiento del sistema financiero.
EL principal obstáculo es obviamente la aprobación del Congreso Nacional. Para un gobierno radicalizado y con problemas serios de dialogo con la oposición, este es un escollo importante. Así, y más allá, del consenso que pueda existir entre economistas sobre la necesidad de fortalecer la autonomía del Banco Central, la verdadera dificultad será política.
La modificación de la Carta Orgánica requiere la aprobación de una ley por mayoría simple en ambas cámaras del Congreso. En principio, al tratarse de una ley ordinaria, el Gobierno necesita reunir la mitad más uno de los legisladores presentes en cada cámara, siempre que exista quórum.
En la Cámara de Diputados ello supone construir una mayoría de al menos 129 legisladores presentes para iniciar la sesión y luego obtener la mayoría simple de los votos emitidos. En el Senado la lógica es similar: el oficialismo deberá alcanzar quórum con 37 senadores presentes y luego reunir mayoría simple entre los asistentes.
El problema es que La Libertad Avanza continúa siendo una fuerza claramente minoritaria tanto en Diputados como en el Senado. Incluso con el respaldo habitual del PRO, sectores del radicalismo y algunos bloques provinciales, difícilmente alcance por sí sola los números necesarios.
La experiencia legislativa de los primeros años del gobierno muestra que todas las reformas relevantes fueron posibles únicamente mediante acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas. En consecuencia, la aprobación de la reforma del Banco Central dependerá nuevamente del acompañamiento de los diputados y senadores del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical, bloques provinciales vinculados a gobernadores habitualmente aliados y los legisladores independientes que acompañaron previamente la Ley Bases y otras reformas económicas. Del otro lado, la posición del peronismo es determinante por la negativa. Unión por la Patria continúa siendo el principal bloque opositor y mantiene una visión completamente distinta sobre el rol del Banco Central. Y obviamente estará en contra y defenderá la versión 2012 de la Carta Orgánica.
Aquella reforma eliminó el criterio casi exclusivo de preservación del valor de la moneda e incorporó objetivos múltiples, como promover el empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera. También amplió significativamente las posibilidades de asistencia financiera al Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y transferencia de utilidades.
Para Milei, esa reforma consolidó un esquema que permitió utilizar al Banco Central como principal financista del gasto público, acelerando el proceso inflacionario de la última década. El nuevo proyecto apunta precisamente a desandar ese camino.
Desde el punto de vista estrictamente político, las probabilidades dependerán de tres factores
El primero será la situación económica al momento del debate. Si el Gobierno mantiene la desaceleración inflacionaria, el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria, aumentarán los incentivos para que los bloques dialoguistas acompañen la iniciativa.
El segundo será el resultado de las elecciones legislativas. Un crecimiento de la representación oficialista facilitaría la construcción de mayorías, mientras que una composición parlamentaria similar a la actual obligaría nuevamente a extensas negociaciones.
El tercer elemento será el alcance definitivo del proyecto. Una reforma limitada a reforzar la independencia del Banco Central podría reunir consensos relativamente amplios. En cambio, una iniciativa que incorpore restricciones constitucionales o mecanismos extremadamente rígidos para impedir futuras modificaciones podría enfrentar mayores resistencias incluso entre aliados del oficialismo.
En definitiva, la reforma del Banco Central aparece como la pieza institucional más importante del programa económico de Javier Milei. Su aprobación no dependerá solamente de la solidez técnica de la propuesta sino, sobre todo, de la capacidad del Gobierno para construir una mayoría política estable en un Congreso donde continúa lejos de contar con los votos propios necesarios. Si logra ese consenso, el oficialismo considera que habrá establecido un cambio estructural destinado a impedir el regreso de los ciclos de emisión monetaria e inflación que marcaron buena parte de la historia económica argentina.