Empleo en Argentina: reforma laboral sin consultar a las pymes es una reforma sin futuro
Argentina debate la reforma laboral y productiva sin las pymes, que concentran el 99% de las empresas y gran parte del empleo formal en Argentina.
Las Pymes tienen la llave del empleo.
Archivo MDZCada vez que Argentina entra en ciclo de reforma laboral, el debate público se ordena rápidamente alrededor de los mismos actores: el Estado, los sindicatos y las grandes empresas. Se discuten costos laborales, convenios colectivos, productividad, informalidad y competitividad. Se redactan diagnósticos, se firman acuerdos y se anuncian cambios profundos.
Sin embargo, hay una constante que se repite con una precisión inquietante: las pymes, principales generadoras de empleo formal privado, no participan del diseño de las políticas que regulan el trabajo. No es una discusión ideológica. Es una discusión empírica. Y los datos son contundentes.
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Mercado laboral real, no teórico
Argentina tiene aproximadamente 20 millones de personas ocupadas, según datos del Indec. De ese total, más del 40% trabaja en la informalidad, de acuerdo con mediciones coincidentes del Indec, la OIT y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA). En algunos períodos recientes, esa informalidad llegó a ubicarse incluso por encima del 42%.
Este dato debería ser el punto de partida de cualquier reforma laboral. Sin embargo, muchas políticas se diseñan como si la informalidad fuera un fenómeno marginal y no una característica estructural del mercado de trabajo argentino.
Cuando se observa el empleo formal, los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que el empleo registrado ronda entre 12,5 y 13 millones de personas. Pero este número agregado suele utilizarse sin distinguir su composición, lo que conduce a diagnósticos incompletos.
Qué es realmente el empleo formal en el país
Dentro del empleo registrado conviven realidades muy distintas. Por un lado, el empleo asalariado privado formal, que alcanza aproximadamente 6,2 millones de trabajadores. Este segmento es el corazón del empleo productivo: depende directamente de la inversión, del consumo, del crédito, de la estabilidad macroeconómica y de la competitividad sistémica.
En segundo lugar aparece el empleo público, que suma cerca de 3,4 millones de personas considerando Nación, provincias y municipios. Se trata de un empleo casi completamente formalizado, altamente sindicalizado y con una dinámica que no responde a las mismas restricciones que enfrenta el sector privado.
Finalmente, se encuentra el universo de los trabajadores independientes registrados, principalmente monotributistas y autónomos, que rondan los 2,8 millones de personas. Desde el punto de vista estadístico, este grupo es considerado formal porque aporta al sistema previsional, aunque en la práctica incluye situaciones muy diversas: desde profesionales independientes con ingresos altos hasta trabajadores precarizados que facturan por obligación ante la imposibilidad de acceder a un empleo asalariado formal.
Este punto no es menor. El crecimiento del monotributo en las últimas décadas no siempre refleja emprendedurismo genuino, sino muchas veces una forma de adaptación a un mercado laboral rígido.
Quiénes generan el empleo privado formal
Cuando se profundiza el análisis y se observa quiénes emplean dentro del sector privado formal, aparece un dato que suele incomodar al diseño tradicional de políticas públicas. Según estudios basados en registros del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, la AFIP y organismos internacionales como el International Trade Centre (ITC), las micro, pequeñas y medianas empresas generan entre el 50% y el 65% del empleo asalariado formal privado en Argentina.
La diferencia entre ambas cifras depende de la definición de pyme utilizada. En la estimación más conservadora —considerando solo pequeñas y medianas empresas—, las pymes explican al menos la mitad del empleo privado formal. Si se incluyen microempresas, el porcentaje se acerca a los dos tercios. En contraste, las grandes empresas, mucho menos numerosas, concentran el resto del empleo formal privado. Son actores relevantes, pero no son el principal motor cuantitativo del empleo.
Dato estructural ignorado
Otro dato central suele mencionarse de manera ritual, pero rara vez se incorpora en el diseño de políticas: el 99% de las empresas argentinas son pymes , según registros oficiales del Ministerio de Producción y la AFIP. Argentina no es una economía de grandes corporaciones, aunque algunos crean que si. Es una economía de pequeñas y medianas empresas distribuidas en todo el territorio, con realidades sectoriales y regionales muy diversas.
Son estas empresas las que sostienen el empleo en las economías locales, en las ciudades medianas y en el interior productivo. Y, sin embargo, cuando se convocan espacios institucionales para discutir reformas estructurales —como ocurrió recientemente con el Consejo de Mayo—, las pymes no tienen representación directa.
El Consejo de Mayo fue presentado como un ámbito de diálogo para avanzar en consensos estructurales. Participaron representantes del Estado, de los sindicatos y de grandes empresas. Pero no hubo representación orgánica del sector pyme, a pesar de ser el principal empleador privado del país.
La omisión no es menor, porque las pymes no solo emplean a más trabajadores formales que cualquier otro actor privado, sino que además son las que enfrentan con mayor intensidad los costos laborales, la presión impositiva, la litigiosidad y la incertidumbre macroeconómica. Diseñar reformas laborales sin la voz de las pymes es equivalente a diseñar una política educativa sin docentes o una política sanitaria sin médicos. Puede ser técnicamente sofisticada, pero carece de viabilidad práctica.
Intenso debate
Éste es un debate atrapado en un modelo que no existe. Durante décadas, el debate laboral argentino se estructuró en torno a un triángulo: Estado, sindicatos y grandes empresas. Ese esquema pudo haber sido funcional en otro contexto histórico, con una economía más formalizada y un sector privado más concentrado.
Hoy, esa estructura no refleja la realidad productiva. Las grandes empresas no son las principales creadoras de empleo. El Estado no puede seguir expandiendo el empleo público sin profundizar desequilibrios fiscales. Los sindicatos representan a los trabajadores que ya están dentro del sistema, no a los millones que quedaron afuera. Las pymes, en cambio, son las que
La informalidad laboral no es una falla cultural ni una anomalía moral. Es, en gran medida, la consecuencia lógica de un sistema laboral diseñado sin considerar a quienes emplean. Cuando las reglas laborales, impositivas y regulatorias se diseñan pensando en empresas que no representan al grueso del entramado productivo, el resultado es previsible: menor contratación formal, mayor precarización y expansión de figuras como el monotributo como sustituto del empleo asalariado. Combatir la informalidad requiere algo más que controles o discursos. Requiere hacer viable la formalidad para quien contrata.
¿Pueden funcionar las reformas sin las pymes ?
La respuesta honesta es no. No porque las pymes tengan una superioridad moral, sino porque tienen la llave del empleo. Son ellas las que enfrentan el riesgo empresario, la volatilidad macroeconómica, la presión impositiva y la rigidez normativa. Una reforma laboral puede ser técnicamente correcta. Una reforma impositiva puede ser coherente en el papel. Pero si no considera la realidad pyme, no se traduce en empleo.
En este punto, una pregunta es clave. Argentina no necesita más declaraciones grandilocuentes, ni acuerdos formales sin implementación. Necesita hacerse una pregunta básica y honesta: ¿Estamos diseñando políticas para el empleo real o para un modelo que no existe?
Si las pymes generan entre el 50% y el 65% del empleo formal privado, si representan el 99% del entramado empresarial, si son el principal motor potencial de creación de empleo, entonces no pueden seguir siendo actores secundarios en el diseño de políticas públicas. Ignorarlas no es una omisión técnica. Es un error estructural. Y ningún proceso de reforma puede tener éxito si empieza desconociendo a quienes, todos los días, sostienen el trabajo en la Argentina real.
* Alejandro Bertín, es Director de Establecimientos San Ignacio S.A.