El Gobierno redefine el marco regulatorio del agua y acelera la privatización de AySA
El Gobierno aprobó el texto ordenado del marco regulatorio de agua y cloacas, corrige errores técnicos y avanza en la privatización de AySA.
El Gobierno redefine el marco regulatorio del agua y acelera la privatización de AySA.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia que aprueba el texto ordenado del marco regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales. La medida, firmada por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros, busca corregir errores técnicos detectados en modificaciones recientes y dar mayor claridad normativa en medio del proceso de privatización de AySA.
El DNU se apoya en lo dispuesto por el Decreto 493/2025, que había introducido cambios sustanciales en la regulación del servicio, y responde a la necesidad de brindar certeza jurídica mientras avanza la transferencia de la empresa al sector privado. El Ministerio de Economía propuso el nuevo texto ordenado tras identificar inconsistencias puntuales, especialmente en el cálculo del cargo por construcción correspondiente a usuarios con medidor y sin medidor.
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Según el decreto, uno de los errores detectados invertía los criterios técnicos entre regímenes medidos y no medidos, lo que generaba un desfasaje en el monto a facturar. La corrección restituye la lógica previa, diferenciando nuevamente ambos sistemas según los parámetros vigentes antes de la modificación de julio de 2025.
La medida también repasa el alcance territorial del servicio regulado, que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una extensa lista de partidos bonaerenses donde AySA mantiene operaciones. Además, recuerda que la empresa fue declarada “sujeta a privatización” según la Ley Bases, lo que habilitó la puesta en marcha del proceso de venta bajo los criterios de transparencia, concurrencia y publicidad establecidos en la normativa vigente.
Con este DNU, el Poder Ejecutivo remite el texto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez. Mientras tanto, la entrada en vigencia se concreta con su publicación en el Boletín Oficial, asegurando un marco normativo unificado para la continuidad del servicio durante la transición hacia un eventual nuevo operador.