El dato oculto de la multimillonaria inversión de Vicuña en San Juan

La multimillonaria inversión que impulsa el proyecto Vicuña en San Juan sumó en las últimas horas un capítulo que podría redefinir la forma en que las provincias negocian con la gran minería. Más allá del anuncio del aporte extraordinario de US$ 250 millones para infraestructura, el dato que modifica la ecuación económica del emprendimiento es otro: la empresa aceptó crear un fideicomiso financiado con un aporte permanente equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto.

Ese porcentaje se agregará al 3% de regalías mineras que establece la legislación vigente una vez iniciada la producción. En otras palabras, San Juan no solo mantendrá el esquema tradicional de regalías, sino que además contará con un mecanismo adicional destinado exclusivamente a financiar infraestructura pública.

El acuerdo fue firmado entre el gobernador Marcelo Orrego y las autoridades de Minera Vicuña Argentina, encabezadas por su CEO, Ron Hochstein, y el country director José Morea, luego de más de un año y medio de negociaciones que comenzaron durante la feria minera PDAC y continuaron en distintos encuentros realizados en Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos.

Un esquema que va más allá del anticipo

El anuncio de los US$ 250 millones concentra buena parte de la atención porque se trata de un desembolso extraordinario que llegará incluso antes del inicio de la producción del proyecto que incluye los desarrollos de Josemaría y Filo del Sol y que tiene US$ 18.000 millones dividido en etapas.

Los fondos serán un aporte único, no reembolsable y no compensable, y estarán destinados exclusivamente a financiar obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento con impacto sobre el desarrollo productivo, agroindustrial, energético y turístico de la provincia.

Sin embargo, desde una perspectiva económica, el aspecto más novedoso es que ese desembolso no reemplaza los ingresos futuros que obtendrá San Juan mediante regalías, sino que se suma a ellos.

El convenio ratifica que la provincia continuará percibiendo el 3% de regalías sobre el valor bruto de facturación, pero además incorpora un aporte adicional del 1,5%, cuyos recursos serán administrados mediante un fideicomiso público bajo control y auditoría del Estado provincial.

Ese mecanismo implica que parte de la renta generada por uno de los proyectos de cobre más importantes del país tendrá una asignación específica para infraestructura durante la vida operativa del emprendimiento.

Infraestructura antes que producción

Otro aspecto distintivo del acuerdo es el momento en que comenzarán a llegar los recursos. Habitualmente, las provincias empiezan a percibir regalías cuando un proyecto entra formalmente en producción. En este caso, en cambio, San Juan contará con financiamiento varios años antes de esa etapa, permitiendo ejecutar obras estratégicas sin esperar el inicio de la explotación.

A ello se suma el compromiso asumido por Vicuña de financiar con recursos propios infraestructura indispensable para el funcionamiento del proyecto, entre ellas la construcción de la línea eléctrica y del Corredor Norte, el tramo vial que conectará Angualasto con el emprendimiento minero.

Seguridad jurídica para destrabar el proyecto

El convenio también pone fin a una controversia administrativa que la empresa mantenía desde 2022 en torno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un punto que desde el Gobierno provincial sanjuanino consideran clave para otorgar previsibilidad al desarrollo de la iniciativa.

Ahora, el acuerdo deberá ser enviado a la Cámara de Diputados de San Juan para su ratificación por ley. Si obtiene el aval legislativo, la provincia no solo asegurará un ingreso extraordinario de US$ 250 millones para obras, sino que también inaugurará un esquema de participación en la renta minera que incorpora un componente adicional al régimen tradicional de regalías.

En un contexto donde las provincias compiten por atraer inversiones vinculadas al cobre, el acuerdo con Vicuña marca un antecedente que podría convertirse en referencia para futuras negociaciones entre los gobiernos provinciales y las grandes compañías mineras.