Primer conflicto del RIGI: la minera del proyecto Vicuña quiere importar insumos y las pymes se oponen
Conflicto por el RIGI en el proyecto Vicuña: empresarios pymes cuestionan la importación desde China de infraestructura para el proyecto minero.
Con el Proyecto Vicuña se discute el modelo de desarrollo de inversiones mineras que habilita el RIGI.
Archivo.La adjudicación de la construcción del campamento Batidero, una de las primeras obras asociadas al desarrollo del Proyecto Vicuña en San Juan, abrió un debate sobre el alcance del impacto económico local de las grandes inversiones mineras llegadas a través del RIGI, fundamentalmente por el permiso de libertad de importaciones que incluye.
Las empresas pymes critican la decisión de importar la infraestructura modular necesaria para alojar a los trabajadores que empleará la mina y reclaman la contratación de proveedores argentinos.
El contrato fue otorgado a un consorcio integrado por la firma estatal china PowerChina, la fabricante de módulos Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA S.A., que proveerá desde China la infraestructura modular destinada a alojar a miles de trabajadores durante la etapa de construcción del emprendimiento.
La decisión generó cuestionamientos de la Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada (CACMI) y de otras entidades empresariales vinculadas a la cadena de proveedores mineros, que sostienen que la contratación deja afuera a fabricantes nacionales en una obra considerada estratégica para el desarrollo productivo del país.
Según la información difundida por el sector, el complejo habitacional demandará aproximadamente 45.000 metros cuadrados de construcción modular y más de 4.500 toneladas de acero. La instalación inicial contempla unas 2.500 camas, aunque la capacidad operativa ascenderá a entre 3.500 y 5.000 trabajadores debido al sistema de rotación de personal utilizado en la actividad minera. A medida que avance el proyecto, el complejo podría ampliarse hasta alcanzar unas 6.000 plazas.
Proyecto Vicuña
El Proyecto Vicuña está impulsado por las compañías mineras Lundin Mining y BHP y es considerado uno de los mayores desarrollos de producción de cobre del mundo y el emprendimiento minero de mayor magnitud en la historia argentina. La inversión total estimada asciende a US$ 18.000 millones hasta 2040. La primera etapa, centrada en el desarrollo de Josemaría y la posterior integración con el yacimiento Filo del Sol, requerirá alrededor de US$ 7.000 millones.
El objetivo es alcanzar una producción cercana a las 400.000 toneladas anuales de cobre durante al menos 25 años, posicionando a Argentina entre los principales exportadores mundiales del mineral. En ese contexto, la adjudicación del campamento Batidero es observada por distintos sectores empresariales como un antecedente que podría marcar el criterio de contratación para futuras obras vinculadas al proyecto.
De acuerdo con información difundida por CACMI, el consorcio liderado por las empresas chinas presentó una oferta cercana a los US$ 52 millones, mientras que la propuesta de la firma argentina Modular Homes rondó los US$ 70 millones. La diferencia de aproximadamente US$ 18 millones fue uno de los factores que inclinó la adjudicación. Sin embargo, desde las cámaras empresariales sostienen que ese ahorro representa una porción reducida en comparación con la inversión global prevista para el proyecto.
Juan Pablo Rudoni, presidente de CACMI, afirmó que la fabricación local de los módulos habría permitido generar alrededor de 400 puestos de trabajo directos y movilizar a unas 50 empresas proveedoras nacionales, mientras que el esquema finalmente adjudicado requerirá aproximadamente 50 trabajadores para tareas de logística y montaje.
Según explicó el dirigente empresario, los costos de producción de la construcción modular presentan diferencias significativas entre ambos países. Mientras en Argentina el valor ronda los US$ 1.300 por metro cuadrado, en China se ubicaría cerca de los US$ 500, a lo que se suman unos US$ 200 por metro cuadrado en concepto de transporte internacional.
El principal cuestionamiento planteado por las cámaras empresariales apunta al impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sobre las condiciones de competencia. Los representantes del sector sostienen que las exenciones fiscales y aduaneras previstas para los proyectos adheridos al régimen favorecen la importación de bienes de capital y componentes terminados, reduciendo los incentivos para incorporar producción nacional.
Según Rudoni, los beneficios tributarios pueden representar una reducción de hasta el 30% en los costos finales de las obras, lo que habría otorgado una ventaja significativa a los proveedores extranjeros frente a las empresas locales.
Desde el sector industrial argumentan que la construcción modular argentina posee capacidad instalada suficiente para abastecer emprendimientos de gran escala en minería, petróleo e infraestructura.
La controversia reavivó una discusión recurrente en la industria minera argentina: cuánto de las inversiones multimillonarias anunciadas para los próximos años se traducirá en empleo, compras y desarrollo para proveedores locales.
Desde las cámaras empresariales vinculadas a la minería y la construcción modular sostienen que los criterios de adjudicación deberían contemplar no sólo el costo económico de cada oferta, sino también el efecto multiplicador sobre el empleo, la producción industrial y las economías regionales.
La preocupación se concentra especialmente en las provincias mineras, donde históricamente se ha promovido la idea de que los grandes proyectos extractivos funcionen como motores de desarrollo local mediante la contratación de mano de obra, servicios y proveedores nacionales.