Caso YPF: cuál es el entramado que abonó el camino para rechazar la propuesta de Burford

En agosto del 2025, Burford Capital presionaba al Gobierno argentino para negociar una salida al conflicto por la manera en que se reestatizó YPF en 2012. Eran tiempos en los que todo parecía contrario a la posición argentina, restando poco tiempo para que la Cámara de Apelaciones de Nueva York dictara la sentencia final a favor de los demandantes.

Solo creían en alguna aventura favorable la Procuración del Tesoro y el estudio norteamericano Sullivan & Cromwell, contratado por el país en 2020 para este caso. En esas circunstancias, durante ese mes, Burford intentó establecer varios puentes de negociación con el Ejecutivo y el Ministerio de Economía, en todos los casos sin suerte.

Pese a que habían existido reuniones con funcionarios del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023 y agosto de 2024, estas no habían tenido éxito en lograr al menos un encuentro entre los enviados de Burford y las dos únicas personas que podrían hacer que las partes comiencen a discutir algún tipo de arreglo extrajudicial: el propio Presidente y su ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.

Gestiones en el 5° piso

Esta negativa incluso produjo un cortocircuito dentro del Gabinete, por la decisión de algunos funcionarios dentro del gobierno libertario de recibir a los enviados. Caputo incluso fue el que impuso una posición más rígida ante la situación, debido a que alguno de los enviados de Burford desde Nueva York, tenía algún pasado laboral y amistoso con él.

Sin embargo, ante el avance del Caso YPF desde el quinto piso del Palacio de Hacienda (NdR: ahí está el despacho del ministro), se siguió al pie de la letra la recomendación legal llegada desde la Procuración, y avalada por Milei: no atender a ningún enviado extrajudicial ni judicial, mucho menos a Burford; y tener en cuenta que cualquier negociación o contacto estaba prohíbo por ley.

Solo al final del caso, con sentencias finales desde la Corte Suprema, y cuando todas las instancias jurídicas de apelaciones estén completadas, un funcionario podría negociar. No antes. Mucho menos en agosto del 2025, cuando la causa estaba ya en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, a la espera de una decisión que finalmente se conoció el viernes pasado; y que, sorpresivamente, resultó a favor del país.

La propuesta de Burford

Burford quería en estos tiempos que el Ministerio de Economía sondeara alguna salida financiera, para pagar los U$S 16.000 millones. Estaba proponiendo una suma importante y a sondear algún otro tipo de instrumento financiero que sea más amistoso para el presente económico y de no acceso al mercado de capitales que tenía (y tiene) la Argentina. Dos alternativas que Burford planteó son la emisión de un Cupón cero a 10 años o un título perpetuo a 50 años.

En el primer caso, se trataba de un bono o instrumento de deuda que no paga intereses periódicos (cupones) durante la vida del mismo (en este caso 10 años). En lugar de eso, se emite a un precio inferior a su valor nominal y se liquida en su totalidad al vencimiento. La ganancia del inversionista proviene de la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal que recibe al vencimiento. Con esta alternativa, Argentina se comprometería al rescate de la deuda, en el caso de emitirla este año, en el 2035.

En el segundo caso, era un título perpetuo a 50 años, que en el mercado financiero internacional implica un tipo de instrumento de deuda que no tiene una fecha de vencimiento específica y puede pagar intereses indefinidamente. Aunque se lo denomina a veces “a 50 años”, esto típicamente indica un período estimado o una expectativa de duración, pero en la práctica estos títulos no vencen y el emisor puede seguir pagando intereses mientras existan. En el caso de la deuda a Burford, Argentina se comprometería a reconocerla, pagar intereses anuales, y fijar un período en el tiempo de hasta 50 años para cancelar los intereses.

El no de Caputo

La posición del lado argentino era no aceptar ningún tipo de oferta, rechazar las dos alternativas de Burford, mantener la posición radical de no negociar y esperar una resolución de fondo de la Cámara. Y en el caso de ser negativa, recurrir a la última instancia posible, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y sólo si hubiera sido negativa en ese máximo tribunal, pedir una alternativa negociadora.

En ese tiempo, Burford advertía que luego de una definición de la Corte Suprema (obviamente se descartaba desde ese lado, a su favor), ya no habría ni quita, ni cupón cero ni perpetuo a 50 años. Sólo un pago al contado o un título público administrable en el mercado de capitales internacional voluntario, por el total de la deuda; que en la actualidad tiene un valor de US$ 18 mil millones, según los cálculos de los entonces vencedores de primera instancia.

Hubo presiones por concretar una reunión, oficial o de las otras. Hubo mensajes vía WhatsApp de la línea roja. Hubo incluso intentos de intermediación familiar. Nada surtió efecto. Caputo y el Ministerio de Economía se mantuvieron firmes, siguiendo las órdenes de la Procuración. Esperando el milagro, que finalmente llegó el viernes 27 de marzo, algo que ni en el quinto piso esperaban.

Por prudencia, el pasivo nunca fue incluido en ningún documento oficial argentino, y fue especialmente excluido del Presupuesto 2026.

El origen del juicio

El juicio no es por la decisión de reestatizar, sino por la manera en que se realizó esa operación. El estatuto de la privatización de 1992 (en la era Estenssoro) incluía una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Esto implica que cualquier operación de toma de acciones en poder de privados, obliga a realizar una oferta similar al resto de los accionistas. En la reestatización de 2012 se decidió pagar unos US$ 6.000 millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Ya con la mayoría accionaria en poder del Estado, se suspende la distribución de dividendos a los accionistas.

El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presentan en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta causa; y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso. (crean o no, es así).

Los pasos del caso

El sindico de la causa radicada en Madrid, licitó la causa el 4 de mayo de 2015. La compró Burford en US$ 17 millones. Lo hizo a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones.

En septiembre de 2015 Burford se presentó en los tribunales de Nueva York. Por sorteo el caso le tocó a Loretta Preska, heredera del sillón de Thomas Griesa como jueza de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York.

Entre diciembre 2016 y marzo 2018, Preska se tomó su tiempo para analizar las leyes cruzadas de Argentina y EE.UU. En marzo 2019 definió que las normas de la SEC son más importantes que las leyes locales.

En septiembre de 2023 Preska falló a favor de Burford. Argentina apeló, y finalmente el viernes pasado dos jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidieron darle la razón al país. Curiosamente, dos jueces de origen demócrata. El magistrado que se opuso, es de raíz republicana y trumpista.