Caso YPF: Argentina denunció "hostigamiento" de Burford ante la Justicia de Nueva York y defendió las reservas de oro
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) solicitó suspender el proceso de discovery y el pedido de desacato en los tribunales de Manhattan.
En un nuevo capítulo del litigio por la expropiación de YPF, la República Argentina pasó a la ofensiva legal en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. A través de la Procuración del Tesoro (PTN), el Estado solicitó frenar las maniobras de los demandantes —liderados por el fondo Burford Capital—, denunciando un "hostigamiento sistemático" que vulnera la soberanía nacional y las relaciones internacionales.
Un cambio de postura: cumplimiento vs. desacato
La defensa argentina marcó una diferencia tajante con gestiones anteriores. Según la PTN, mientras que en el pasado el país fue declarado en desacato en tres oportunidades, desde la asunción de la actual administración en diciembre de 2023 se ha cumplido estrictamente con el proceso de discovery (intercambio de pruebas).
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El Estado argumenta haber realizado un "esfuerzo extraordinario" al entregar un volumen de información sin precedentes. Sin embargo, advierten que los demandantes han respondido con pedidos invasivos y desproporcionados que exceden el objeto del juicio.
El conflicto por el oro del Banco Central
El punto de mayor tensión radica en la reciente moción de Burford para obtener datos sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central (BCRA). La posición de Argentina es firme:
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Inmunidad de ejecución: Las reservas son propiedad del BCRA y están protegidas por leyes internacionales; constituyen activos no ejecutables (no se pueden embargar).
Improcedencia: Cualquier requerimiento de información sobre estos activos es considerado manifiestamente ilegítimo por la defensa nacional.
"Arena en los engranajes" en el juicio por YPF
Uno de los argumentos más fuertes presentados ante la jueza Loretta Preska es la supuesta intencionalidad política del fondo litigante. La PTN citó declaraciones de los demandantes donde manifestaron explícitamente su deseo de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina.
Para la Procuración, esto desnaturaliza el proceso judicial, transformándolo en una herramienta de hostigamiento moral y jurídicamente inaceptable que busca entorpecer el funcionamiento normal del Estado.