El Gobierno avanza con la desregulación: ordenan evaluar normativas para su posible derogación
El Ejecutivo nacional publicó el decreto 90/2025 en el Boletín Oficial, instruyendo a todas las dependencias estatales a realizar un análisis de las normativas vigentes con el objetivo de identificar regulaciones obsoletas, innecesarias o que impongan restricciones al mercado. Los organismos tendrán un plazo de 30 días para presentar sus informes ante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Según el decreto, el relevamiento incluirá leyes, decretos de necesidad y urgencia (DNU), decretos en ejercicio de facultades delegadas y decretos reglamentarios y autónomos. Se deberán especificar qué normas se proponen derogar o modificar y justificar la decisión. Entre los criterios establecidos para evaluar su eliminación se encuentran la redundancia, la regulación de trámites innecesarios, la generación de sobrecostos, la imposición de barreras a la competencia o la restricción de la oferta de bienes y servicios.
El Gobierno fundamenta la medida en la necesidad de mejorar la gestión de los recursos públicos y garantizar una mayor transparencia en los procesos regulatorios. Además, argumenta que la acumulación de normativas ha generado superposición, desactualización y dispersión de reglas, lo que deriva en inseguridad jurídica.
La decisión se enmarca en las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación establecidas en el decreto 891/2017, que busca mejorar la eficiencia del sector público mediante la digitalización y eliminación de regulaciones innecesarias. Según la normativa, esta iniciativa permitirá que el Estado se concentre en regulaciones prioritarias y agilice su respuesta a la ciudadanía.
El decreto también destaca que la eliminación de normativas obsoletas contribuirá a una mayor claridad del marco legal, facilitando su interpretación y aplicación. Como antecedente, el Gobierno señaló que la proliferación normativa ha generado incertidumbre respecto a qué reglas están vigentes, afectando el desarrollo de actividades económicas y administrativas.
El Gobierno considera que este proceso permitirá fortalecer el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece el principio de libertad individual en la medida en que las acciones de los ciudadanos no perjudiquen a terceros.