Motosierra encendida: se prorrogó el periodo de intervención y cierre del Instituto de Agricultura Familiar
Como parte del plan de ajuste del Gobierno libertario, a fines de marzo, se anunció que se cerraría el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. En este marco, se despedirían a 900 empleados, y se lo trasformaría en una Dirección con 64 empleados. Para pasar la motosierra en la estructura del Estado, se designó a Inés Liendo como interventora y se le dio un plazo de 90 días para ejecutar. Ahora, se prorrogó este periodo por 90 día más.
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En esta línea, en los considerandos de la Resolución 596/2024 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se detalló "que el proceso de reorganización y reestructuración profunda que requiere el mencionado Instituto, se encuentra en proceso, siendo necesario finalizar con las tareas de auditoría y relevamiento iniciados, y en consecuencia permitir ofrecer un análisis completo y sustancial de cómo han sido administrados los recursos estatales previo a esa intervención".
"En virtud de lo expuesto, resulta pertinente disponer la prórroga de la intervención del citado Instituto", se indica en el documento oficial. Y se establece: "Prorrógase, por el plazo de noventa (90) días, la intervención del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, dispuesta por el decreto 285 del 27 de marzo de 2024".
Además, se ratificó en el cargo de Interventora del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, a la doctora Inés Liendo (M.I. N° 31.860.200), con las facultades impartidas en el artículo 3° del Decreto 285/2024.
La postura del Gobierno
Cuando se anunció la intervención y achique del el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el vocero presidencia, Manuel Adorni justificó el cierre criticando "la fiesta que había del gasto público" y dio detalles de cómo se conformaban: "Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.
"Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo", concluyó.
