Causa YPF: los peligrosos movimientos de Preska que pusieron en alerta a la Argentina
Argentina recibirá en horas un nuevo misil desde la corte de Loretta Preska. La jueza de primera instancia titular del distrito sur de Manhatan resolverá seguramente a favor de los demandantes un pedido de aceleración de los embargos de bienes de la Argentina. El reclamo fue efectuado por Burford Capital ante lo que el fondo considera una falta de voluntad negociadora de parte de la Argentina en general y del estudio Sullivan and Cromwell en particular ante la insistencia de los demandantes de obtener garantías de pago de parte del país luego que se decidiera llevar la causa a segunda instancia.
Preska ya había resuelto a favor de Burford un reclamo de diciembre del año pasado donde la jueza consideró pertinente atender la falta de voluntad negociadora que mostraba Argentina en ese momento ante el pedido de aplicar garantías de cobro algo a lo que los abogados de Sullivan and Cromwell (por decisión argentina) nunca habilitaron. En ese momento los representantes legales del país argumentaron que Argentina se encontraba ante un cambio de gobierno y seguramente la estrategia legal, un argumento que Preska consideró válido.
Sin embargo, pasados casi cinco meses, Burford volvió a la carga reclamando a Preska que active el esquema de garantías, un pedido que incluye eventuales embargos si Argentina no acepta discutir el seguro de cobro.
El rumor de las últimas horas es que Preska podría atender el reclamo de Burford. La noticia ya llegó a Buenos Aires y en el Poder Ejecutivo están en alerta. Lo último que se espera en estas horas políticamente agradables para el gobierno nacional es que aparezcan embargos desde la corte de Nueva York.
Preska tambien tiene que resolver en junio el pedido de Burford de tomar el 51 % de las acciones de YPF. El fondo lo solicitó a la jueza de la corte de Nueva York en Estados Unidos que ordene a la República Argentina transferirle la titularidad de todas las acciones de la petrolera argentina YPF (incluyendo aquellas asignadas a las provincias) que fueron expropiadas en 2012.
Además, está pendiente la resolución sobre el monto de los intereses pendientes. Si queda en firme el caso en segunda instancia, los intereses acumulados se elevarían a US$ 545.084.808. Tomando ese monto consolidado el monto a pagar a los demandantes del caso por la estatización de YPF superaría al momento de pasar la segunda parte del caso los US$ 17.000 millones.
La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park que reclaman por la forma del proceso de renacionalización comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera. Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos US$ 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.
Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. La base de la demanda es por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías ya quebradas, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner habilitó su ingreso como socios locales de la petrolera. El Grupo Petersen quedó absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen.
El gran misterio en esta megacausa es quienes son los socios de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, cuando Argentina pague, miles de millones de dólares. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford ya había vendido a estos accionistas el 15% del juicio en US$ 66 millones en junio de 2017, tres años después de haberlo adquirido en unos US$ 35 millones en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de Petersen Energía y Petersen Inversora.
En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3.000 millones. Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital pudo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York.
Si la Justicia de los Estados Unidos mantuviera en todas sus instancias el fallo contra el país (lo más probable) y los US$ 16.000 millones de dinero a liquidar (algo negociable); la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45.000% en algo más de 10 años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016.