Por qué advierten las pymes que tendrán un inicio de 2025 muy difícil
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó la extensión de la suspensión de iniciación de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares contra las pymes ante "la crisis por la que atraviesa el sector, que aún no logró recuperarse de la recesión y que actualmente se enfrenta con fuertes problemas de competitividad ante la parcial apertura y los beneficios impositivos de las importaciones, que dejaron sin margen de rentabilidad para afrontar en su totalidad las obligaciones fiscales".
"La decisión del Ministerio de Economía de extender, solamente a algunos actores del sector de la salud, la protección anti embargo de las cuentas corriente por falta de pago de las obligaciones fiscales es muy preocupante, porque desde el inicio del 2025 habrá muchas fábricas en situación de vulnerabilidad. Reclamamos una reunión urgente para plantear la situación de las Pymes y que el Gobierno las incluya en la agenda de la reactivación", sostuvo Rosato.
El presidente de IPA señaló que "la crisis recesiva que las fábricas nacionales atravesaron durante todo este 2024, con pérdida de rentabilidad por el hundimiento del poder adquisitivo de la población y que se vio retratado en la caída de las ventas en supermercados y comercios, obligó a que muchas micro, pequeñas y medianas empresas tuvieran que optar por cumplir con las obligaciones salariales antes que al pago de impuestos".
"Este fin de año fue muy duro para las pymes, porque muchas llegaron con lo justo para pagar aguinaldo, generando deudas con los estados nacional, provincial y municipales, que de por sí tienen costos financieros importantes. No es una forma de actuar de las fábricas nacionales, sino una salida para evitar despidos y sostener la actividad a la espera de la reactivación de la economía", aseguró.
Rosato se mostró "contrariado" con la decisión del ministro Luis Caputo de quitar de la Resolución oficial a las micro, pequeñas y medianas empresas Tramo I y II y alertó que la iniciación de juicios y el embargo preventivo de las cuentas corriente de las pymes generará mayores gastos administrativos (costos judiciales y financieros, entreotros) y "pondrá en jaque a las fábricas que están contando los pesos para poder seguir adelante".
"Hace tiempo que venimos advirtiendo que sin un plan industrial que incluya la mejora de la competitividad de las fábricas, comenzará una ola de despidos por imposibilidad de sostener abierta una pyme, con el alto riesgo de que se cierren definitivamente las empresas. Esta medida lo único que hace es acelerar ese proceso.Por eso pedimos una reunión urgente, para entender el sentido del plan", afirmó Rosato.