El Gobierno de Javier Milei le da otro golpe al cine nacional
El Gobierno de Javier Milei dispuso la eliminación de aportes económicos al cine argentino por medio de una resolución del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Entre los beneficios derogados se encuentran la eliminación del Programa de Estreno de Documentales Digitales y del Fondo de Asistencia para la reactivación de rodajes.
Otro de los apoyos afectados por esta disposición fueron los que otorgaba el organismo para la participación y asistencia a festivales internacionales. La ayuda implementada en 2019 tenía la finalidad de promover actividades que concurran a asegurar la mejor difusión, distribución y exhibición de las películas nacionales en el exterior.
Los reintegros de gastos realizados en la producción de documentales en largometraje con formato digital, establecidos en 2023, también pasaron por la motosierra y perdieron su vigencia a partir de la publicación de la Resolución 786/2024.
La medida sigue la lógica implementada por el ejecutivo para la reglamentación del artículo 30 de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741 y que tiene que ver con la delimitación de los aportes del Estado dependiendo de la cantidad de espectadores que se registran en las salas de cine.
El Gobierno insiste en mostrar la baja productividad del cine nacional
“Los apoyos al lanzamiento de producciones audiovisuales no han demostrado ser eficaces en la captación de audiencias, conforme a los números de espectadores declarados por los distribuidores y fiscalizados por el INCAA”, repite el Ejecutivo en los considerando de la Resolución 786/2024.
Según los datos que se utilizaron para cimentar su decisión, sólo el 3,77% consiguió registrar una audiencia de más de 5.000 espectadores. En la franja que más público alcanzó fue la que registró entre 1.000 y 3.000 con el 56,59%, mientras los que no alcanzaron los 1.000 visitantes representaron el 24,52%.
Además de la situación de crisis económica y la necesidad de mantener el déficit cero, el poder ejecutivo fundamentó el avance en el recorte en supuestas “transferencias discrecionales y falta de seguimiento efectivo en la rendición de cuentas por parte de los beneficiados”. Además, asegura el texto de la disposición, que no se ha respaldado aún la entrega de $92.190.788 entre 2004 y 2023.