Caso YPF: Argentina piensa apelar el fallo, pero deberá pagar US$ 16.000 millones

Sucedió lo inevitable. Y con el peor escenario posible. La jueza responsable del Segundo Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska decidió darle toda la razón a los demandantes en el caso por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner renacionalizó YPF en 2012, a instancias del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, y deberá negociar con los fondos buitre Burford Capital y Eton Park el pago de una sentencia desfavorable por entre 7.500 y 16.000 millones de dólares.

La diferencia en el monto dependerá del tiempo y la forma en que la Nación (una persona jurídica perdedora en el fallo de la magistrada conocido esta mañana de los Estados Unidos) decida pagarle a los demandantes vencedores. Como Argentina seguramente apelará la sentencia de Preska y todo se resolverá o en la segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York o, eventualmente, en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (dependiendo de la suerte que tenga el país en el primer estadio judicial), si el fallo de la jueza queda firme, lo que deberá pagar el país se acercará más a los U$S 16.000 millones.

Lo cierto es que Preska resolvió darle toda la razón penal y comercial a Burford y Eton, con lo que se abre ahora un panorama difícil para la Argentina, que incluirá (otra vez, luego del caso de los fondos buitre por la renegociación de deuda del 2006 y 2010), la posibilidad de embargos y persecuciones judiciales a bienes de la Nación Argentina por todo el mundo. Salvo que el país negocie con lo vencedores, algo que política y económicamente el gobierno de Alberto Fernández no está en condiciones de ejecutar. 

La decisión de Preska no dio lugar a todas las presentaciones (incluso varias de clemencia) que presentaron los abogados que representaron en la causa al país del estudio neoyorquino de Sullivan y Cromwell (S&C), al resolverse una obligatoria instancia de negociación para decidir la forma de pago a Burford Capital y Eton Park.

Hace dos meses, Argentina ya había reconocido que algo debía pagar, y calculó en unos U$S 4.920 millones el dinero a liquidar por la deuda generada a través del fallo de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York. La cifra planteada por el estudio S&C surge del cálculo de las acciones en poder de los dos fondos buitre demandantes al momento de iniciada la causa (2014), actualizada al valor actual de la petrolera (unos U$S 12.000 millones), más los intereses.

De todas maneras, Preska le dio la razón a Burford y Eton por el reclamo de unos U$S 16.000 millones, cifra que nace tomando en cuenta el valor de YPF en el momento de la compra de las acciones en poder de los fondos en 2013 (unos US$ 13.000 millones), más los intereses acumulados durante 10 años, más gastos y costas.

Un tribunal con antecedentes

Preska, que reemplazó al legendario Thomas Griessa (el juez del juicio de los fondos buitre contra el país), no tuvo en cuenta ninguna de las alternativas planteadas por S&C, ni en el dilema sobre con qué legislación debía avanzarse en la causa, ni en la atención sobre la manera en que Burford había avanzado sobre la compra de las acciones de la compañía, luego del proceso de renacionalización de YPF en 2012.

Los abogados del gobierno argentino ya anunciaron que habrá apelación, con lo que la causa subirá a la segunda instancia judicial de los Estados Unidos, y será resuelta por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde ya es conocida la Argentina.

Allí fue a parar el juicio contra los fondos buitre por la reestructuración de deuda de 2005-2006/ 2010, donde el país recibió un cachetazo histórico con un lapidario 3 a 0 en contra. Luego se apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde directamente el caso fue rechazado y quedó firma la condena en contra de Griessa.

Cuando Argentina apele el caso YPF, se abrirá una nueva frontera de tiempo para esta causa, que ya va por los 10 años de acción. Si bien no hay una estimación concreta sobre cuánto demandará el caso en la Cámara de Nueva York, nunca será menor a seis meses o un año, con lo cual el caso se extenderá más allá del 2024, cuando, obviamente, otro jefe o jefa de Estado esté al frente del Poder Ejecutivo.

Hay algo seguro. El próximo gobierno tendrá que pagar unos U$S 16.000 millones. La causa está perdida desde marzo, cuando Preska le dio la razón a los demandantes de la operación de estatización de YPF en 2012, mientras Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y Axel Kicillof su ministro de Economía.

Los fondos buitre

Burford y Eton reclaman por no haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de concretar la operación, en un proceso comandado por Kicillof casi personalmente. La base de la derrota judicial de la Argentina se centra en que Preska no aceptó aplicar en la causa las leyes locales, donde los demandantes no tenía derechos sobre la operación según la legislación aprobada por el Congreso argentino para habilitar la renacionalización de la petrolera en 2012.

Los demandantes reclamaban que se apliquen las leyes norteamericanas y las normas de Wall Street, ya que la compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York y aceptó la regulación norteamericana al momento de abrir sus acciones a ese mercado para su cotización pública.

Preska se tomó casi cuatro años y medio (curiosamente el mismo tiempo que Griessa para resolver la avanzada de los fondos buutre) y en su fallo de este año le dio la razón a Burford y Eton, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina.

Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales, con lo que ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.

En consecuencia, para el ahora sí fallo final de Preska la razón la tienen los demandantes, al asegurarse que la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los fondos que compraron las acciones de YPF de tener que recibir de parte del gobierno argentino una oferta similar a la de recompra de Repsol.

El fallo definitivo de Preska es claro, además, en mencionar que quienes avanzaron sobre estos derechos fueron las autoridades nacionales de ese momento. Esto es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones de Repsol (51%), junto con el Congreso Nacional que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

YPF queda al margen

El fallo de este año liberó de responsabilidades legales y financieras, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino y, en consecuencia, será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.

Para llegar hasta acá, Preska se tomó su tiempo. Y demostró que no es una improvisada y que se trata de una persona profesional y seria. Concretamente once años demandó en sacar sus conclusiones. Pero con una característica que la propia jueza menciona en su fallo: decidió tomar un curso personal vía zoom de derecho constitucional y administrativo durante un año para entender la legislación local, consultando con el mayor sigilo del caso a constitucionalistas argentinos y especialistas latinoamericanos en derecho constitucional comparado, para saber la manera en que legalmente se había avanzado en la nacionalización de YPF, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso.

Preska dejó en claro en su fallo que no consideró cuestiones políticas, económicas ni estructurales del país y su gobierno de entonces, ni mucho menos especificaciones ideológicas. Y que sólo se concentró en las normas legales que regulaban la operación.

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park por su reclamo por la manera en que el Estado concretó la operación de renacionalización de la petrolera el 16 de abril de 2012, cuando culminaba el reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de la española Repsol.

Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, una casa inglesa especializada en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera. Luego se sumó Eton como demandante minoritario, que compró acciones en poder de accionistas internacionales menores, que quisieron escapar de la petrolera luego del avance sobre Repsol.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos US$1.000 millones) a las arcas del fondo Burford.

Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías abiertas por el local Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.

Luego de la renacionalización, la mayoría pública de accionistas prohibió la redistribución de dividendos a los accionistas de la petrolera, con lo que el Grupo Petersen ya no pudo apalancar el pago de las cuotas de ingreso como socio (tal lo que se había pactado como operatoria antes de la decisión de sumarlo como accionista local).

Al no poder cumplir con las obligaciones de liquidación, Petersen Energía y Petersen Inversora se presentaron ante los tribunales españoles en situación de concurso y luego quiebra, y fue ante la justicia del país europeo donde Burford fue a comprar esas acciones. Las pagó unos U$S 35 millones, valor fijado por el tribunal español. Y que sería el punto de partida para la demanda final ante Preska donde se le reconocerían unos U$S 5.000 millones de piso.

El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por los propios Burford, que desistieron de reclamarle a Petersen.