Punto por punto, qué le exige el FMI a Argentina para avanzar con el acuerdo

No hubo sorpresas en la primera jornada de negociaciones cara a cara entre funcionarios argentinos y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI). Rodrigo Valdés, el director Gerente para el Hemisferio Occidental del organismo que conduce Kristalina Georgieva y el encargado del caso argentino Luis Cubeddu, se mantuvieron en el encuentro del quinto piso de la sede de Washington del FMI, en la misma posición que los argentinos Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur venían escuchando desde hace semanas.

El FMI les pidió al viceministro de Economía y al jefe de asesores del Palacio de Hacienda, una fuerte revisión de la política cambiaria (devaluación) y/o un ajuste fiscal que acerque este año el déficit al 1,5% del PBI. Desde el bando argentino se escuchó una negativa, con lo cual la alternativa de un acuerdo de máxima que reemplace al programa de Facilidades Extendidas, suspendido desde abril, quedó ya prácticamente descartado. Y con esto la alternativa del giro de fondos frescos por unos U$S 10.000 millones.

Hacia delante, queda ahora la segunda alternativa negociadora: un acuerdo de corto plazo bajo la hipótesis de un cierre del 2023, a la espera de un cambio de gobierno que le permita al FMI discutir un nuevo programa de Facilidades Extendidas de largo plazo, con un nuevo presidente y su equipo económico empoderado. La discusión de las próximas 72 horas en Washington se concentrará entonces en qué tan leve o profundo puede llegar a ser ese acuerdo de corto plazo. 

Se manejan dos alternativas:

a) Cerrar metas anuales hasta diciembre de 2023 y que se revise todo el ejercicio a comienzos del 2024, a cambio de desembolsos trimestrales sobre pago de vencimientos ya pactados en el anterior acuerdo de Facilidades Extendidas.

b) Devolverle a la Argentina los 2.400 millones de dólares ya liquidados a fines de junio, girar los U$S 2.600 millones que se deben pagar el 31 de julio, firmar un waiver (perdón) por el incumplimiento de las metas del primer semestre y volver a discutir en septiembre (luego de las PASO del 13 de agosto) la próxima liquidación por unos 3.500 millones comprometida para el 28 de ese mes, o eventualmente cerrar toda relación hasta que termine el proceso electoral argentino. 

Rigo sale a la cancha

La novedad de los negociadores argentinos es que ya viaja a la capital de los Estados Unidos, un hombre clave para cerrar las discusiones fiscales con el FMI. Enviado especialmente por Sergio Massa, vuela a Washington el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el funcionario que más sabe (quizás en Argentina) de gasto público y prácticamente el único que puede evaluar seriamente dónde el país puede ajustar y dónde no, políticamente hablando.

Por ahora, la hipótesis de trabajo más firme, es negociar un acuerdo que reemplace al hoy suspendido Facilidades Extendidas firmado en marzo del año pasado. La intención es dejar pasar los incumplimientos en los que el país cayó en el primer semestre del año, se los relacionará con la crisis generada por la sequía, y se mirará al mediano plazo.

Esto es, se impondrán metas anuales para todo el 2023, las que se fiscalizarán cuando termine el ejercicio, entre enero y febrero del próximo año, cuando, obviamente, esté en la Casa Rosada una nueva gestión que reemplace a Alberto Fernández. Mientras tanto, el FMI le giraría al país lo ya pagado por el equipo económico en la última semana de junio (unos U$S 2.400 millones) y los U$S 2.600 millones que se deberían liquidar el 31 de marzo.

Luego de las elecciones PASO, Argentina y el FMI volverían a negociar si desde Washington se envían unos U$S 2.600 millones correspondientes a la liquidación de septiembre de 2023, pero descartando que el giro se concretará. Luego, para el pago de diciembre, habrá que renegociar en enero o febrero 2024. 

Ahuyentando el fantasma del default

Con este esquema Argentina lograría no caer en incumplimientos con el organismo y evitar ir a las elecciones en situación de irregularidad con el organismo y no mostrar ante la oposición un acto eleccionario con un oficialismo peleado con los mercados. Al menos en las PASO.

Por su parte, el Fondo Monetario continuará en paz con su principal deudor, y no tendrá en su haber una crisis financiera y cambiaria con un país que, además, está en plena etapa electoral. En el caso particular de Rodrigo Valdes, el chileno evitará comenzar una gestión que tuvo su punto de partida el pasado primero de mayo con una crisis en sus espaldas.

No es poco lo que conseguiría Sergio Massa. Un acuerdo de este tipo alejaría las sombras de una crisis financiera y cambiaria, por lo menos en lo inmediato, y le permitiría al funcionario-candidato llegar a las elecciones PASO del 13 de agosto en buenos términos formales y diplomáticos con el FMI.

Luego de las elecciones, como dicen oficialismo y oposición, será un nuevo país con un panorama político diferente y otras capacidades negociadoras de las dos partes. En cuanto al FMI, lograría mantener a la Argentina dentro del juego, y sin default. Los funcionarios del Fondo no tendrán así que dar explicaciones internas y externas en el caso que Argentina entre en crisis.

Al ser el país el principal acreedor del FMI con una deuda de 44.500 millones de dólares (casi el 45% de todo el pasivo del organismo), un acuerdo, aunque sea de mínima, no es algo despreciable.

Suspendida, por ahora, la hipótesis de un salvataje chino (algo que está preparado a sólo una llamada telefónica) el equipo económico no aceptará del Fondo Monetario menos de una hipótesis básica: un acuerdo de corto plazo que implique la devolución de parte del organismo que maneja Kristalina Georgieva de los aproximadamente U$S 2.300 millones que hace 10 días el país giró por los vencimientos de junio correspondientes al primer trimestre, que deben abonarse en junio.

Ese dinero, según el programa de Facilidades Extendidas original, debía haberse liquidado con fondos girados antes por el propio FMI, pero debido a que el acuerdo firmado está suspendido desde la segunda semana de abril, el organismo no aportó esos dólares.

Argentina, por buena voluntad, decidió pagar igual sabiendo que había una negociación en marcha con resultados seguramente positivos. Por esto, en las discusiones que desde ayer se mantienen frente a frente en Washington queda en claro que cualquier acuerdo debe incluir la devolución del dinero ya liquidado.

Saben en el Ministerio de Economía que esta alternativa puede ser de fácil negociación, y que sólo requeriría un waiver desde Washington que dispense al país de no haber cumplido las metas del primer trimestre del año, algo que no sólo es habitual sino que, además, está contemplado tanto en el acuerdo firmado en 2022 como en los estatutos del FMI.

En consecuencia, podría lograrse de manera relativamente amigable. Para el Palacio de Hacienda representaría además un acuerdo tenue, pero con un valor agregado fundamental: el dinero iría directamente a fortalecer las reservas lánguidas del Banco Central en momentos de dificultades graves, lo que garantizaría además una cierta estabilidad cambiaria hasta después de las PASO.

Si hubiera en las próximas horas un acuerdo entre los negociadores argentinos y el staff técnico del FMI, quedaría dos decisiones por tomar. La primera es el viaje a Washington de Sergio Massa, para estrechar las manos del staff y abrazar a Georgieva.

Pero luego habrá otro momento más. Conseguir el apoyo del Board del organismo, donde hay países otrora cercanos (Japón y Alemania) que están en contra de la Argentina y tienen en mente presionar por los constantes incumplimientos en que caen los gobiernos locales. Será entonces tarea del ministro de Economía activar su poderoso WhatsApp internacional, marcando la característica de los Estados Unidos.