Con nuevo jefe del FMI, arrancan 10 días finales para llegar a un acuerdo
Entre 10 y 15 días corridos, contando desde hoy. Los funcionarios argentinos y los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que discuten la renegociación del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente, pero suspendido desde la semana pasada por las intervenciones en los mercados del dólar financiero, se autoimpusieron ese plazo de tiempo para cerrar un nuevo tratado que rediseñe las condiciones, metas, vencimientos y, lo más importante, desembolsos, del organismo al país durante el 2023.
En Buenos Aires aún negocian vía virtual el viceministro Gabriel Rubinstein y el responsable de la relación con los organismos internacionales Marco Lavagna; mientras que ya está en Washington el jefe de asesores del ministerio de Economía Leonardo Madcur.
Desde la sede del FMI apareció ayer una novedad. Ya está en funciones el nuevo director gerente para el Hemisferio Occidental del Fondo, Rodrigo Valdes. El chileno reemplazará ya formalmente a Ilan Goldfajn, actualmente titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y será quien por la responsabilidad de su cargo deba fiscalizar lo que Argentina y el organismo cierren en las negociaciones actuales.
Se verá en estas jornadas si efectivamente está presente en las discusiones, o si su rol será sumarse una vez que terminen las negociaciones actuales.
Sobre la mesa está todos los papers cerrados y por cerrar, que las partes estuvieron discutiendo desde hace dos semanas, y que corresponden al cierre de variables que deberían estar en cierto equilibrio antes de julio para que el país continúa on track con el FMI.
Ajustes varios incluidos. Y así lograr que unos U$S 10.300 millones puedan llegar en julio sin que haya luego que pagar los vencimientos trimestrales pactados hasta fin de año. Ese dinero, en teoría, iría directamente a fortalecer las reservas del Banco Central, pero con muchas restricciones de uso concreto, salvo financiar importaciones para mantener la actividad económica.
Se supone, sin embargo, que el mostrar este dinero ante los mercados, debería servir para llevar tranquilidad a los operadores locales. Al menos los bancos privados ya le transmitieron al Gobierno que así será. Y que, en todo caso, no serán ellos los que alteren la estabilidad.
Acuerdo en pausa
¿Por qué ya no está en funciones el acuerdo? Porque oficialmente el Ministerio de Economía le comunicó al organismo que utilizaría títulos en dólares emitidos en la reestructuración del canje de deuda de agosto del 2020 por Martín Guzmán para con. tener el tipo de cambio en los mercados del dólar MEP y el CCL, operación que comenzó a ejecutarse la semana pasada, bajando claramente los tipos de cambio financieros en relación al blue.
Este movimiento de bonos hacia el mercado cambiario, colocando bonos para contener un precio de la divisa, está estrictamente prohibido en el acuerdo con el FMI, con lo que la información de la gente de Sergio Massa hacia Washington a minutos del cierre de la jornada financiera del martes implicó la suspensión unilateral de los compromisos mutuos.
No fue un rompimiento total, porque el compromiso de Buenos Aires era enviar a Washington a Rubinstein, Madcur y Lavagna para cerrar las negociaciones que se vienen manteniendo vía zoom entre la sede del organismo y el Palacio de Hacienda, y que están por llegar a una propuesta concreta. Es parte de lo que se negocia en estas horas.
Agenda compleja
Pese a la complejidad de la situación, los puntos serían simples de explicar:
1) No habría nueva deuda, sino una aceleración de los giros comprometidos hasta fin de año por parte del FMI. El organismo debía girar unos U$S 4.500 millones por trimestre hasta fin de año, lo que implica unos U$S 13.500 millones totales. Ese dinero, según el acuerdo vigente, debe usarse para pagar al propio FMI en los vencimientos trimestrales del acuerdo Stand By de 2018, lo que implica pagos por unos U$S 3.500 millones.
En síntesis, esos US$ 13.500 millones tienen que derivarse a las liquidaciones trimestrales de julio, setiembre y diciembre por un total de U$S 10.500 millones. El resto del dinero, unos U$S 3.000 millones corresponden a otros gastos generales que el país tiene con el FMI.
Lo que el organismo propone, es que los tres pagos comprometidos por el Stand By firmado en el gobierno de Mauricio Macri se corran a un nuevo cronograma que comenzaría en marzo del 2023, pero con la aceleración de la totalidad de los desembolsos a julio. O antes. Así el Gobierno recibiría unos US$ 10.500 millones, los que, al no tener que ser girados al FMI, quedarían para reforzar las reservas del Banco Central.
2) Argentina debería comprometerse a cambio a ejecutar políticas de contracción fiscal de manera inmediata, incluyendo la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos, avanzar en el muy demorado revalúo inmobiliario, obra pública y otros frentes de gastos e ingresos. Se duda en el FMI de negociar la meta final de un déficit fiscal primario de 1,9% del PBI.
3) Los US$ 10.500 millones no pueden utilizarse para ejecutar política cambiaria para contener el valor actual de la divisa en los diferentes mercados; con lo que operaciones como la que comenzó a aplicar el Gobierno ayer en el MEP y el CCL estarían prohibidas. Queda para la negociación si, además, se reclama una devaluación del peso o algún tipo de intervención directa en los mercados cambiarios con estas divisas.
4) El FMI reclama acuerdos políticos. Esto incluiría algún tipo de apoyo de la oposición, dado que parte de la negociación implica el corrimiento de vencimientos de este año al próximo; cuando, algo seguro, ya no estará Alberto Fernández en la Casa de Gobierno; sea de quién sea el color político que venza en las elecciones de este año.